¿Qué es lo primero que debe arrancar en Venezuela, ahora que comenzó el cambio? ¿El crecimiento económico impulsado por la actividad petrolera? ¿Un gobierno democrático, decente y respetuoso de las leyes? ¿Unas instituciones sólidas que aseguren el cumplimiento de los compromisos, los acuerdos y las normas de civilidad? ¿Todo lo anterior, en paralelo y con prisa?
Hasta la fecha, y de acuerdo con las declaraciones de un buen número de especialistas, analistas y opinadores, el consenso que se percibe es que primero vienen las instituciones, los gobiernos legítimos y luego la democracia, para después montar las inversiones petroleras y los 2, 3 o 4 millones de barriles diarios. Y en esta secuencia la no hay mucho altruismo, aunque de repente algo fumea, pero al contrastarla con la realidad resulta una visión más pragmática que política o económica, y la razón es muy sencilla: sin instituciones, sin leyes que se cumplan ni gobiernos estables y legítimos no hay inversión que aterrice ni empresas dispuestas a comprometerse con un país que ha dado suficientes ejemplos de inestabilidad y cambios de rumbo en el pasado reciente, léase en los últimos 26 años.
Si hay dudas acerca de la necesidad de un ambiente regulatorio y legal confiable, yo le preguntaría a cualquiera si está dispuesto a invertir un trozo importante de su patrimonio personal, digamos el 50 o el 60%, en un negocio en Venezuela. En cualquier negocio de naturaleza comercial, industrial, petrolera, lo que sea. También habría que preguntar si hay alguien que quiera comprar bonos venezolanos a valor facial, o si se conformaría con un rendimiento de inversión que tenga que esperar por el mediano o largo plazo o no responda al riesgo que representa la estructura chavista gobernando y sin mayores cambios, con todo y el arresto de Nicolás Maduro y el tutelaje del gobierno norteamericano.
Es cierto que ha habido algunos avances hacia la normalización del país. La excarcelación de 300 presos políticos (según cifras del Foro Penal al 29 de enero pasado) es un hecho importante, pero se trata solo del 30% de los detenidos (de los detenidos que se conocen). Además, la mayoría tiene régimen de presentación, prohibición de salida del país, amenazas a la familia y demás aderezos que le han impuesto a las llamadas liberaciones. La modificación de la ley de hidrocarburos es también otro paso en la dirección “correcta”, aunque la nueva legislación le sigue otorgando demasiado espacio y prerrogativas al Estado y tiene omisiones que no son precisamente tranquilizadoras.
Y a propósito de inversiones en petróleo, podemos continuar con el camino hacia la reconstrucción del sistema eléctrico –indispensable para llevar adelante la actividad petrolera-, en donde la participación privada está severamente restringida por las leyes. O ir más allá hacia la monetización de las empresas de Guayana, que están en el suelo sin producir nada después de varios lustros de gestión oficial y habrá que venderlas a gente con experticia para que las ponga a funcionar de nuevo. O la cantidad de expropiaciones que habrá que deshacer para devolver los activos a sus propietarios, la tercerización de la mayoría de la infraestructura con su mantenimiento –carreteras, puertos, agua potable y una largo etcétera- hasta que paramos de contar porque la lista se hace muy larga.
Habrá quienes argumenten que se está planteando la privatización del país, y de eso precisamente se trata. Venezuela tiene que privatizarse si quiere volver a funcionar. Para mirar al futuro con objetividad hay que poner los pies en la destrucción consumada por los diferentes mandatos del chavismo, y a partir de ahí concluir un par de cosas: primero, una nación que perdió hace poco 75% del PIB está arruinada, y no tiene fondos para mantenerse y mucho menos para invertir; si acaso, le alcanza para conservar una burocracia mínima que se encargue de las tareas básicas de gobierno. En segundo lugar, el país no se puede vender, arrendar ni alquilar a gente seria –y hace falta gente muy seria para el esfuerzo que habrá que emprender- si no hay garantías de que las leyes se cumplan; pero sobre todo, si no hay garantías de que mañana no lleguen unos nuevos vengadores, chavistas 2.0 o lo que sea, a revertir –en nombre de la soberanía y la patria- todo lo que se hizo.
Al final, la secuencia debería comenzar con el regreso a la legalidad, el regreso a las libertades y la vuelta a la democracia. En el camino se puede reactivar un trozo menor de la actividad económica, pero la prosperidad no regresará sin un giro político definitivo.
