El movimiento de los derechos humanos en Venezuela hizo un análisis, a modo de ensayo, sobre lo que ocurrió en el país el 29 de julio, tras los resultados oficiales de las presidenciales que dieron ganador a Nicolás Maduro y la reacción ciudadana, que incluyó el derribo de nueve estatuas del fallecido Hugo Chávez en varias ciudades.
«Derribando estatuas. Desafiando al biopoder bolivariano» explica el por qué de estas acciones de protesta y pese a la narrativa oficial de que se trataron de actos terroristas, explican que se trató de una forma de la ciudadanía de desafiar la forma política que instauró el chavismo.
«Esta maduración del comportamiento de la ciudadanía ha sido parte de su auto-institución como sujeto político, por lo menos desde las protestas del año 2017, y que tiende a subestimarse por los análisis del conflicto», sostienen sobre cómo las personas salieron a la calle de forma espontánea a rechazar el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que el mismo 29 de julio proclamó a Maduro ganador de los comicios.
Y pese a que el chavismo intentó el control de las clases populares, la mayoría de las protestas ocurrieron en estas zonas del país, refiere el documento.
«El principal perfil de los manifestantes eran personas de sectores populares, aunque también se registraron movilizaciones de clase media. La principal exigencia diagnosticada era rechazar la proclamación ilegal de Nicolás Maduro y reivindicar el triunfo de Edmundo González Urrutia. Por ello, hay que reivindicarla como una acción política en sentido estricto».
El desafío insurreccional
«La vandalización de 9 estatuas de Hugo Chávez fue el clímax de una jornada insurreccional protagonizada por los sectores populares, que incluyó la destrucción de propaganda electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); incendio de alcaldías, sedes de partidos oficiales y ataques a módulos policiales. La respuesta de las autoridades fue feroz: Sólo en dos días, el 29 y 30, fueron asesinadas 24 personas en el contexto de las manifestaciones, lo que fue calificado por Provea como la mayor letalidad gubernamental en la respuesta a la protesta popular».
Señalan que la estatuas que se derribaron estaban en sectores tradicionalmente controlados por el chavismo. Por ello, «el derribamiento de estatuas de Hugo Chávez por sectores que antiguamente constituían su base social de apoyo no sólo es una potente imagen icónica, sino también un mensaje: representa, mejor que cualquier otra acción, la ruptura política y emocional de los sectores populares con el imaginario bolivariano«, menciona el documento.
A quiénes responsabilizó el gobierno
Además, explican que la respuesta del gobierno fue la de buscar responsables, acusar a los comanditos de la oposición y llevar el mensaje de que se trataba de hechos terroristas.
«Lo anterior sugiere que dentro de la política de persecución y detenciones masivas uno de los focos era ubicar y privar de libertad a personas que habían participado en el derribamiento de las estatuas. Los detenidos por esta razón pasaron a protagonizar los videos de la llamada ‘Operación Tun Tun’, calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) como parte de una política de terrorismo de
Estado».
Aclaran que después de esto es difícil saber cuántas personas están presas por haber derribado las estatuas de Chávez en estas regiones. Sin embargo, uno de los casos más representativos es la detención de la periodista Ana Carolina Guaita en el estado La Guaira. Las autoridades la apresaron para presionar a que su mamá, Xiomara Barreto, se entregara a las autoridades que la señalan de promover el derribamiento de una estatua del fallecido expresidente en esa región.
La conexión política con los sectores populares
«Hay un amplio consenso que fueron los sectores populares venezolanos quienes, junto al liderazgo político, protagonizaron la épica de las elecciones del 28 de julio. Un acierto de la campaña electoral fue ir en búsqueda de la Venezuela profunda, en los territorios que eran considerados bestiones electorales históricos del oficialismo», dicen sobre este desafío al poder.
Y agregan que «además, elaborar un discurso que sintonizara con las aspiraciones, demandas, deseos y frustraciones de las grandes mayorías del país. Incluso, la precariedad de la propia campaña, que no dispuso de importantes recursos económicos, se convirtió en un lenguaje en si mismo, que potenció la sinergia entre el liderazgo político y las clases E y F del país», al referirse a la oposición venezolana y su conexión con los sectores más desfavorecidos del país.
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