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Las ONG advierten que continuarán denunciando los intentos del poder político en Miraflores de restringir la defensa de los derechos humanos y controlar la labor humanitaria, que si bien, señalan, no es una situación nueva, amenaza con ampliarse a través de la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional en la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

Durante un foro sobre la propuesta legal organizado por el Observatorio Social Humanitario, a través de la plataforma Zoom, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, indicó que a la par de la denuncia nacional para concienciar a la población sobre los riegos, se están dirigiendo a organismos internacionales para ponerlos al tanto.

«Se le informó a la Ocha (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por sus siglas en inglés), se le pidió una reunión a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para hablar específicamente de este tema, con sus representantes en Venezuela y ya los agentes financistas prendieron las alarmas», expresó Daniels.

Lamentó que en el país no existan Poderes Públicos e instituciones que defiendan los derechos humanos y que puedan frenar legalmente la aprobación de la normativa en los términos planteados.

Defender el espacio cívico

La presidenta de la asociación civil Sinergia, Deborah Van Berkel, agregó que a pesar de los obstáculos la tarea de las ONG y la sociedad civil en general es evitar que «una ley tan restrictiva» se apruebe tal como está y de ser así, aseguró generarán acciones transparentes desde el ejercicio de los derechos, para enfrentarla

«En el escenario nacional hay que elevar el costo político de la aprobación y hacer las denuncias ante la comunidad internacional. No vale que alguien se quede callado porque no es conmigo, afecta a todos. No es contra uno, es contra todos, implica una unidad de actuación en torno a cómo se defiende el espacio cívico», subrayó.

La propuesta de Ley de Cooperación Internacional está incluida en la agenda legislativa de la AN con mayoría del chavismo desde 2021, pese a que es una iniciativa que data desde 2005. Actualmente, la Comisión de Política Exterior que preside Timoteo Zambrano discute el borrador mientras los diputados aseguran que la ley no será usada contra las ONG, pero convienen en que no pueden pedir sanciones internacionales y deben rendir cuentas al Estado. 

Las organizaciones que defienden DDHH y prestan asistencia social han denunciado que el instrumento legal busca ilegalizar a las ONG por sus denuncias sobre crímenes de lesa humanidad. Uno de los artículos más polémicos del texto es el número 26 que sanciona con prohibición, eliminación, restricción y suspensión a las organizaciones que se considere, utilicen los recursos que reciben para promover sanciones internacionales.

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Agresiones de vieja data

Durante su intervención, la representante del Centro para los Defensores de la Justicia, Marianna Romero, resaltó que la amenaza de aprobación de la Ley de Cooperación Internacional no debe verse como un hecho aislado, puesto que forma parte, recalcó, de un proceder continuo del Gobierno nacional contra las ONG por denunciar violaciones de DDHH.

 La activista habló de instrumentos legales (leyes y providencias) aprobados anteriormente que limitan directa o indirectamente la labor de las ONG en el país, sin dejar de mencionar las agresiones (persecución, amenazas y encarcelamiento) contra sus integrantes.

«En 2019 se produjeron 135 agresiones contra ONG de DDHH, en 2020, 303, duplicando el número, en 2021 hubo un aumento de 145 % con 373 agresiones (…) En 2022 las agresiones siguen, entre enero y marzo se han registrado 98 agresiones asociadas a la estigmatización por cooperar con Naciones Unidas, calificándolos de traidores a la patria», denunció.

Recordó que ha sido el caso de los allanamientos contra Alimenta La Solidaridad, Acción Solidaria y Convite en 2020, las detenciones arbitrarias contra integrantes de Azul en Positivo en 2021 y contra el director de FundaRedes, Javier Tarazona por sus denuncias sobre la actuación de grupos irregulares armados en estados como Apure.

«Lógica del enemigo interno»

Entre las normativas que han afectado la labor de las ONG, «bajo la lógica del enemigo interno», Romero citó la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación de 2002, reformas de leyes penales, Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y sucesivos Estados de Excepción aprobados que hablan de la protección de la nación contra enemigos internos y externos.

Además mencionó una resolución de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) de 2020 que ordena el monitoreo de actividades bancarias de ONG. Destacó que los organismos internacionales han estado al tanto de cada acción.

«Esta propuesta de Ley de Cooperación Internacional es para criminalizar y va contra la ayuda humanitaria, habla de autodeterminación nacional. La ley tiene esa lógica del enemigo interno, de estigmatización constante, donde las ONG son catalogadas de injerencistas, de aliarse con potencias extranjeras para afectar la soberanía nacional, tiene mucha discrecionalidad y arbitrariedad, porque establece que dependiendo de los interés del Ejecutivo y lo que considere el Ejecutivo», alertó.

Asistencia social: la más afectada

Los activistas de derechos humanos enfatizaron que la cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional y que no se reduce solo a recepción de dinero, sino que abarca asistencia técnica e interacción con organismos internacionales.

Aclararon que la propuesta de Ley de Cooperación Internacional afecta no solo a las ONG sino a la red religiosa que presta asistencia social, universidades, entre otras instituciones que se apoyan en la cooperación internacional.

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Daniels reconoció que las ONG más afectadas, si se restringe la ayuda internacional o si se condiciona, son las que como Acción Solidaria y Convite, necesitan una infraestructura para la donación de medicamentos. Agregó que el registro establecido en la normativa (artículo 25) y que es de obligatorio cumplimiento para las ONG, podría acarrear que sea el Estado el que decida quiénes pueden recibir recursos y quiénes no.

Igualmente alertó que ante una eventual ilegalización, los mecanismos de recepción de denuncias de las víctimas se verían afectados. «Dar ayuda humanitaria es un derecho, no un favor», apuntó.

Van Berkel apuntó que la iniciativa legislativa es un intento no solo por controlar los recursos económicos que manejan las ONG sino la información, es decir, el registro y la recopilación de denuncias sobre violaciones de DDHH que expone al Gobierno internacionalmente.

«Encaramos una limitación para el desarrollo y para atender las necesidades urgentes. Más de 600 ONG en el país están conectadas con una acción de atención a través de iniciativas, proyectos. La cooperación es solidaridad entre ciudadanos y pueblos y la comunidad internacional garantiza que se eleven capacidades de la gente para enfrentar las dificultades», añadió.