Marino Alvarado, integrante de Provea, considera que a un año de las elecciones el Ministerio Público no ha mostrado interés en dar información sobre las 25 personas asesinadas durante las protestas del 29 y 30 de julio.
Caracas. Pausó los estudios de su hijo de cinco años, se separó de él y se fue a vivir a un refugio porque se le hace imposible pagar el alquiler de una habitación. Estas son algunas de las consecuencias que Elizabeth Acosta atraviesa desde que a su esposo, Luis Enrique Marín, lo detuvieron el contexto de las manifestaciones poselectorales.
Cuando los días son mejores consigue los $30 que le permiten compartir un espacio con un grupo de mujeres, quienes también tienen familiares detenidos y se ayudan entre sí.
“Si nos toca comer pan con agua, comemos pan con agua, pero juntas”,
cuenta.
Aunque su esposo es quien está privado de libertad en el penal de Tocorón, ella también está en una “cárcel invisible” que la obligó a separarse de los suyos. Sin embargo, pone todo su esfuerzo en probar la inocencia de Luis.
Familiares relataron a Crónica Uno que la detención de sus parientes, quienes este 29 de julio cumplen un año tras las rejas, causó daños físicos y psicológicos tanto para los menores de edad como para los adultos.
El Foro Penal Venezolano verificó 849 personas adultas y cuatro adolescentes siguen detenidos hasta el 21 de julio. En su mayoría, sin importar la edad, comparten cargos como terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública. Ninguno tuvo derecho a juramentar a un abogado de su confianza.
En cambio, se han visto obligados a recibir su defensa por parte de abogados públicos que no tienen acceso a expedientes, ni a información que permita realmente intervenir en el proceso plagado de una ralentización constante y audiencias diferidas.
A Luis lo detuvieron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en el sector Coromoto de Maracaibo, el 29 de julio de 2024, cuando iniciaron las protestas en rechazo a los resultados de los comicios electorales. Regresaba del trabajo.
A Elizabeth le preocupan los problemas de salud que afectan la circulación y pulmones de Luis. Pero le asusta mucho más su salud mental. “Me ha dicho que se quiere suicidar”.
Sin información de investigaciones
Marino Alvarado, integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que debido a la represión durante las protestas poselectorales hubo un aproximado de 2400 personas detenidas, según cifras gubernamentales, y un total de 25 personas fallecieron.
“25 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones y, a un año de eso, el Ministerio Público no ha dado ninguna información sobre el avance de las investigaciones, por lo que parece que hay una disposición y voluntad de mantener la impunidad”.
Por otra parte, asevera que la represión sembró miedo en muchas organizaciones sociales y en la sociedad civil. Sin embargo, las protestas de distintos grupos no cesa.
“Las protestas de los familiares de los presos han desafiado el sistema represivo porque son constantemente vigiladas por los cuerpos policiales. También han estado movilizados jubilados y pensionados, profesores universitarios y otras organizaciones. Pero evidentemente hubo un impacto negativo porque las personas lo piensan más que antes del 28 de julio para protestar”, recalcó.
Para Alvarado la indignación no se ha podido apagar en la población descontenta con los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la agudización de los problemas económicos, por lo que considera que la gente podría “superar” el miedo.
Hacer lo posible
Con un cartel en sus manos María*, de 16 años de edad, observa unas fotografías que cuelgan frente al Ministerio Público, en Parque Carabobo. Aunque ya salió de vacaciones, la adolescente acompaña a su madre a protestas pácificas para exigir la libertad de su hermano Jesús Gabriel Jiménez, quien está detenido desde el 29 de julio.
«En donde se encontraba yo lo podía ir a ver y estar un rato con él, pero desde que fue trasladado no he podido verlo más», dice sobre el traslado de su hermano al Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón.
Las cárceles de Tocorón y Tocuyito (Carabobo) luego de ser desalojadas, las habilitaron para albergar a los presos políticos electorales, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Los primeros detenidos en las protestas fueron enviados a comandos policiales y posteriormente a estos centros penitenciarios.
Inicialmente en el penal de Yare III estuvo un grupo de detenidos en este contexto, pero luego fueron trasladados.
Sorángel Arguinzones, madre de Jesús Gabriel, asegura que para María pudiese afrontar el año escolar con la detención de su hermano, tuvo que buscar ayuda psicológica.
La madre sostiene que ha hecho lo que puede para mantener su hogar, cuyos gastos compartía con su hijo mayor y Jesús Gabriel.
“Dependiamos de un negocio de comida rápida, pero me tocó buscar otros trabajos alternativos porque ya no podía atenderlo. Yo he tenido que trabajar en casas de familia, algo que no había hecho nunca. También vendo arepas, pasteles y ese tipo de cosas cuando puedo”, agrega Sorángel.
Golpes y malos tratos
Jesús Gabriel fue aprehendido en el estado Mérida por funcionarios y civiles armados, cuando transitaba en su carro. Lo golpearon en distintas partes de su cuerpo, así demostró el examen forense que vio su madre.
El joven recuerda que los hombres gritaban “‘mátalo, mátalo” mientras le pegaban. Aunque su madre presume que no le quitaron la vida porque se dieron cuenta de que él era efectivo del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas.
El OVP documentó en su informe que los tratos crueles, inhumanos y degradantes se utilizan como mecanismo de tortura.
“Golpizas, encierros, en celdas de castigo, exposición prolongada al sol, restricciones severas de agua, alimento, desnudez forzada y aislamiento prolongado. Advertimos la existencia de los llamados tigritos, utilizados para castigar a los reclusos. Estas celdas carecen de ventilación e iluminación y están en condiciones inhumanas. Algunos de estos espacios tienen temperaturas extremadamente bajas, donde los reclusos son desnudados, privados de cobijas y aislados por lapsos de hasta 15 días”, agrega el OVP.
Hacinados
Desde el 28 de agosto Juan Diego Lucena permanece en un espacio de 2×3 metros junto con otros 19 reclusos en la sede del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas), de la avenida Lara de Santa Rosa, en Barquisimeto.
Desde hace 11 meses vive en condiciones de hacinamiento que empeoran su ansiedad, diagnosticada desde que tiene 12 años de edad. Para ayudarlo pueden suministrarle solo los medicamentos para la taquicardia, pero no los indicados para tratar su salud mental.
“Mamá, ¿qué estás haciendo por mi? Yo no quiero ser enjuiciado. No hay nadie que le gane al Estado”, insiste en cada visita en la que ve a Miriam Yépez, su madre, quien se dirige a los entes públicos frecuentemente pero la ignoran y se queda a la espera de respuestas y documentos que no llegan.
Los calabozos policiales pueden albegar a presos durante un lapso máximo de 48 horas. Sin embargo, en las cárceles hay 22.019 personas y la capacidad es para 15.096 reclusos. El hacinamiento crítico en los penales, sumado al retardo procesal penal convirtió a las comandancias en sustitutos de cárceles.
“Funcionan como cárceles improvisadas, sobrepobladas y carentes de condiciones mínimas de habitabilidad”, relata el OVP.
A Miriam también le preocupa su nieta, de nueve años de edad, quien acude al psicólogo porque está muy afectada tras la detención de su papá. “Me dice que no sabe por qué su papi está preso si él no es un hombre malo”.
La niña visita a su papá en el comando policial una vez al mes. “Cada visita es llanto y abrazos entre ellos”.
Juan Diego fue detenido en su negocio en el que ofrece servicio técnico telefónico. Los funcionarios dijeron que se trataba de una investigación “rápida” por el robo de una moto, por lo que al terminar esa tarde, ya estaría libre. Algo que no ocurrió.
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