Tarek William Saab y Alfredo Ruíz fueron ratificados para otro periodo de siete años frente a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, respectivamente.
Caracas. La Asamblea Nacional de mayoría chavista ratificó a Tarek William Saab y Alfredo Ruíz como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Esta decisión se acordó, a pesar de los numerosos cuestionamientos por violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH.) que ha enfrentado el Gobierno venezolano tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado.
Tanto a Saab como a Ruíz, que ocupaban los cargos desde 2017, los ratificaron en el seno del Parlamento. Mientras que a Gustavo Vizcaíno, exdirector del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), lo designaron como nuevo contralor general de la República.
La renovación de los miembros del Poder Ciudadano se concretó en 20 de los 30 días que establece la ley para nombrar a estos funcionarios. La designación se oficializó luego de que el Comité de Postulaciones presentó este jueves una lista de elegibles en la que figuraban 48 nombres.
Revisión Exprés
La lista de elegibles depurada y entregada a la plenaria por el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, quien como costumbre dirige estas comisiones para designaciones de miembros de los poderes del Estado, incluyó a figuras como la abogada Katherine Harrington y el hijo del anterior contralor y ahora presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso.
Alessandrello indicó en la plenaria que los 48 aspirantes que pasaron “los filtros” resaltaron entre los 128 ciudadanos que se postularon para estos cargos del Poder Ciudadano desde el 31 de octubre. Entonces, se designó la comisión parlamentaria que inició el proceso para el nombramiento.
Sobre el trabajo del grupo parlamentario, el diputado José Gregorio Correa, opositor tildado de traidor por los opositores tradicionales, destacó que todos los que se postularon confiaron en el trabajo del Parlamento y ratifican su validez.
Los tres cargos se pusieron a consideración del voto de la plenaria de la AN. Seguidamente, prestaron juramento en el hemiciclo de sesiones para ejercer sus funciones durante un periodo de siete años continuos.
Los elegidos
Sin sorpresas, el comité seleccionó a los regentes de la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo entre candidatos con marcada preferencia política por el chavismo.
La Fiscalía estará a cargo de Saab, un abogado, poeta y escritor de 62 años de edad, que se autodefine como defensor de los derechos humanos desde su época como estudiante universitario.
Previamente, en la era chavista, Saab fue parlamentario y también gobernador por el chavismo. Durante su gestión frente al Ministerio Público se ha enfrentado a investigaciones contra el Estado venezolanos por presuntamente haber cometido crímenes de lesa humanidad.
En cuanto a la Defensoría, Ruíz compitió con chavistas como Enrique Ochoa Antich, pero se quedó nuevamente con la designación, pese a que el artículo 280 de la Constitución establece textualmente que “la Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será designado o designada por un único período de siete años”.
La novedad fue el nombramiento de Vizcaíno en la Contraloría, al que también estaba postulado el hijo del excontralor, Elvis Junior Hidrobo.
Vizcaíno reemplazará en el cargo a Jhosnel Peraza, quien estuvo al frente de la Contraloría desde 2023, cuando Amoroso asumió la dirección del Consejo Nacional Electoral.
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Este artículo me parece una descripción clara y concisa de lo ocurrido con la ratificación de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz en sus respectivos cargos. Es sorprendente cómo, a pesar de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, se mantiene a las mismas figuras al frente de instituciones clave en Venezuela.
La selección de estos funcionarios sin sorpresas y con marcada afinidad política por el chavismo evidencia una continuidad en el poder que deja pocas esperanzas de imparcialidad. A pesar de las críticas, el proceso parece reafirmar el control del gobierno sobre estos organismos y refuerza la sensación de que el cambio, al menos en estas instituciones, no está cerca.