De acuerdo con la denuncia de familiares y ONG más de 15 detenidos considerados presos políticos y recluidos en El Helicoide se encuentran en condición de aislamiento prolongado, una figura rechazada por la normativa internacional y considerada una forma de trato cruel.
Caracas. Más de 15 presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide se encuentran en situación de aislamiento prolongado. Se trata de una situación definida en Las Reglas Mandela cómo “el confinamiento de presos durante 22 horas o más al día sin contacto humano significativo”.
Este estándar de la Organización de Naciones Unidas (ONU) plantea que si el distanciamiento de la persona privada de libertad se prolonga por más de 15 días consecutivos se considera una forma de tortura.
Esto justamente es lo que denuncian varios familiares de políticos que tienen varios meses detenidos. Algunos tienen casi un año sin ningún tipo de contacto con sus seres queridos o al menos con su abogado.

El abogado y activista de los derechos humanos, Marino Alvarado, explicó a Crónica Uno que el aislamiento es una forma de trato cruel que se aplica a varios detenidos por razones políticas desde las elecciones presidenciales de 2024. Recordó que es deber del Estado erradicar este trato pero, en cambio, se instaura como “una política”.
“En Venezuela se ha constituido en política de Estado la desaparición forzada, pero se ha ido también configurando como política el aislamiento prolongado, sobre todo a partir de la represión del 29 de julio y día siguientes de las elecciones de 2024 hasta nuestros días”.
Aislamiento prohibido
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que “el Estado utiliza sistemáticamente el aislamiento como forma de castigo, violando derechos fundamentales”.
La ONG que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad aseguró que “un grupo de presos políticos” en la sede del Sebin en El Helicoide es sometido a aislamiento prolongado y que sus familiares desconocen el estado de salud en el que se puedan encontrar a partir de su detención. Ni siquiera han recibido alguna fe de vida.
Además de las Reglas de Mandela, en las que prohíben que las sanciones disciplinarias sean cualquier tipo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes como el aislamient; los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en Las Américas determinan que este tipo de mecanismos deben ser prohibidos.
Se trata de parámetros legales internacionales a los que Venezuela está plenamente suscrita, pero no se apega, según la evaluación de esta ONG, de activistas y de los propios familiares de los detenidos bajo estas condiciones.
Tortura doble
Entre los presos políticos en situación de aislamiento prolongado se encuentran los opositores Freddy Superlano, Jesús Armas, Juan Pablo Guanipa, Pedro Guanipa, Américo de Grazia, Luis Palocz, Afredo Díaz, Biagio Pilieri y Perkins Rocha.
Para sus familias se trata de una situación que no solo afecta a los encarcelados, también a sus padres, esposas, hijos y hermanos quienes se ven sometidos a la “incertidumbre” de no saber absolutamente nada de sus seres queridos. Solo conocen que están en los sitios que les confirma la ropa sucia que les devuelven semanalmente.
“Imagina la incertidumbre y la ansiedad que para su familia representa que ya hayan pasado 10 meses y medio prácticamente y nosotros no hayamos podido tener ninguna noticia de Perkins y no lo hayamos podido ver nunca, y ni su médico lo haya podido ver, estamos como en un limbo”, dijo a Crónica Uno María Cipriani, la esposa del abogado y asesor jurídico del partido opositor Vente Venezuela, Perkins Rocha.
A Rocha lo detuvieron la mañana del 27 de agosto de 2024, desde entonces su esposa asegura que, cómo él, toda la familia está “secuestrada”, pues no tienen ningún tipo de información sobre las condiciones de detención de su esposo o su estado de salud que requiere atención especial.

“Estamos con la vida en pausa, a la expectativa de cualquier cosa, sin poder programar una vida hasta no recibir una llamada o una autorización”,
señaló Cipriani.
En una situación similar se encuentra la familia del exdiputado opositor Américo de Grazia, quien tiene 11 meses tras las rejas sin contacto de ningún tipo con familiares o su abogado, ni siquiera por vía telefónica.
María Andreina de Grazia, hija del dirigente del estado Bolívar, contó a Crónica Uno que la información es nula y que solo saben que tienen un complicado estado de salud, pues hace casi dos meses los funcionarios de El Helicoide les entregaron unos récipes médicos para pedirles medicinas con las cuales tratar una afección pulmonar de su padre.
Aseguró que elevaron la denuncia de su detención arbitraria y aislamiento prolongado a instancias nacionales e internacionales, sin ser atendidos en los cuerpos del Estado venezolano que deberían prestarles apoyo, o al menos respuestas
“Lo hemos denunciado en la Defensoría del Pueblo, mediante el Defensor Público. Desafortunadamente ellos no nos prestan ningún tipo de ayuda. A veces no nos atienden y las veces que sí nos atienden es básicamente para decirnos que no hay nada que ellos puedan hacer, ya que mi papá, dicho por ellos, es un preso de los de arriba”.
Ni siquiera la intervención de la Embajada de Italia sirvió para que la familia de De Grazia obtenga información sobre el político venezolano, quien también tiene nacionalidad italiana.

Ante el panorama María Andreina teme que la delicada condición de salud de su padre, quien tiene un hongo pulmonar, se agraven por las condiciones de reclusión y ponga en riesgo su vida.
Su exigencia es precisa y legal: poder visitarlo y que le permitan atención médica.
Sin vigilancia
Marino Alvarado recordó que en 2013 fue sancionada la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objetivo es prevenir, tipificar y sancionar delitos de tortura y tratos crueles, así como reparar a quienes hayan sido víctimas de este tipo de delitos.
Esta misma norma, en su artículo 11, establece que la Defensoría del Pueblo debe estructurar y activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura que tiene la responsabilidad de investigar por su propia cuenta o a través de denuncias tratos inhumanos y crueles, así como la visita sorpresa a centros de detención para constatar el estado de los privados de libertad.
“La Defensoría del Pueblo debería por su propia iniciativa haber iniciado hace tiempo investigaciones que le obliga la Ley Contra la Tortura, porque la Defensoría tiene la responsabilidad de coordinar la Comisión Nacional contra la Tortura y la propia ley establece que, incluso en el caso de que no haya una denuncia concreta, al tener conocimiento de que se pudiera estar produciendo malos tratos y tortura por iniciativa propia debe abrir investigaciones”, explicó Alvarado.
No obstante, aseguró que lejos de esto, la Defensoría, encargada de velar por los derechos de los venezolanos ante el Estado, no da respuestas a los familiares que entregan cartas, peticiones y protestan por el aislamiento de los presos políticos.
Hasta este 14 de julio la ONG Foro Penal computa 948 detenidos que define como presos políticos, en su mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando se desató una crisis a raíz de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
El 27 de junio la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una actualización del informe de la situación de Venezuela, en el que manifestó su preocupación por un mayor deterioro de los derechos humanos en Venezuela y denunció la persistencia de prácticas como las detenciones arbitrarias, tortura y retardo procesal.
Lea también:
Chavismo usa desapariciones forzadas y tratos crueles para silenciar opositores