El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Nicolás Maduro nuevamente como presidente de Venezuela, tuvo dos efectos en el país: manifestaciones espontáneas por el desconocimiento de los resultados y la represión masiva del gobierno contra los ciudadanos, que ha dejado más de mil personas presas y 25 fallecidas.
Aún falta para saber la conclusión de uno de los momentos claves en la historia contemporánea del país; sin embargo, el registro de personas fallecidas, detenidas y desaparecidas mantiene a las organizaciones no gubernamentales, la prensa y las familias en vilo.
Particularmente, las detenciones de los ciudadanos que protestaron tanto en las calles, como a través de sus redes sociales, revelaron una respuesta desmedida, superior incluso a las vistas en las manifestaciones de 2014, 2017 y 2019, consideró el Foro Penal.
De 2022 a 2023, el número de mujeres privadas de su libertad por razones políticas no ha cambiado. Efecto Cocuyo tenía contabilizadas 20 madres, trabajadoras y ciudadanas presas en los calabozos de las divisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en cárceles para la población femenina. Los delitos eran los mismos: traición a la patria, terrorismo, instigación al odio, entre otros, contemplados en el Código Penal y Ley Orgánica contra el Terrorismo y la Ley contra el Odio.
La presunta comisión de estos delitos es determinada por el sistema de justicia venezolano al que señalan distintos organismos internacionales de no tener independencia, como dice la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU y organizaciones no gubernamentales.
Pero, la mañana del 29 de julio de 2024, cuando los ciudadanos salieron a las calles no se imaginaron que las detenciones iban a ser masivas, como tampoco la violación a su derecho constitucional de tener una defensa de confianza.
Máximo castigo, la petición de Maduro
“¡Máximo castigo! ¡Justicia!…¡Esta vez no va a haber perdón!”, expresó Maduro en un mitin el sábado 3 de agosto.
Con base en la información publicada por el Ministerio Público, la respuesta represiva del Estado se tradujo en 25 fallecidos, 192 personas heridas en las protestas y más de 2.000 detenidos.
La aceptación del Estado sobre los fallecidos y heridos en las manifestaciones queda opacada por la retórica del fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien se refiere a las personas privadas de libertad como “delincuentes”.
“Esta vez no va a haber perdón”. Así, Maduro sentenció a los detenidos por las manifestaciones, así como aquellos que no lo reconocen como ganador en las elecciones, opositores al gobierno o cualquiera que exprese su opinión a través de cualquier canal para la comunicación, como redes sociales, panfletos e incluso camisas.
Maduro enfatizó que se crearon, o más bien habilitaron, dos cárceles para los disidentes y presos políticos: Tocorón y Tocuyito. Además, se le suma la investigación penal iniciada por William Saab contra la líder de la oposición, María Corina Machado (MCM), y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de poderes públicos, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia, insurrección y asociación para delinquir.
Detenciones arbitrarias
En menos de 72 horas, las denuncias de detenciones arbitrarias por parte de funcionarios del Estado inundaron las redes sociales. Las mujeres, nuevamente, aparecen como la cara de la represión política, la brutalidad policial y la violencia basada en género. Las buscaron en sus casas, en la calle, incluso en sus sitios de trabajo. Un aspecto a resaltar sobre las detenciones es que, por primera vez, la lista de mujeres detenidas aumentó 700% en tan solo dos semanas.
Según la última cifra compartida por Foro Penal, al final de la tarde del martes 13 de agosto de 2024, 182 mujeres están detenidas por razones políticas. Efecto Cocuyo ha mantenido un registro de víctimas de la represión del Estado que, hasta finales de 2023, se mantenía en 20 casos.
Entonces, ¿qué cambió? La actuación del Estado era la misma, la represión en las calles contó con la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), colectivos armados y el Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); además, el mensaje de las autoridades del Estado mantiene un orden en la búsqueda y captura de los manifestantes, a través de la operación Tun tún.
Pero, la variación más importante, es la falta de defensa legal para los detenidos.
Aquí comienza la historia de aquellas mujeres que, por expresar sus ideas, fueron atacadas, detenidas y silenciadas.
Efecto Cocuyo elaboró una base de datos, en colaboración con fuentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, con los nombres de 146 mujeres y adolescentes detenidas por razones políticas.
Con base en los hallazgos, encontró dos aspectos fundamentales de sus casos:
1) no tienen acceso a la defensa legal, establecida en la Constitución.
2) las detenciones cumplen patrones para la represión de la disidencia.
Mujeres detenidas
A través de X, antes Twitter, se hicieron reportes sobre las detenciones de manifestantes. Influencers, ciudadanos, periodistas y políticos contribuyeron a levantar las datas, para darle rostro e historia a los disidentes.
Las familias usaron sus redes sociales para demandar justicia ante las arbitrariedades que cometen funcionarios del Estados, una vez apresados los manifestantes. Pero, el discurso del Estado, dictado por Nicolás Maduro y difundido por sus ministros, buscó sembrar paranoia entre los ciudadanos y sus vecinos.
“Hoy en la noche vamos a abrir una página del VenApp para toda la población para que ahí de forma confidencial me pongan los datos de los que han atacado el pueblo para que haya justicia”, ordenó Maduro frente a una multitud de personas en el Palacio de Miraflores, el 30 de julio.
La respuesta de la población, ante la medida tomada por Maduro, fue denunciar la app Ven App de las tiendas de aplicaciones en Google Play Store y Apple Store, lo que posteriormente contribuyó a la inhabilitación de la herramienta. Sin embargo, el mal estaba hecho. Cientos de personas fueron perseguidas por el oficialismo, algunas atribuidas al uso de “patriotas cooperantes”.
Las redes sociales se volvieron un escenario que, en paralelo, no solo mostraba lo que pasaba en las calles, también son un vehículo para la expresión de los ciudadanos disidentes, manifestantes y opositores.
Hilos en X, videos en TikTok e Instagram, perdieron la frivolidad del día a día para transformarse en un vehículo que documentaba la memoria colectiva de los hechos. Pero, la exposición fue una excusa que el Estado usó para la represión.
Para verificar la lista de más de 140 nombres de mujeres detenidas, el equipo de Efecto Cocuyo realizó una búsqueda inversa de palabras claves a través de Google y X, con el fin de verificar el reporte de la desaparición y detención de los manifestantes, debido a la opacidad del Ministerio Público para dar un parte oficial y completo de las 2.000 detenciones que Maduro dice se han practicado.
Con base en el análisis de los datos se determinó que solo se logró verificar 51,1% de los nombres contenidos en la lista filtrada a Efecto Cocuyo. El otro casi 50% aún tienen registro por parte de organizaciones no gubernamentales pero, al buscarlas en las plataformas de las redes sociales para hacer un cruce de datos con las denuncias, nos percatamos que en más de una ocasión el reporte había sido eliminado de X, la principal red social donde se realizaron las denuncias.
Del 51,1% de los casos analizados, que responden a 76 víctimas de detenciones arbitrarias, 29 de las manifestantes fueron detenidas durante las protestas poselectorales y a 14 las apresaron en sus hogares. A dos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, mientras que otras dos mujeres las detuvieron en alcabalas policiales. Mientras que 3 de las víctimas están aún desaparecidas.
No todos los reportes de redes sociales tenían datos importantes para el registro como edad, situación socioeconómica o condición de salud. Se verificó que la edad promedio de las mujeres detenidas oscila entre los 23 y 29 años de edad. Cinco de las víctimas son adolescentes: dos de 15 años de edad, una de 16 años y dos de 17 años. Una de las adolescentes detenidas está embarazada.
En las casas
A las 7:30 pm, del martes 6 de agosto, María Oropeza, jefa regional de campaña de María Corina Machado en Portuguesa, publicó un video en la red social X para denunciar la Operación Tun Tún, que funge como “una especie de cacería de bruja contra toda la ciudadanía que se expresó ante el sufragio”.
Oropeza alegó que las autoridades del Estado no solo faltaban a su deber constitucional de respetar el sufragio, también denunció la represión violenta por parte de funcionarios de las diferentes ramas de la policía venezolana.
Ella vestía una camisa blanca, su cabello peinado suelto hacia atrás, y sus ojos miraban directamente a la cámara, como una forma de hacer contacto visual con los que verían el video, que al final pasaron los 2,9 millones de personas.
A las 9:25 pm, la cuenta de X de Fundación de los Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) publicó la denuncia de que Oropeza era detenida en su casa por funcionarios del Estado, sin tener una orden judicial de captura. Sin embargo, el tuit quedó en segundo plano, porque María comenzó a grabar y transmitir en vivo el proceso de su detención.
La puerta de la casa comenzó a sonar con los golpes de los funcionarios. “Están destruyendo la puerta. Están ingresando a mi hogar de forma arbitraria. No hay orden de allanamiento. No soy una delincuente. Solo me acompaña Dios y la virgen”, decía Oropeza en el video. Los funcionarios abrieron la puerta y la reja, para subir al menos seis funcionarios antes de que uno le quitara el teléfono.
El video se viralizó. El audiovisual que publicó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alcanzó los 2,7 millones de reproducciones. “No la detuvieron, la secuestraron”, “esto es una dictadura”, “Difundan todos los que puedan”, fueron algunas de las respuestas del video que, además de generar conmoción en las redes sociales, ratificó una conducta habitual en las actuaciones contra los disidentes políticos.
Para el 12 de agosto, no se conoce la ubicación actual de Oropeza. El abogado para la dirigente de Vente en el estado Portuguesa, Omar Mora Tosta, introdujo un habeas corpus en el Palacio de Justicia de Guanare para exigir información sobre su defendida. Sin embargo, no tuvo respuesta pese a esperar más de 3 horas en el poder judicial junto a la madre de la víctima.
Para Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, muchas de estas detenciones son arbitrarias porque no han ocurrido necesariamente en los términos en que establece el ordenamiento jurídico venezolano.
“Para que una detención no sea arbitraria debe estar ocurriendo un delito en flagrancia o haber una investigación penal en curso por parte de la fiscalía o que un tribunal ordene la detención. Eso no es lo que ha pasado”, explicó Tineo.
La falta de órdenes de captura emitidas por un Tribunal de control constituyen una violación al proceso penal, por ende, la actuación de los funcionarios del Estado esta fuera de la ley. Este es un patrón recurrente en las actuaciones del gobierno para disuadir a los manifestantes.
Falta de defensa legal
Las masivas detenciones en Venezuela no son nuevas, ya hay registros de ellas en 2014, 2017 y 2019, pero en estos casos la mayoría de las y los detenidos tuvieron acceso a la defensa.
Los abogados y defensores de derechos humanos, como Martha Tineo, de la organización Justicia, Encuentro y Perdón y Kelvin Zambrano, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, coinciden en que en esta ola de detenciones el principal patrón es que a las personas detenidas no se les permitió el derecho a la defensa privada, eso incluye a las mujeres detenidas.
El hermetismo y la no publicación de listas con los nombres y lugares de reclusión de las personas detenidas ha colapsado a muchas organizaciones que defienden los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
Durante los años 2014,2017 y 2019 organizaciones como Foro Penal, Justicia y Proceso y otros abogados voluntarios, pudieron defender a las personas que habían sido detenidas en contextos de protestas.
Por primera vez, durante la detención de las más de 2 mil personas que manifestaban en contra del resultado electoral no se les permite el derecho a la defensa privada.
“En esta ocasión ha sido negado de facto el derecho a la defensa y el debido proceso. A estas personas se les ha impedido la designación de abogados de confianza. En ninguno de los casos se ha permitido la designación de abogados de confianza. Fíjate que hay un abogado voluntario del Foro Penal a quien ni siquiera se le ha permitido que los abogados del Foro Penal lo representen”, señala la abogada Tineo.
La representante de la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón indicó que a los detenidos se le están realizando audiencias masivas de forma telemática en grupos y se les imputa por el catálogo de delitos que fue precalificado por el fiscal del Ministerio Público.
Riesgo de ser detenidos sin defensa
Para el abogado y defensor de derechos humanos Kelvi Zambrano, quien es parte de la Coalición por los derechos humanos y la Democracia, que una persona detenida no tenga derechos a la defensa privada contribuye a un buen número de riesgo y la convierte en una persona fácilmente vulnerable.
“Si de por sí el contexto en el que fue detenida la hace vulnerable, si se le prohíbe, se le obstaculiza el derecho a la defensa, la vulnerabilidad se extiende mucho más”, dice.
Zambrano enumera las razones:
- No goza de defensa técnica adecuada porque se le impone a un defensor.
- No tiene la persona el derecho a elegir a su defensor de confianza
- Este defensor público que es impuesto por los organismos del Estado no efectúa las denuncias que debe efectuar.
- El defensor público no denuncia las violaciones de los derechos fundamentales a las que fue sometida esta persona, no ejerce los recursos que debe ejercer para que esta persona pueda gozar de una defensa adecuada.
- No ejercer recursos como por ejemplo, la apelación.
“Entonces, esta persona se encuentra en lo que se entiende por la doctrina como un estado de indefensión constitucional, donde sus derechos no van a ser defendidos adecuadamente y donde se le va a facilitar al fiscal poder tener una defensa mucho más óptima, aún cuando sabemos que el contexto en el que se efectúa esta detención es arbitrario”, asegura Zambrano.
Mujeres son más vulnerables
Aunque no haya un patrón de persecución específicamente contra grupos vulnerables, las organizaciones no gubernamentales como Justicia, Encuentro y Perdón han contabilizado decenas de detenciones de mujeres, adolescentes y personas con alguna discapacidad en el contexto de protestas. “El patrón de persecución es generalizado”, afirma Tineo.
A pesar de que, por el momento, no se reporta un patrón de persecución o encarcelamiento contra poblaciones específicas, las mujeres detenidas están en una situación de vulnerabilidad, debido a que el sistema penitenciario no responde a las condiciones de género.
“Lo que sí es cierto es que los impactos de esa detención arbitraria y de esas condiciones de reclusión no cónsonas con sus condiciones sí suponen un efecto diferenciado”, indicó.
Tineo señala que las mujeres deben estar recluidas en sitios idóneos que además le ofrezcan la infraestructura necesaria para sus propias condiciones y su propia necesidad de mujer. “Eso no está ocurriendo. De tal manera que tanto estos adolescentes como estas mujeres están siendo víctimas de tratos crueles”, denuncia.
El representante de la Coalición por los derechos humanos y la Democracia, Kelvi Zambrano, destaca lo que muchos informes de organizaciones que monitorean el tema carcelario afirman: ninguno de los centros de reclusión en Venezuela, ni siquiera el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), cumplen con las normas mínimas tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno para garantizar que las mujeres puedan gozar de espacios adecuados.
El defensor de derechos humanos explica que los centros de detención donde una mujer permanezca presa debe ser un espacio que pueda cumplir con las necesidades especiales de higiene que requieren las mujeres, por ejemplo, cuando menstrúan.
“No solamente que el espacio tenga una higiene adecuada, sino que además pueda hacerlo de manera segura sin que coloque en riesgo su intimidad, sin que se sienta amenazada por otra persona o incluso por otra reclusa”, explica.
Otro de los riesgos que pudiera tener una mujer detenida por motivos políticos, basado en la experiencia que tiene Zambrano con casos anteriores, es que no existe un enfoque diferencial en cuanto a las mujeres que están privadas de libertad por motivos políticos y las mujeres que están privadas de libertad por delitos comunes.
Zambrano advierte que estas medidas deberían establecerse para evitar que la población carcelaria que ha cometido delitos comunes pueda generar alguna especie de sumisión en relación a las privadas libertades por motivos políticos, a efectos de que no se coloque en riesgo la integridad física y moral de las mujeres privadas de libertad por motivos políticos en estos contextos.
Riesgos de violencia sexual y amenazas
Zambrano denuncia que las mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un alto riesgo de ser víctimas de actos lascivos o violación dentro de los centros penitenciarios.
Señala que estas mujeres no solo sufren agresiones sexuales, sino que también están expuestas a la violación de su integridad física y moral por parte de otras reclusas y de las mismas funcionarias encargadas de su custodia. Según testimonios recabados anteriormente por Zambrano, los casos reportados por las mujeres reclusas son extremadamente graves, caracterizados por una crueldad inusitada que incluye actos de tortura tanto física como psicológica, lo cual las convierte en un grupo especialmente vulnerable.
El jurista señala que las mujeres son particularmente susceptibles a la tortura psicológica, un tipo de maltrato reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Estas mujeres son frecuentemente amenazadas con la posibilidad de que asesinen a sus hijos si no acceden a cooperar, lo que les provoca un sufrimiento emocional mucho más intenso que el experimentado por los hombres en situaciones similares”, explica.
Esta forma de intimidación, señala Zambrano, revela la mayor vulnerabilidad de las mujeres en contextos de reclusión, donde sus derechos sexuales e intimidad son frecuentemente violados.
Subraya las precarias condiciones en las que se encuentran las mujeres que son madres, especialmente aquellas que están en periodo de lactancia. Los centros penitenciarios no disponen de espacios adecuados para que estas mujeres puedan interactuar con sus hijos o amamantarlos, lo que constituye una grave violación a sus derechos. Zambrano recalca que esta situación no solo afecta el derecho de la mujer a ejercer su maternidad, sino que también vulnera el derecho fundamental del niño a disfrutar del cuidado de su madre, creando un ciclo de vulneración de derechos humanos que afecta tanto a madres como a hijos.
Una sola cárcel de mujeres
En Venezuela el 8% de la población carcelaria está formada por mujeres. Alrededor de 2.543 mujeres están detenidas en el país, y el Instituto Nacional de Orientación Femenina, es la única prisión de mujeres que hay en Venezuela, es por eso que en cárceles para hombres y en calabozos policiales se “adecuaron” 16 anexos improvisados para mujeres, aunque ninguno de estos cuenta con enfoque de género.
Las mujeres reclusas no escapan de las grandes debilidades que tiene el sistema penitenciario venezolano, que van desde enfermedades infecciosas, graves niveles de hacinamientos, retardo procesal, violencia, incluida la sexual, vida insalubre y pago de coimas para poder sobrevivir dentro de los barrotes, esto incluye a las mujeres detenidas por motivos políticos como lo reflejó el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en septiembre de 2022.
Las mujeres privadas de libertad en Venezuela enfrentan condiciones de reclusión en espacios que no fueron diseñados para atender sus necesidades específicas de género. El sistema penitenciario del país, centrado principalmente en los hombres, quienes constituyen la mayoría de la población carcelaria, carece de leyes que incorporen una perspectiva de género adecuada. Esta falta de adaptación se traduce en graves deficiencias en la atención y protección de las mujeres en prisión.
En 2023, según el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 1.493 mujeres se encontraban encarceladas en calidad de procesadas, mientras que 1.050 cumplían condenas. Este panorama de vulnerabilidad se agrava por el hacinamiento extremo: la única cárcel para mujeres del país y los 16 anexos femeninos registran una sobrepoblación del 185,71% en ese mismo año, según un estudio del OVP.
El OVP reporta que, hasta 2022, la región capital de Venezuela concentra la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad en el país, albergándolas en dos centros penitenciarios. Uno de estos es el Inof, diseñado originalmente para recibir a 350 mujeres en conflicto con la ley. Sin embargo, para 2023, se estima que el número de reclusas ha aumentado a 650, duplicando prácticamente su capacidad.
El segundo centro penitenciario en la región capital es el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida», un anexo del INOF, donde se encuentran recluidas al menos 141 mujeres. Ambos centros reflejan las severas condiciones de hacinamiento que afectan a las mujeres privadas de libertad en la capital.
A este centro fueron llevadas al menos 70 mujeres detenidas en el contexto de las protestas poselectorales y están en condiciones precarias y “son constantemente sometidas a tratos inhumanos”.
En abril de 2024, el OVP presentó un informe especial sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, revelando preocupantes hallazgos sobre sus condiciones de reclusión.
La organización describió la situación en la única cárcel de mujeres como un «cementerio de mujeres», una cita que proviene de uno de los testimonios recopilados por el OVP en su más reciente estudio.
El informe del OVP se distingue por su detallada recopilación de testimonios de mujeres reclusas, exempleados y familiares, quienes narran las dificultades extremas que se viven en el Inof. Por ejemplo, uno de los testimonios describe cómo a las madres castigadas se les quita a sus hijos, dejando el cuidado de ellos en manos de otras reclusas, muchas veces sin que las madres sepan quién se hará cargo. Otro testimonio relata las condiciones inhumanas de las celdas de castigo, conocidas como «las mazmorras», que se encuentran en un calabozo oscuro en medio del monte, aún más temido que «el tigrito», otra celda de castigo.
Otro de los grandes problemas dentro del único centro penitenciario de mujeres en Venezuela es la atención médica especializada. El informe destaca la carencia de:
- Ginecólogos y servicios de salud esenciales, como la detección de cáncer de mama.
- Las reclusas dependen de sus familias para conseguir citas médicas fuera del centro penitenciario.
- Mala alimentación
Hasta el cierre de este reportaje no hay una lista con los nombres de las personas que han sido detenidas en el contexto de las protestas poselectorales, también se desconoce el lugar de reclusión de alguna de las víctimas y los familiares tienen temor a dar declaraciones a los medios de comunicación por represalias.