La mayoría de los familiares de los detenidos denuncian que estos fueron sometidos a torturas y fuertes golpizas para forzarlos a confesar que participaron en protestas con incentivos de pagos por parte de grupos opositores.
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Ramírez Colina fue detenido en su despacho junto a tres funcionarios de la alcaldía y dos escoltas. Según informó el partido Primero Justicia los detenidos fueron trasladados a la sede local del servicio de inteligencia.
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El Consejo de Protección de Niño, Niña y Adolescente tomó medidas en beneficio de 300 niños que presenciaron la protesta pacífica del estudiante. Johan Moreno, estudiante y atleta de la UCV, informó que más de 400 estudiantes se inscribieron para clases de natación, pero “no fueron convocados” por el profesor ni la dirección de deportes.
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Dos organizaciones que agrupan cientos de miembros en todo el mundo enviaron una carta al Estado venezolano manifestando su preocupación por los procedimiento arbitrarios de los que han sido víctimas los detenidos tras las elecciones y pidiendo que se informe sobre sus casos
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Durante los seis meses refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, los seis opositores de Vente Venezuela han sido asediados por cuerpos policiales y amedrentados por el Gobierno que no aprueba su salvoconducto para salir del país.
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Extraoficialmente se conoció que en la sede de Cenapromil Central, centro penitenciario militar ubicado en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, hay detenidos 19 militares de los cuales cuatro son considerados presos políticos.
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En los dos meses que han transcurrido luego del 28 de julio, hechos como la clandestinidad de la líder opositora María Corina Machado, la desaparición y detención de políticos, el exilio forzado del excandidato Edmundo González, la anulación de pasaportes y la desaparición de firmas dentro de medios de comunicación son efecto del creciente amedrentamiento
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La Cámara Federal de Buenos Aires solicitó el arresto internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y más de 30 funcionarios del chavismo por violaciones a los derechos humanos cometidas contra venezolanos actualmente refugiados en Argentina. La diligencia fue encargada a Interpol.
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Desde el 28 de julio pasado se documentaron 15 detenciones de periodistas y trabajadores de la prensa, de los cuales 11 permanecen privados de libertad. Marysabel Rodríguez, integrante de la ONG Espacio Público, sostuvo que “el riesgo de ejercer el periodismo es mucho mayor que antes del 28 de julio”.
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