La gente comenzó a viajar a Venezuela. Algunos por ganas de ver a su gente, de abrazar a la familia; otros por curiosidad, para comprobar que el ambiente está cambiando y ver de cerca el panorama post 3 de enero; y muchos otros, la mayoría quizás, llegan a buscar oportunidades de negocio. En un país destruido, con todo por hacer y todo por reparar, con 27 años de tierra arrasada a sus espaldas y un tutelaje que parece tener instrucciones de revivir la prosperidad que alguna vez existió, no es de extrañar que acudan multitud de personas a sacar sus cuentas para evaluar las posibilidades de entrar en la rueda y restablecer el servicio eléctrico, reparar los hospitales, suministrar medicinas, distribuir alimentos, devolver el agua potable a su estado de flujo 24x7, y, por supuesto, entrar a competir por la joya de la corona, el petróleo, con todas sus variedades y circunstancias: desde rehabilitar pozos hasta reparar los sistemas de recolección y transporte, pasando por las refinerías, los puertos, las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo y toda la complejidad de un negocio bastante complejo, valga la redundancia, que fue arrastrado a la ruina por sus administradores rojos y rojitos.
Las cifras son abrumadoras. Hasta 40 mil millones de dólares en 15 años para recuperar el sistema eléctrico, según estimaciones recientes de Siemens y General Electric. Entre 100 y 180 mil millones de dólares en 10 a 15 años para llevar la producción de petróleo a niveles de hace dos décadas (alrededor de 3 millones de barriles diarios), dicen los expertos del sector. Sopotocientos miles de millones para adecuar y revivir las empresas expropiadas que deberían devolvérsele a la gente, a ver si se pueden activar de nuevo. En fin, cantidades ingentes de dinero que habrá que invertir en el país si se pretende volver a la época en que éramos una República y la pobreza extrema estaba por debajo del 20% de la población. Unas cantidades que tendrán que salir del sector privado porque las reservas internacionales alcanzan escasamente los 13 mil millones de dólares, y no se prevén ingresos fiscales del tamaño necesario en los meses y años por venir. Si algo debe haberse aprendido en estos años de revolución es que el Estado –y sobre todo el venezolano, que ya mostró sus carencias- no tiene nada que buscar en el papel de empresario.
Desde una perspectiva muy general, el primer sector que debería habilitarse para recibir inversiones debería ser el petrolero, tanto por la abundancia de recursos como por la relativa rapidez con que podrían generarse ingresos. Motivados por el entusiasmo que generan las mayores reservas del planeta, hay numerosos equipos de trabajo –ingenieros, economistas, planificadores, particulares y corporativos- regados por el mundo que están sacando sus cuentas y preparándose para la acción, al tiempo que las delegaciones oficiales y los grupos informales acuden a tantear el terreno in situ. Se multiplican los foros, conferencias y webinars sobre el tema, mientras se espera por las reglas precisas y específicas que harán falta para entrar en el juego.
El asunto es que hasta ahora, las reglas del juego no están claras o, mejor dicho, no existen. Lo que hay es la recién aprobada ley orgánica de hidrocarburos versión 2026, con sus grandes vacíos de normas claras y procedimientos, mientras que las atribuciones para entregar o compartir activos petroleros le corresponden al ejecutivo nacional, o sea, al interinato. No hay información sobre licitaciones competitivas, concursos de credenciales, bonos de participación ni nada que se le parezca. Todo indica que quien quiera tener chamba en Venezuela “que se venga” y comience a buscar contactos, a hacer lobby, a meterse por los caminos que se abran –si se abren- y a descifrar cuál es el mecanismo para salir al final de la jornada con un contrato para explotar un bloque, reparar unas estaciones o rehabilitar unos pozos.
Nada nuevo bajo el sol, después de cinco lustros de chavismo. Aún con el tutelaje activo del imperio, los negocios petroleros no cuentan con una reglamentación clara, y mucho menos con transparencia. No parece haber la capacidad técnica ni la gerencia para preparar unos paquetes de activos, seleccionados según criterios de maximización de ingresos y facilidad de operación, como tampoco las ganas de las autoridades para ofrecerlos de forma pública, abierta y al mejor postor. Sin secretos, cartas marcadas ni favoritismos. Así seguimos.
