El discurso de María Corina Machado en CERAWeek en Houston, hace unos días, dibujó un país exitoso, próspero, con un Estado pequeño pero fuerte, dedicado a las tareas esenciales de salud, seguridad, respeto a las leyes, educación, infraestructura, macroeconomía y estímulo a la inversión, mientras que la producción de bienes y servicios se le deja a los que saben de eso, a los empresarios, emprendedores, inversionistas, locales y extranjeros, que decidan establecerse en el país para montar fábricas o prestar servicios que generen empleo, suban el PIB y produzcan la derrama económica que se reparta por el territorio y nos favorezca a todos. En pocas palabras, zapatero a tus zapatos y bien lejos con los gobiernos que quieren ser dueños y administradores de empresas. Así de simple.
Durante su disertación, MCM se refirió varias veces –como era de esperarse- a las instituciones y al marco institucional que serviría de blindaje a los actores económicos y a la sociedad civil por igual. Entre las numerosas bondades que tendría la nueva Venezuela destacarían las instituciones confiables y honestas –manejadas por personas confiables y honestas, no queda de otra- como garantía y cimientos de un sistema en el que las libertades económicas y civiles serían respetadas hasta el largo plazo y hasta donde llegue la vista.
Llegado este punto, parece conveniente un baño de realidad y algunas reflexiones que nos sitúen en el terreno que estaremos enfrentando cuando se trate de reconstruir la tierra arrasada que dejó la revolución bolivariana. Para empezar, el chavismo no llegó al poder por un golpe de estado –aunque hizo el intento- sino como resultado de una secuencia identificable de irrespeto a las leyes, seguido de errores históricos cometidos por el soberano.
A finales de los años 80, la democracia rentista y la economía protegida no daban para más. Caía el nivel de vida de la gente y se reducían las oportunidades mientras la población crecía y la riqueza petrolera llegaba a su techo para la época. Al mismo tiempo, la percepción generalizada era la de una “clase política corrupta” que manejaba todos los hilos del poder y se robaba los dineros del pueblo. En ese ambiente, llegó a la presidencia Carlos Andrés Pérez, entendió la situación y se aventuró con una estrategia de fondo para modernizar a Venezuela y salir del hoyo del estatismo y la dependencia de la renta. Tomó el camino de una reforma profunda al sistema político y económico, abriendo la economía y descentralizando el poder político con las elecciones de gobernadores y alcaldes.
Lo que se pretendió fue articular una fuerte reforma al sistema dentro de las normas democráticas, pero una amplia coalición de intereses –representados por los más diversos personajes e influencias, públicos y privados- detectó una clara amenaza a sus privilegios y mediante artimañas y trampas se encargó de montar un proceso chapucero y obvio, que pasó por encima de las instituciones, y se destituyó a CAP con el aplauso de las gradas y cacerolazos de celebración en todo el territorio.
El siguiente pescozón –histórico- a las instituciones fue el sobreseimiento de Hugo Chávez y sus compinches después de los golpes de febrero y noviembre de 1992. Sobreseer una causa significa que el delito no existió o que no hay pruebas para condenar a los acusados, por lo tanto se anula el proceso y se otorga la libertad plena. En el caso de los golpistas del 92, eso significó permitirle reingresar a las fuerzas armadas y permitirle participar en política. El atentado contra la democracia y los muertos se perdonaron o, mejor dicho, no existieron. Algún ministro de la época trató de justificar la acción con el peregrino argumento de que la calle quería el perdón.
Finalmente, el error definitivo lo cometió el propio pueblo en 1998, al votar por quien se perfilaba como el destructor de la democracia y de todas sus instituciones. Se eligió al caudillo, el salvador, el vengador, el iluminado. El que juró el cargo irrespetando la constitución. Se votó contra las reformas y se optó por una revolución –sin reglas y sin contrapesos- que terminó acabando con todo.
De regreso al discurso de María Corina Machado, hay algunas reflexiones que deben hacerse, empezando por ¿Se puede garantizar la institucionalidad en Venezuela? ¿A partir de cuándo? ¿Qué hemos sacado en claro de estos últimos 26 años? ¿Somos demócratas o estamos esperando al nuevo iluminado, el bueno, que nos resuelva? Simón Alberto Consalvi, en una entrevista de Ramón Hernández en su libro Contra el olvido, lo dijo muy claro: “A los países, a la gente, no se les puede seguir exonerando. No. En nombre del pueblo justificamos los errores, las inconsecuencias, la indiferencia, la ignorancia y hasta laMarcs dictaduras”.
