Las declaraciones del pasado lunes 19 de febrero del fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab “contravienen la presunción de inocencia” en el caso de Rocío San Miguel, dijeron abogados que consultó Efecto Cocuyo.
Saab presentó las presuntas pruebas que vincularían a San Miguel con una supuesta conspiración que buscaba desestabilizar el país. Uno de los principales argumentos es que la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, aparece entre la lista de contactos telefónicos de Ányelo Heredia, un militar detenido en 2017 y que luego se fugó de Ramo Verde en 2019.
La detención de la abogada y profesora universitaria ha generado reacciones nacionales e internacionales. Todas exigiendo la libertad de la activista y que cese la persecución contra ella y a sus familiares.
Abogados y defensores de derechos humanos rechazaron las palabras del fiscal venezolano y aseguraron que el Ministerio Público (MP) no está haciendo su trabajo correctamente.
“El MP tiene que buscar elementos de cargos y de descargos” sobre el caso de Rocío San Miguel
La abogada venezolana Andrea Santacruz explicó que las declaraciones de Tarek William Saab comprenden una exposición constante del caso. Pero todavía no se ha podido ver el expediente.
“El fiscal expone sus ideas, pero no se sabe lo que reposa en el expediente para tener la totalidad de los elementos y tener idea de cuál va a ser el avance posible frente a los tribunales de la república”, indicó Santacruz.
Opina que, ante lo expuesto Saab, su acto conclusivo será una acusación. No obstante, todavía no se puede saber qué tan sólida puede ser porque no se ha dado suficiente información.
“La existencia de unos mapas explicados por los familiares como unos mapas que utilizaba para dar clases la profesora y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel; mostrar unas computadoras sin que conozcamos la información que reposaba en ellas y el dicho de terceros no son elementos suficientes. No es responsable decir si la acusación es sólida o no porque no se tienen todos los elementos en las manos”, explicó a Efecto Cocuyo.
Una de las principales indicaciones que hizo es que no se está respetando la presunción de inocencia.
“El Ministerio Público, en la fase de investigación, debe buscar tanto los elementos de cargos como de descargos. Ellos están investigando para obtener la verdad. Conforme a esto tienen que buscar elementos a favor y en contra de la persona. Entendiendo además que la presunción de buena fe no ha sido levantada en tanto no haya una condena”, afirmó Santacruz.
“Las declaraciones tal y como se han estado exponiendo, plantean una idea contraria. Una idea de que la persona es totalmente responsable y esto va en contra de la presunción de inocencia”, agregó la abogada.
Falta información y acceso a defensores
El abogado Gustavo Manzo también aseguró que todavía no se han compartido elementos para poder dar una opinión con exactitud sobre el peso de las pruebas que podría tener la Fiscalía contra Rocío San Miguel. Sin embargo, resaltó que la trayectoria de San Miguel es intachable.
“Lo que sí puedo decir que es suficiente es la trayectoria moral y ética de Rocío San Miguel. La forma en la que se ha comportado. La forma en la que ha ejercido su academia; como ha sido su conducta como profesora universitaria, como experta, como estudiosa. Tiene una carrera intachable. Una moral a toda prueba y una ética a toda prueba”, afirmó Manzo.
El jurista venezolano también advirtió que todavía falta información. Pero hay cosas que sí son ciertas y objetivas.
“Lo que sí está claro es que Rocío no tuvo acceso a su defensa privada. Eso sí lo considero una violación al artículo 49 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a acceder a los abogados de su confianza. No a los abogados públicos. Hay una violación flagrante de ese artículo que contempla el acceso a su defensa privada”, aseveró.
Los abogados de San Miguel han denunciado en repetidas ocasiones que no han podido ver a la activista. Tampoco conocen el contenido del expediente que se le lleva en su caso.
“Los abogados defensores podrán dar más información una vez les sea permitido el acceso al expediente. Sean juramentados, y que el caso se ajuste al debido proceso”, concluyó Santacruz.