Este 27 de mayo se cumplieron 18 años del cierre de RCTV, hecho que sentó bases de una ofensiva prolongada contra la libertad de prensa. Entre 2003 y 2025, 444 medios de comunicación cerraron por políticas restrictivas que atentan contra el acceso a la información y la libertad de prensa, según la ONG Espacio Público.
Caracas. Almacenar información, fotos o contactos en el teléfono representa un riesgo que pocos están dispuestos a asumir, especialmente entre periodistas y trabajadores de la prensa que, bajo amenaza de persecución y cárcel, ejercen su labor desde el anonimato, en medio de una escalada represiva cada vez más intensa.
La práctica sistemática de hostigamiento contra la prensa libre y la libertad de expresión, instaurada por el chavismo hace 26 años, conmocionó al país por primera vez el 27 de mayo de 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez ordenó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) el tercer canal de televisión más antiguo de Venezuela.
El caso de RCTV, fue apenas el primer indicio visible de una política estructurada de censura. Desde 2003 hasta abril de 2025 un total de 444 medios de comunicación fueron obligados a cerrar ante políticas restrictivas que limitan el acceso a la información, según datos de la ONG Espacio Público.
La intimidación y el acoso se han intensificado, permeando el ejercicio del reporterismo de calle. Hasta este 28 de mayo, 16 periodistas y reporteros permanecen detenidos injustamente, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Estas detenciones arbitrarias coinciden con las denuncias documentadas por Espacio Público.
La organización señala un aumento en los casos de comunicadores criminalizados y judicializados por ejercer su labor, especialmente en medios con amplia cobertura.
En el primer cuatrimestre de 2025, encarcelaron 19 personas por ejercer su derecho a expresarse libremente. Ocho de ellas eran periodistas. En seis casos, se les acusó de supuestos delitos de odio que no han sido probados.
Periodismo bajo amenaza
Durante la cobertura de las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó siete incidentes que afectaron el trabajo de periodistas en distintas regiones del país.
El SNTP denunció agresiones a periodistas por militares y civiles, quienes les impidieron tomar fotos, entrevistar o ingresar a centros de votación.
El equipo de Crónica Uno confirmó parte de estas denuncias durante un recorrido por 11 centros electorales, todos custodiados por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
En uno de los centros, un miembro del Plan República prohibió el uso de teléfonos móviles en los alrededores de la institución educativa. El equipo tampoco logró obtener declaraciones de los observadores acreditados por el Consejo Nacional Electoral, a quienes no se les permitió conceder entrevistas durante la jornada electoral.
La ONG Espacio Público advirtió que el riesgo de ejercer el periodismo en Venezuela ha aumentado en el último año. Las restricciones sistemáticas asociadas a violaciones graves ponen en peligro la integridad, libertad y vida de los periodistas.
“Desde agosto vemos detenciones arbitrarias y a inicio de 2025 otra ola de detenciones hacia comunicadores. Luego registramos otros encarcelamientos cerca de las últimas elecciones de mayo. Ahora hay más riesgo de ser detenidos y desaparecidos forzosamente”,
enfatizó la ONG.
Las amenazas también alcanzan a fuentes, voceros y ponentes que participan en foros o divulgan información de interés público.
Control y cárcel
En el contexto de la represión poselectoral, también aumentaron las detenciones arbitrarias de civiles que difunden información por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Un estudio del equipo de Espacio Público recopiló 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión entre enero y diciembre de 2024.
Las principales causas fueron la intimidación (32 %), la censura (20 %) y el hostigamiento judicial y verbal (12 %). “Incluso se ha criminalizado a personas que simplemente gestionan grupos en mensajería instantánea. También se ha criminalizado el ejercicio del derecho a la libre asociación”, indicó la ONG.
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó el pasado 20 de mayo que Venezuela lleva décadas bajo un intento sistemático de control de medios, concentración del poder y ausencia del Estado de derecho.
Vaca ejemplificó esta situación con el encarcelamiento de periodistas, la falta de autonomía institucional para los medios y el uso de cuerpos policiales para revisar equipos electrónicos. Insistió en la urgencia de mantener canales de información abiertos para denunciar estos abusos.
Bloqueos masivos
La censura también ha alcanzado a las plataformas digitales, especialmente a portales informativos. Un estudio de Ve Sin Filtro reveló que, hasta el 3 de mayo, 61 medios de comunicación independientes, correspondientes a 90 dominios web, permanecían bloqueados.
“Esta situación, sumada a la desaparición de medios impresos y la censura que enfrentan las estaciones de radio y los canales de televisión que aún operan, configura un panorama hostil para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de prensa en Venezuela”,
alertaron representantes del proyecto Ve sin Filtro
Al respecto la Internet Society alerta que aunque estos bloqueos pueden eludirse con una VPN para permitir el acceso a contenidos bloqueados, Internet y los servicios a los que acceden no son óptimos, lo que genera una prestación de servicios más deficiente.
La intimidación también busca silenciar a quienes se expresan en línea. Espacio Público identificó un patrón de censura digital en el que se criminaliza la crítica.
Entre enero y diciembre se contabilizaron 120 casos de censura en línea que resultaron en 28 detenciones. Paralelamente, al menos 32 sitios web fueron bloqueados.
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