De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
Cuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un pequeño banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia De Grazia, accionistas en Venezuela, junto a Samark López, de Bancamiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa-Cripto.
El régimen de Nicolás Maduro acentuó una práctica que ya aplicaba Hugo Chávez: apropiarse de las casas de los opositores obligados al destierro. Entre las propiedades confiscadas de hecho, sin ningún tipo de justificación legal, hay algunas de políticos de alto perfil ocupadas por cuerpos de seguridad, entes del Gobierno y hasta personalidades del Estado chavista. Una nueva ley amenaza con oficializar las arbitrariedades
En noviembre del año pasado, un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional y de la contrainteligencia militar atrajo la atención al lugar donde ocurrió: una chatarrera a las afueras de Puerto Cabello. El galpón es propiedad de la esposa y la cuñada del hoy recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga. A partir de ese hallazgo, se trazan las conexiones de la empresa con todo un grupo de compañías, con el negocio de exportación de desechos metálicos que el Estado reserva para sí, y con otro militar violador de derechos humanos.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.
Los Comandos de la Frontera, grupo que junto a la Segunda Marquetalia inició diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, están operando también en el norte de Ecuador, y con la banda Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Con la incursión de los grupos armados y el crimen organizado, prospera la minería de oro.
Es conocida la relación privilegiada de Roberto Leyba, expareja de la segunda hija de Hugo Chávez, con Pdvsa. Ha sido, a la vez, contratista y representante legal de la compañía. Los bemoles de esa influencia del abogado se condensan en una operación que nuevos documentos obtenidos para esta historia destapan, por la que el bufete de Leyba acudió al rescate de un deudor insolvente de la estatal petrolera en Panamá y obtuvo, a cambio, un buque de carga para su empresa naviera.
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de la participación de venezolanos en la trama corrupta, unos como sobornados, y otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen con roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta ahora desconocidos para el público.
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.
Un documento judicial dado a conocer hace poco relata la serie de desmanes que dos venezolanos habrían cometido en la administración de ese banco en Puerto Rico, que al colapsar dejó deudas todavía sin pagar a 3.500 ahorristas. Las irregularidades incluyeron desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta la solicitud, una vez intervenida la entidad, de una comisión para recobrar los fondos perdidos. Aún en medio de la debacle, sus dueños se las arreglaron para participar en la construcción de al menos una lujosa torre de oficinas en Las Mercedes, Caracas.
Un empleado del centenario banco portugués fue elegido en 2009 para servir, desde la isla de Madeira, como contacto con los funcionarios del régimen chavista que aceptaban hacer negocios con la agonizante institución -colapsaría en 2014- pero solo a cambio de jugosas coimas. Hoy João Alexandre Silva se mantiene a salvo de cualquier acción judicial en un opulento refugio emiratí, amparado por sus inversiones, por la falta de un tratado de extradición y por la renuencia displicente de las autoridades de la nación árabe.
También en Cuba tienen sus castro-burgueses que, como en el caso venezolano, gozan de conexiones privilegiadas con la familia gobernante, cuando no son directamente miembros de esta. Mediante una revisión minuciosa de registros mercantiles internacionales hecha para esta historia, el medio independiente cubano YucaByte destapa dos redes de exportación-importación que se extienden desde México y España en beneficio del clan que manda en la isla desde 1959.
San Antonio Abad es el nombre de un zoocriadero privado, aliado del Ministerio de Ecosocialismo, sobre el que la Fiscalía General anunció una investigación por supuesto contrabando de fauna silvestre. Pero el procedimiento penal, de estar activo, no ha impedido que esa empresa, que forma parte de un grupo corporativo familiar, siga comercializando en el extranjero toneladas de especies criollas bajo amenaza de extinción. Tampoco lo ha hecho con las importaciones de animales foráneos, leones blancos entre ellos, que la misma compañía realiza.
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
