Familiares de presos políticos en el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en el municipio Zamora, viajan a diario desde localidades como Maracay y Mariara para obtener información.
Aragua. “Nos enteramos de que mi sobrino está en Tocorón porque nos gritó desde uno de los edificios de la cárcel”, dice Ignacio*, tío de un joven, de 22 años, detenido en el marco de las protestas poselectorales en el Centro Penitenciario de Aragua, desde hace más de 60 días.
Ignacio* aclara que su sobrino, Marcelo*, no participaba en las protestas en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Su detención ocurrió el 10 de agosto durante la “operación tun tun”, cuando una comisión policial llegó a su apartamento, ubicado en el municipio Girardot, y se lo llevó.
“De Yare nos dijeron que habían traído un grupo de gente a Tocorón. Él fue quien nos gritó desde arriba. Fue una alegría que recibimos, cuando supimos de él”, comenta Ignacio.
El tío de Marcelo viaja todos los días desde Maracay al municipio Zamora para obtener información sobre su sobrino. Debe tomar un autobús desde el Terminal Central de Maracay, lo que le cuesta más de 100 bolívares diarios entre la ida y el retorno.
Ignacio aún no ha podido ver de cerca a su sobrino, quien solo ha recibido la visita de su madre. Desde su reclusión en el Centro Penitenciario de Aragua, el joven ha perdido entre 10 y 12 kilos. Según su familia, su alimentación se ha limitado a granos, bollitos y arroz blanco.
“Aquí no permiten entregar alimentos. Lo que sabemos es que le dan muchos granos. No es como dicen que están dando proteína, eso es mentira”.
Los detenidos solo pueden recibir la visita de sus madres y, en ausencia de la figura materna, de sus padres. Los visitantes deben vestirse con franela blanca, bluejeans y calzado sin trenzas. Además, las mujeres no pueden ingresar con zarcillos ni maquilladas.
Al igual que el tío de Marcelo, entre 20 y 40 familias suelen plantarse fuera de la cárcel desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., esperando noticias. Algunas personas caminan cerca de las paredes del recinto para escuchar las voces de los detenidos. No obstante, son cuidadosos para no llamar la atención de los custodios, quienes vigilan desde las torres.
Enfatiza que, durante los primeros días de traslado de detenidos las aglomeraciones en la calle adyacente a la cárcel superaron las 50 familias. Las concentraciones de personas mermaron desde que hay visitas.
Audiencia preliminar
A pesar de que Marcelo no tiene acceso a una defensa privada, su audiencia preliminar está pautada para noviembre por los delitos de terrorismo e incitación al odio. Sus familiares han acudido al Palacio de Justicia y a la Fiscalía en un esfuerzo por conseguir un abogado para él.
“Nos dijeron que no teníamos derecho a un abogado privado. Que todo tiene que ser público”, indica Ignacio*.
A diario desde Mariara
Marlene*, de 71 años de edad, gasta más de 200 bolívares diarios viajando desde Mariara, estado Carabobo, hasta Tocorón para visitar a su hijo de 31 años, detenido en el marco de las protestas.
Ella solo ha podido ver a su hijo a través de un vidrio y un teléfono desde su detención. La primera vez que lo vio, estaba rodeada por los custodios de la cárcel.
“Ha perdido peso. Mi hijo es delgado, pero ahora lo está más. No lo vi enfermo, pero nos pidió suero porque no están tomando mucha agua”.
El hijo de Marlene está detenido desde el 1° de agosto. La mujer asegura que él no participó en las protestas en rechazo a los resultados electorales, ya que trabajó como movilizador del oficialismo el 28 de julio.
Desde el 29 de julio de este año, la ONG Foro Penal ha contabilizado 1828 presos políticos en el país.
*Los nombres fueron cambiados para proteger a las fuentes
Lea también:
Un único vaso de agua para tomar y asearse es lo que reciben los privados de libertad en Tocorón