La represión en Venezuela en las últimas semanas tuvo su pico los primeros diez días después de las elecciones presidenciales. El 31 de julio, el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, había anunciado la cifra de 1062 detenidos después de las protestas que se dieron entre el 29 y el 30 de julio. El propio Nicolás Maduro aumentó el número a 1200 y calificó a las personas como criminales y terroristas.
Mientras tanto, la ONG venezolana Foro Penal actualiza periódicamente la lista de detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. La cifra del domingo 18 de agosto es de 1503 personas, entre ellas 129 adolescentes, 200 mujeres y 18 personas con alguna discapacidad o enfermedades crónicas.
Además, 25 personas murieron en el contexto de estas manifestaciones, principalmente debido a la represión y accionar con armas de fuego.
Los patrones de detención no son tan complicados de identificar. Además de dirigentes políticos o activistas por los derechos humanos, también hay hombres y mujeres jóvenes en sectores populares. Los testimonios recabados por Efecto Cocuyo durante las últimas semanas también dan cuenta que varios de los detenidos ni siquiera estaban participando en las manifestaciones populares del 29 y el 30 de julio, o en los días siguientes.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) identificó, al menos, doce patrones de violaciones a las garantías fundamentales durante las detenciones que se llevaron a cabo en los estados andinos de Trujillo, Mérida y Táchira.
“Las personas capturadas por funcionarios policiales y militares son sometidas a tratos crueles y degradantes, a través de agresiones físicas y verbales, amenazas, coacciones e impedimento de acceso oportuno a comida e hidratación”, dijo el ODH-ULA.
La represión en Venezuela deja huella en las personas
Las consecuencias de la represión en Venezuela no sólo afectan a los familiares directos de las personas detenidas, heridas o fallecidas. También en el grueso de la población que todavía ve como una opción viable salir a manifestar a las calles.
En las recientes convocatorias de María Corina Machado (sábado 3 de agosto y sábado 17 de agosto) se pudo ver a una gran cantidad de personas en las manifestaciones, pero también se apreciaba miedo y tensión. Sin embargo, los asistentes a las convocatorias se mostraban más animados al ver a la dirigente venezolana.
Mientras tanto, los principales dirigentes opositores se encuentran a resguardo. Pero no sólo ellos. También activistas por los derechos humanos y hasta analistas políticos, que aseguran sentirse amenazados por una posible detención sin justificación alguna.
El pasado lunes 12 de agosto, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un comunicado en el que decía estar “monitoreando activamente” la situación actual en Venezuela.
«La oficina (del fiscal) está evaluando de manera independiente todos estos informes y otra información disponible dentro del alcance de su mandato y jurisdicción. La oficina ha afirmado previamente con éxito su derecho a continuar con las investigaciones en relación con la situación en Venezuela”, señalaba el documento emitido por el órgano internacional.
Los familiares siguen resistiendo
El pasado jueves 15 de agosto hubo un encuentro entre familiares de los presos políticos y los abogados y expertos de Foro Penal. Dicha reunión se dio en Caracas y tuvo una alta afluencia.
El auditorio de la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) fue el lugar pautado donde las personas expresaron sus dudas y temores, pero también contaron las experiencias que han vivido en las últimas semanas.
“Mucha gente tiene la impresión de que, una vez que una persona entra a la cárcel ya no tiene derechos. Eso no es verdad. Incluso es al revés: cuando una persona está presa, pasa a ser una persona particularmente vulnerable y el derecho se articula con las leyes para proteger a esa persona”, explicaba Gonzalo Himiob, abogado y miembro fundador de Foro Penal, a los familiares presentes en el encuentro.
Las palabras de los familiares de los presos políticos variaban. Algunos se mostraban con fuerza y otros tenían muestras de cansancio y miedo en sus rostros.
“¿Cómo es posible que una defensora pública me va a decir que no tiene ni idea de dónde está mi hermano? Tenemos que llenarnos de valor. No podemos dejarnos amedrentar. Busquemos ayuda penal, orientación. Vamos a echarle ovarios porque todas esas personas son inocentes. Mi invitación es que tengan fuerza, no se queden callados, vayan, busquen, hagan”, dijo Mileydi Ocariz, hermana de Edward Ocariz, activista por los derechos humanos de la parroquia Coche que fue detenido el viernes 2 de agosto y, ahora, pasa sus días en el penal de Tocuyito.