En los últimos años el derecho a la participación de los pueblos indígenas en comicios se ha visto empañado por irregularidades que impiden que su voto sea libre, directo y secreto.
Caracas. Frente a una máquina de votación del centro electoral ubicado en la Escuela Samuel Darío Maldonado del municipio Pedernales, en el estado Delta Amacuro, los electores indígenas no están solos. Es domingo 28 de julio y una mujer, vestida de camisa y pantalón de color negro, no duda en permanecer al lado de cada uno de ellos mientras votan.
Testigos de mesa de las organizaciones políticas presenciaron la escena, incluso una persona la registró en un video que compartió con Crónica.Uno. Indentificaron a la mujer como Fabiola Flores, procuradora de la alcaldía de Pedernales. Aunque los testigos de oposición quisieron denunciar esta irregularidad durante las elecciones presidenciales, afirmaron que un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de apellido Bastidas, los intimidó para que no lo hicieran.
“Una vez que (Flores) votó por ellos, les entregó un ticket que decía ‘Votó’. Ese ticket iba acompañado con la cédula. Ellos salían del centro de votación hasta la alcaldía y allí le pagaban las quincenas pendientes, le entregaban una bolsa de comida y dos botellas de ron. Esto se repitió a lo largo y ancho del municipio Pedernales e igual en Antonio Díaz”, relató una fuente que pidió no revelar su nombre, por temor a represalias.
Una fuente que pidió mantener su nombre en reserva envió este video a Crónica.Uno como respaldo de su testimonio.
Semanas antes, explicó la fuente, la Alcaldía de Pedernales ―gobernada por Rosamni Gascón, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)― presuntamente dejó de pagar la quincena a sus trabajadores que, en su mayoría, son indígenas.
“Se trató de una medida criminal e inhumana para ejercer presión y pegarles en el estómago”, dijo.
El artículo 98 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales advierte que las y los electores ejercerán su derecho al voto en forma individual, y que los miembros de mesa no permitirán que el elector esté acompañado de otra persona. La única excepción del voto asistido es para las y los electores analfabetas, invidentes o con cualquier otra discapacidad y los de edad avanzada, quienes podrán sufragar en compañía de una persona de su elección. Recalcan que ninguna persona podrá ser acompañante por más de una vez.
La vulneración del derecho a la participación de los pueblos indígenas en procesos electorales de Venezuela no es algo nuevo. En 2020 el Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminó el voto directo de esta población para elegir a sus representantes al Parlamento y Cámaras Municipales. En cambio, estableció un sistema de votación de segundo grado, en el que ahora deben elegir a representantes que serán quienes escojan a los diputados y concejales.
Entrevistados para este reportaje coincidieron en que, además, la coacción del voto indígena es una realidad, ya la que los gobernantes suelen aprovecharse de la situación de la vulnerabilidad de esta población, asentados tradicionalmente en sectores aislados, lo que dificulta su acceso a derechos como la salud, agua potable, alimentación, comunicación e información.
El estado Delta Amacuro, al este de Venezuela, alberga alrededor de 15.000 indígenas pertenecientes a la etnia warao, que principalmente habitan los municipios de acceso fluvial Antonio Díaz y Pedernales. Son en esas comunidades más remotas donde se han registrado prácticas que impiden a los warao ejercer su derecho al voto de manera directa y secreta.
Comida vs. Votos
Evaristo Tovar, oriundo del municipio Antonio Díaz, denuncia que durante los días previos a que se celebre algún proceso electoral en el país, el Gobierno regional y los gobiernos locales moviliza una cantidad importante de recursos que van destinados a los caños, donde viven los warao, para la “compra” de votos. “El hambre siempre gana y uno el indígena está con el que te da, así sea poquito”, lamenta.
A esas comunidades fluviales llegan gabarras (barcos pequeños) llenas de comida y ron. Tovar cuenta que ese es el “pago” para quienes se presenten a los centros de votación. Ahí entregan su cédula y los “asisten” para que su voto favorezca al oficialismo, en una flagrante violación de sus derechos suscritos en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
“Visitan las comunidades únicamente con efectos proselitistas. Aprovechan para hacer todo tipo de ofrecimientos engañosos a los indígenas y, cuando mucho, le entregan paquetes alimentarios dadivosos”, expresó el profesor Abraham Gómez, miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua por el estado Delta Amacuro e integrante del Consejo Académico del Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos.
Agregó que, usualmente, “designan a una especie de coordinador que se encarga de garantizar que esos votos no se pierdan. Alistan a los votantes en galpones o janokos (casa, en el idioma warao), donde les secuestran las cédulas de identidad para, posteriormente, acompañar a cada uno a sus centros de votación y sufragar por ellos, de modo que al warao le roban la posibilidad de elegir libremente a los representantes a los cargos públicos” .
Erick Medina, un warao de 42 años que viajó durante una semana en una curiara a canalete junto a su familia desde Pedernales hasta Tucupita, cuenta sobre las penurias e inclemencias que padecen en su comunidad debido a la falta de medicinas, alimentos y fuentes de trabajo que les permita vivir dignamente.
“Siempre dicen lo mismo, ellos creen que una bolsa de comida alcanza mucho. Hay carajitos que se mueren porque no hay remedio para la diarrea, no hay comida, no hay nada. Nosotros ya no podemos pescar y traer para vender en Tucupita, porque no hay real para comprar un tren ni para tener un motor ni comprar gasolina y aceite. Yo fui chavista, pero ya no quiero nada con esa gente”, afirmó.
Cedulación exprés y presiones
La orden de acelerar la entrega de cédulas a los indígenas en épocas preelectorales también es una constante.
“Durante todo el año se canalizan solicitudes de los hermanos warao a través del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería). Este trámite suele durar varios meses, nosotros los ayudamos paso a paso a hacer la solicitud, pero cuando vienen las elecciones esas cédulas salen rápido, ellos (el Gobierno) saben que eso es un voto más”, dijo un empleado vinculado al Instituto Regional de Atención Indígena, que pidió resguardar su identidad.
Delta Amacuro es uno de los estados de mayor extensión territorial del país, pero también uno de los menos poblados, especialmente en las zonas fluviales. Los habitantes de estas zonas son, en su mayoría, empleados de la gobernación o alcaldías. En esa región no hay casi empresas privadas u otras actividades económicas que permitan diversas fuentes de ingreso, lo que le ha permitido a la gobernadora Lizeta Hernández, también militante del PSUV y que lleva 15 años en el poder, ejercer presión a los trabajadores a través de su gabinete de directores.
Carla* trabajó en la Gobernación más de una década. Emigró a Perú en 2019 en busca de mejores oportunidades para ella y su familia. Cuenta que mientras trabajó ahí, era obligada por su jefa a acudir a comunidades indígenas de Tucupita a llevar dinero y comida, a cambio de votos.
En una entrevista por videollamada relató: “entre 2013 y 2017 asistí a varias comunidades de la parroquia José Vidal Marcano, como Los Güires y Palo Blanco, zonas netamente indígenas en su mayoría. Ahí hay personas que viven de la peor manera y estaban sufriendo más que cualquiera en esa época del país. El pago era alrededor de un mes de trabajo y, además, le dábamos una bolsa de comida y a todos se les asistía el voto“.
Carla confiesa que se avergüenza de haber contribuido a que el chavismo siguiera gobernando en la región mientras la crisis económica se profundizaba, una crisis que a ella misma le tocó saborear.
“Perdí la cuenta de las veces que sólo me comí una arepa con guarapo en todo el día, y aún así tenía que ir a esas comunidades a entregar comida y dinero que en mi casa faltaba. Sentía una impotencia tan grande de llegar a mi casa y no tener ni un huevo o un pedazo de queso que darle a mis hijos, además tenía que tragar grueso cuando veía cuánta comida y dinero se embolsillaba quien era mi jefa. Me arrepiento de prestarme para eso, pero en ese momento no tenía de dónde pegar la mano para mantener a mis chamos“, expresó con la voz quebrada.
Para el académico Abrahám Gómez es necesario empoderar y sensibilizar a la población indígena para evitar que la vulneración a sus derechos continúe.
“Es sumamente importante darle herramientas para que se puedan defender, no solo en los procesos comiciales sino en todo lo que por honor, justicia y constitucionalmente merecen y no dejarse aborregar por quienes creen que son sus líderes en las comunidades”, resaltó.
*Se cambió el nombre de la fuente por medidas de protección.
- Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno.
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