Activistas y familiares de detenidos protestaron este jueves en Caracas y solicitaron al Ministerio Público el cese del uso del sistema de justicia como mecanismo de retaliación política y criminalización de los derechos.
Los manifestantes, que incluyen a representantes de Provea, Justicia, Encuentro y Perdón, y Voces de Memorias, consignaron un documento dirigido al fiscal general Tarek William Saab, en el que destacaron las “privaciones ilegítimas de la libertad e inadecuadas condiciones de reclusión de más de 300 personas (…) por haber ejercido derechos establecidos y garantizados en la Constitución y las leyes de la República”.
A la protesta también asistieron familiares de privados de libertad, algunos ya fallecidos, como Andreína Baduel (hija del general Raúl Baduel), Francy Fernández (esposa del periodista Carlos Julio Rojas), Melania Leal (hermana de Emirlendris Benítez) y Sairam Rivas (activista de DD.HH).
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“El uso excesivo del sistema de justicia y de la legislación antiterrorista para criminalizar a personas que defienden derechos en Venezuela, constituye una severa amenaza para los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas”, expresó Baduel según un comunicado sobre la actividad.
“Usted (fiscal Tarek William Saab) debe promover condiciones de encarcelamiento dignas, los reclusos son parte integrante de la sociedad”, agregó.
#18Jul Familiares de personas privadas arbitrariamente de libertad, se concentran en Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público, para exigir libertad, cese del abuso crónico de la legislación antiterrorista y condiciones de reclusión dignas pic.twitter.com/hAYF8HTG8q
— PROVEA (@_Provea) July 18, 2024
Frenar el “abusivo empleo” de leyes para judicializar
Los manifestantes instaron al Ministerio Público a frenar el “abusivo empleo” de leyes para judicializar a defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, luchadores sociales y activistas políticos, que han expresado su inconformidad con las políticas de las autoridades venezolanas.
Entre las normativas mencionaron la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) y la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Los firmantes de la comunicación dirigida al fiscal Tarek William Saab solicitaron:
- Cesar el uso del sistema de judicia para retaliaciones políticas y criminalización de derechos como la libre expresión, asociación y reunión pacíficas, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución venezolana.
- Promover, junto a otras autoridades venezolanas, la visita del Relator Especial contra la Tortura de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Cumplir con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, e investigar a los funcionarios responsables de estos delitos para reducir la incidencia de abusos contra los derechos humanos.
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