cadáver descompuesto
(Foto Referencial)

Un total de 19 personas fueron asesinadas, desde que comenzó 2024 hasta la primera semana de junio, por bandas criminales en el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, dos muertes más que lo que registró la ONG FundaRedes en 2023 en la misma zona, informó este miércoles la organización en un boletín.

Fundaredes denunció que estas bandas delictivas se dedican a «la extorsión, los homicidios y los secuestros», lo que «ha creado un ambiente de inseguridad y miedo constante» en el municipio, tomado, «desde hace cinco años», por «las bandas delictivas dedicadas al sicariato y a la extorsión».

Las bandas criminales, alrededor de 18, extorsionan con el cobro entre 200 y 2.000 dólares mensuales (184 y 1846 euros, respectivamente) a los pequeños productores, aunque FundaRedes citó un testimonio anónimo de uno que pagó 5.000 dólares luego de que lanzaran una granada en su casa.

«Yo pagué 5.000 dólares de extorsión y luego 1.200 dólares adicionales por el valor de la granada que ellos lanzaron, pues el descaro fue tanto que me cobraron la granada. Decidí no ir más a mi casa, literal, decidí abandonar mi hogar», dijo la persona, citada por la ONG.

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También denunció que «la extorsión, los delitos asociados a ella y la muerte arrasaron con la mayoría de los negocios, haciendas y empresas», lo que ha llevado «al cierre casi total de todo tipo de establecimientos».

«Los registros de FundaRedes documentan numerosos hechos contra productores agrícolas, comerciantes, familiares de miembros de bandas rivales e incluso ataques a sedes policiales con fines extorsivos o asesinatos en retaliación contra quienes se niegan a pagar o se retrasan en los pagos», destacó la ONG.

FundaRedes recordó que en 2022 pidió a la Fiscalía investigar «el uso de granadas contra diversos establecimientos en hechos aislados que causaron varias muertes» y denunció «los altos índices de criminalidad, específicamente el repunte de casos de secuestros» en Zulia, pero no obtuvo una «respuesta directa».

La ONG afirmó que «la corrupción y la ineficacia de las fuerzas de seguridad han permitido que las bandas delictivas operen con impunidad y que policías locales y bandas criminales actúen de manera mancomunada».

 

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