La familia del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió este viernes la «inmediata» liberación del jurista, detenido hace un mes.
Su esposa, María Costanza Cipriani, denunció que, desde el «secuestro» de Rocha, el 27 de agosto, ella y el abogado de Rocha no han tenido «acceso ni a él ni a su expediente».
«Solicitamos su inmediata libertad porque exigir que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio no es un delito. Resiste, Perkins, no nos derrumbamos», expresó Cipriani en un video que publicó en X.
A un mes del secuestro de mi esposo, @perkinsrocha, no nos derrumbamos. Seguimos firmes en la defensa de sus derechos.
— Buscando Ciudadanos (@MaCostanzaCR) September 27, 2024
Exigir que se respete la soberanía popular no es delito. @Omar_moratosta @Almagro_OEA2015 @Danicipri @Santiagoarc777 @BrokenMax9 @ONU_es @Quijoteando pic.twitter.com/sb4ftAURTI
En ese sentido, Santiago Rocha, hijo del detenido, aseguró que «hasta el día de hoy» no han «podido tener ningún tipo de contacto directo con él», por lo que exigió al Estado venezolano que permita el acceso a su padre, a quien considera «víctima de una detención arbitraria».
«Continúa, al día de hoy, aislado de su familia y abogado, violando sus DD.HH.», dijo el joven en la misma red social, donde también exigió su «inmediata» liberación.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por la líder opositora María Corina Machado-, así como ONG y dirigentes antichavistas, exigieron también la libertad del asesor legal de la PUD y de «todos los presos políticos».
El pasado 29 de agosto, Cipriani aseguró que su esposo, uno de los principales colaboradores de Machado y Edmundo González Urrutia, abanderado del PUD en las presidenciales, fue acusado de cinco delitos -«terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio»- en «una audiencia con asistencia de defensor público», y denunció que le negaron «su derecho a la defensa privada».
Desde la detención, la PUD ha exigido la liberación de su asesor legal, así como el cese de «la persecución» que -alerta- se ha «agudizado» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente comicial, y avalado por el Supremo, un resultado señalado como «fraudulento» por la PUD, que defiende la «victoria» que -asegura- obtuvo González Urrutia, hoy exiliado en España.