El gobierno pasó de celebrar las motopiruetas a prohibirlas en apenas 13 meses, tras ocasionar una crisis vial con cientos de accidentes y muertes evitables. Lilian Romero, directora de Asotránsito, advierte que, pese al intento gubernamental, las campañas viales son más virtuales que efectivas, lo que evidencia la falta de control, regulación y espacios seguros para esta actividad.
Caracas. Ángela* sostiene con fuerza el volante mientras regresa a su casa en Antímano. La música de la radio apenas logra escucharse entre el estruendo de los motores. En plena autopista, cinco motorizados han tomado el canal rápido.
La mayoría va sin casco y se balancea con destreza. Uno de ellos levanta la rueda delantera para hacer un “caballito”—una acrobacia en la que la moto se sostiene solo en la rueda trasera—, lo que obliga al resto de los conductores a frenar.
“Eran varias motos. Mientras uno hacía piruetas, otro se deslizaba por el asiento, con los pies en el manillar. Uno tiene que reducir la velocidad para no llevárselos. Los muchachos hacían un en vivo en TikTok. La verdad es muy raro cuando lo veo”.
Esa escena en las calles contrasta con la campaña “Si enciendes tu moto, no apagues tu vida”, anunciada el 26 de agosto por el fiscal general, Tarek William Saab.
La estrategia gubernamental se lanzó con el fin de “garantizar la sana convivencia” y sancionar las “maniobras indebidas”, eufemismo con el que ahora el Gobierno se refiere indirectamente a las motopiruetas, como se conoce popularmente a las acrobacias con motocicletas que incluyen levantamientos de rueda, saltos o maniobras de equilibrio en plena vía.
El anuncio evoca un pasado reciente. Durante la campaña presidencial, los motorizados no eran vistos como un problema de seguridad, sino como un respaldo político: una marea de cascos siguiendo la caravana oficialista.
En Venezuela, los motorizados no son solo conductores de motocicleta: en las últimas dos décadas han tenido un rol social y político particular —como transporte informal, actores de protesta o grupos de apoyo en actos oficiales—.
Visto en perspectiva, para muchos de los aficionados a esta práctica, el aval oficial no fue más que una estrategia para contrarrestar el creciente apoyo a María Corina Machado en un sector considerado tradicionalmente chavista.
El costo en vidas
Ese vaivén entre permisividad y control refleja una contradicción de fondo: lo que ayer se celebraba como espectáculo político, hoy se denuncia como amenaza pública. La misma acrobacia que en un acto de campaña generaba aplausos, en la autopista despierta miedo.
En plena campaña, las motopiruetas dejaron entonces de ser un peligro y se transformaron en espectáculo, en una demostración de fuerza y lealtad política. En los actos de campaña, las acrobacias de los motorizados eran celebradas por los dirigentes más connotados del chavismo.
Mientras avanza el debate sobre la permisividad del gobierno, las calles de Caracas se convierten en escenario de tragedias que exponen la fragilidad de la seguridad vial, más allá de las acrobacias. En menos de una semana se registraron tres accidentes con motorizados.
El 27 de agosto, Orlando Efraín Pérez Rudman, de 63 años, murió tras ser arrollado por un vehículo, mientras viajaba a bordo de una moto. Pocos días después, el 3 de septiembre, una camioneta impactó contra dos motorizados: uno falleció y el otro resultó herido.
Las cifras confirman la gravedad del problema: el Observatorio de Seguridad Vial (OVS) registró en julio 996 accidentes de tránsito en el país. En ellos murieron 119 personas y 393 resultaron heridas. Los motorizados estuvieron involucrados en el 54 % de los casos.
Aliados incómodos
Lilian Romero, directora de Asotránsito, asegura que las políticas del gobierno siempre han favorecido a los motorizados. “Es un gremio fuerte a la hora de manifestaciones y eventos, por lo que es necesario mantenerlos a su favor”.
La especialista explica que esta “campaña de aceptación” se ha sostenido durante años, reflejada en eventos y discursos oficiales. Sin embargo, en los últimos meses el caos en las vías ha alcanzado tal magnitud que incluso las propias autoridades se ven afectadas por el incremento de accidentes, la falta de control y la contaminación sonora.
“La permisividad del pasado se les escapó de las manos y ahora el problema es más visible, simplemente porque hay más motos en las calles”, afirma Romero. “La falta de control, que antes se aceptaba como un mal menor, se ha convertido en un desafío a la seguridad pública que no puede ser ignorado”.
El 8 de junio de 2024, el gobernate Nicolás Maduro declaró las motopiruetas como “deporte nacional” durante la Primera Válida Nacional de Motopiruetas por la Paz. También anunció la creación de espacios especiales y una ley para regular la disciplina, pero un año después no existe normativa alguna.
Alexander “Mimou” Vargas, alto comisionado presidencial “por la vida”, informó que para finales de junio de 2024 presentarían un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, pero hasta la fecha no hay noticias de un avance legislativo al respecto.
Improvisación al volante
Romero sostiene que la legalización ha sido más una declaración simbólica que una política pública real. La organización ha quedado en manos de los propios motorizados.
Aunque se creó una escuela en Propatria, los espacios utilizados en la Yaguara y en Cojedes no están diseñados para garantizar seguridad. Son tramos de vía cerrados improvisadamente para que los jóvenes realicen sus acrobacias.
“A diferencia de un deporte organizado, donde los atletas tienen uniformes, régimen de alimentación y sus equipos reciben mantenimiento, las motopiruetas han quedado como eventos sociales improvisados. Varios chicos se reúnen, contratan una miniteca, cierran un espacio y hacen motopirueta donde no hay ambulancias, Protección Civil o bomberos”, detalla.
Según Romero, el decreto que elevó esta práctica a deporte nacional no fue acompañado por un reglamento. No se precisa qué motos se pueden usar, cuáles son las reglas de seguridad ni quiénes supervisan.
Se trata de un movimiento recreativo que, al carecer de fundamento y organización, se ha vuelto impredecible y riesgoso.
Campañas para la foto
De acuerdo con Romero, las medidas aplicadas, como los operativos de control y las campañas de educación vial, tienen más presencia en redes sociales que en las calles. En la práctica, el control de tránsito en Venezuela es muy limitado: pocos funcionarios, poca formación técnica y escasa capacidad para sancionar.
Critica además que los folletos de seguridad vial que se reparten son de “muy vieja data” y no responden a las necesidades actuales. Las multas y la retención de motos, añade, parecen más una estrategia para infundir temor que una política coherente.
La experta considera poco probable que estas acciones sean efectivas, pues son insuficientes y carecen de una ley específica que regule las motopiruetas. Sin supervisión constante y sin un marco legal sólido, las maniobras indebidas y la imprudencia vial seguirán siendo una amenaza para las comunidades.
La Ley de Transporte Terrestre, en su artículo 169, tipifica como falta grave conducir realizando maniobras prohibidas e impone sanciones de 10 unidades tributarias, una medida económica que en la práctica pierde eficacia por la inflación y la falta de cobro efectivo.
“Estas leyes establecen que no se pueden hacer piruetas ni motopiruetas en ninguna avenida, a menos que sea un espacio señalizado para ello”, recalca.
Sin preparación para el riesgo
A juicio de la directora de Asotránsito, Venezuela “no estuvo ni está preparada” para asumir un deporte extremo como las motopiruetas. Insiste en que la educación vial, la organización, el control y la responsabilidad son esenciales para desarrollar actividades de este tipo.
“La mayoría de estos muchachos no tienen idea de lo que son las señales de tránsito. Entonces la educación vial tiene que ser prioridad antes de decir que un muchacho es deportista”, dice Romero.
La educación vial —que incluye desde el respeto a señales de tránsito hasta la conciencia del riesgo— es casi inexistente en la formación de los conductores venezolanos, en especial entre los más jóvenes.
Aunque el Gobierno ha anunciado mayor control en las vías y campañas de educación vial, la percepción es que estas acciones son más una puesta en escena que una política pública efectiva, pues cada día aumentan los siniestros viales y las muertes vinculadas a estas prácticas. Sin un cambio legal y sin personal que haga cumplir la normativa, la regulación de las motopiruetas seguirá siendo un simple anuncio.
Las motos, que en Venezuela han sido símbolo de movilidad, de protesta y hasta de lealtad política, hoy encarnan una paradoja: entre el deporte y el riesgo, entre la celebración y la tragedia.
El país enfrenta en ellas un espejo de su propia fragilidad institucional: sin reglas claras, sin control efectivo y sin educación, cualquier intento de regulación termina diluyéndose en el ruido de los motores. Resolver el dilema no es solo cuestión de tránsito, sino de cómo se gobierna el espacio público y se construye ciudadanía.
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