La ley orgánica de hidrocarburos (LOH) fue reformada para tratar de dinamizar el negocio petrolero venezolano. La orden de quien sostiene el garrote imperial debe haber sido cambiar el modelo estatista y autárquico de la PDVSA rojita por un esquema abierto a la participación de capital privado, tanto en asociación con una empresa estatal como mediante la operación independiente de áreas productoras regulada por contratos de servicio.
Las nuevas reglas de juego pretenden ser una frenada burrera al gobierno interventor, empresario y perdonavidas que constituye la esencia de la doctrina chavista. Pero el socialismo del siglo XXI no es un movimiento liberal que la da la bienvenida a los empresarios, al mercado y a la participación privada, sino todo lo contrario. Es un sistema político y económico centralizador, con un Estado hipertrofiado, dueño de todo –incluyendo el alma de los ciudadanos y los recursos del país- que ha fracasado estrepitosamente y se ha sumergido en las catacumbas más profundas de la corrupción.
Por eso es tan curioso, por decirlo de alguna forma, contemplar a la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría chavista, apurarse en darle la bendición a una legislación que debería –dice uno- dinamitar lo más profundo de sus convicciones y sacudir las creencias de todos y cada uno de los diputados del Polo Patriótico que hacen vida en el palacio legislativo de Caracas. Pero no. La ley salió en tiempo, con una serie de carencias e imperfecciones que habrá que ver si se pueden manejar cuando se entreguen las primeras áreas, pero con la contundencia de echar por tierra el discurso y la gestión oficial de los últimos 25 años. Ahora resulta que con la apertura no se pierde soberanía, como dijo el comandante supremo hace más de 20 años, sino que hay que darle la bienvenida al Sr. Chris Wright, secretario de Energía del gobierno de EEUU, con alfombra roja y joropo en vivo, y velar porque los negocios sean rentables para los inversionistas privados.
El Sr. Wright se ha manifestado muy complacido por la recepción que tuvo en Venezuela y por la cooperación de –así la llamó él- la presidenta interina Delcy Rodríguez, siempre atenta y con muchas ganas de cooperar. O dicho de otra manera, muy diligente y obediente con las instrucciones y sugerencias del funcionario que representa al garrote que hace swing por encima de las cabezas del chavismo. Se habló inclusive de una posible visita de Delcy a EEUU, mientras el Sr. secretario visualizaba un futuro brillante para Venezuela con las billonarias inversiones que llegarían al país para recuperar a la industria petrolera de su destrucción actual.
El asunto es que la nueva ley, como todo lo que se hace con apuro y sin mucha convicción, tiene huecos visibles y muchas áreas de mejora. Para empezar, deja a discreción del gobierno, a través del ministerio encargado de los hidrocarburos o de la presidencia de la República, la firma de los contratos y -por omisión- la selección de los terceros que operarán campos como operadores independientes o asociados a la empresa estatal que se designe. No se dice que los operadores o socios deberán pasar por una licitación competitiva o calificar credenciales, ni se menciona un protocolo mínimo o de principios para escoger a las operadoras. Asimismo, son el gobierno y sus funcionarios los que decidirán sobre las modificaciones a los impuestos o a las regalías por circunstancias de rentabilidad mínima, y también decidirán sobre quién comercializa los hidrocarburos. No existe un ente independiente –una Agencia Nacional de Energía, por ejemplo- que se encargue de seleccionar áreas, diseñar invitaciones para presentar ofertas, licitar, asignar ganadores y luego controlar y fiscalizar la ejecución de las operaciones. Y aún si existiera la figura de una ANE, tampoco parece haber en Venezuela suficiente gente de nivel y preparación para encargarse de una labor complicada, que requiere mucha competencia técnica y honestidad a prueba de balas. La mayoría de esa gente existe y tiene los conocimientos y la integridad necesarios, pero forma parte de la diáspora de 9 millones de almas que dejó su país por un futuro menos amargo.
Al final, la reforma de la LOH, que podría ser una movida en la dirección correcta, requiere de reglamentaciones y muchas precisiones y aclaratorias antes de que pueda convertirse en un instrumento que atraiga inversiones importantes. Le queda bastante trabajo a los poderes interinos para acercarse a la etapa de estabilización que han marcado los tutores del norte.
