Oscar Murillo estuvo más de cinco horas en la sede del Cicpc en Caracas. En la sede policial rindió declaraciones en el marco de una investigación por presuntos delitos de odio que adelanta el organismo.
Caracas. El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, declaró ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas en el marco de una investigación por delitos de odio, de acuerdo con una fuente con conocimiento del caso.
Crónica Uno confirmó que Murillo llegó a la sede del organismo policial, en la avenida Urdaneta de Caracas, cerca de las 10:00 a. m. de este miércoles, 20 de noviembre. Ahí ingresó a un despacho y, cuarenta minutos después, los oficiales lo trasladaron a otra oficina.
No salió de la sede del Cicpc hasta pasadas las 3:00 p. m. A las afueras le esperaban activistas de Provea y de otras ONG, así como periodistas de diversos medios.
Otro informante dijo a Crónica Uno que la Policía interrogó a Murillo “en calidad de testigo” y no de imputado, aunque nadie confirmó el caso que la Policía investiga.
Con todo, la propia Provea dijo el martes, 19 de noviembre, en un comunicado de prensa que la citación a Murillo se produjo en paralelo a una investigación que adelanta la delegación municipal del Cicpc en San Cristóbal por la supuesta “comisión de un delito” contemplado en la ley contra el odio.
Al respecto, la ONG señaló que esta herramienta legal “ha servido para procesar e imputar a cientos de personas y escalar el crimen de persecución por razones políticas” en Venezuela.
Según Provea, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, se produjo en el país “una vertiginosa escalada de abusos” a los derechos humanos.
Se cumple amenaza contra Provea
El ministro de Interior Diosdado Cabello alertó que las autoridades citarían a los directivos de Provea a finales del pasado octubre. Esta advertencia surgió después de que la ONG denunciara como un «asesinato» la muerte del dirigente opositor Edwin Santos.
Varios testimonios en redes sociales indicaron que Santos había “desaparecido” el 23 de octubre tras ser abordado por cuerpos de seguridad del Estado. Este hecho fue denunciado públicamente por sus familiares a través de un video realizado por su esposa, Loliveth Álvarez. A la denuncia se sumó el sacerdote jesuita Gerardo Rosales, tal como recordó Provea el martes.
Sin embargo, las autoridades afirmaron que la muerte de Santos, activista del partido Voluntad Popular en El Nula, estado Apure, ocurrió debido a un accidente mientras conducía su motocicleta. El supuesto accidente ocurrió entre los sectores El Jordán y Naranjales, en la vía El Piñal del municipio Fernández Feo, estado Táchira.
Provea señaló que los familiares de Santos denunciaron la muerte del dirigente. Ante esto, “las autoridades impulsaron actos de hostigamiento contra quienes exigen una investigación” del caso.
Ataque a la sociedad
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, recordó esta misma jornada que los ataques a los defensores de derechos humanos terminan por convertirse en ataques a la sociedad en general.
“Cuando se ataca y se persigue a un compañero defensor de derechos humanos se está, de alguna manera, reduciendo las garantías de toda la sociedad. Eso es lo fundamental. Cuando se ataca a un defensor de derechos humanos, se está atacando a la sociedad venezolana”, dijo Correa a periodistas desde la sede del Cicpc en Caracas, donde acudió para manifestar su apoyo a Murillo.
En tanto que el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, apuntó que la citación a Murillo forma parte “de la ola represora que va en aumento en Venezuela”, al tiempo que estimó que esta podría radicalizarse en la medida en que el país se acerque al 10 de enero, fecha en que el gobernante Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, asuma para un tercer sexenio consecutivo que le mantendrá en el cargo hasta 2031.
“Estamos muy claros que la sociedad civil organizada es parte de los objetivos del gobierno. No les interesa una sociedad civil organizada, una ciudadanía estructurada y por eso pretende quitar la voz de las organizaciones a través de estos medios de intimidación que, lamentablemente, creemos se están apenas iniciando en este contexto de violencia de Estado en el que estamos viviendo”, afirmó Daniels.
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