Los activistas de los derechos humanos, Marino Alvarado y Joel García, coinciden en que la libertad de deportados venezolanos enviados a El Salvador y de los presos políticos en Venezuela no puede condicionarse a un acuerdo entre gobiernos.
Caracas. La propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de canjear a 252 venezolanos privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad de ese país por la misma cantidad de presos políticos detenidos en Venezuela es tildada de ilegal por abogados y defensores de derechos humanos.
Para el abogado y defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, no se requiere de “un chantaje” o “presiones” externas para tramitar la liberación de los presos políticos en Venezuela o del retorno de los migrantes detenidos en El Salvador.
Con esto coincide el jurista Joel García, para quien “la solución a la violación a los derechos humanos y a la violación al debido proceso no tiene que ver con un canje de prisioneros”.
En conversaciones con Crónica Uno, ambos activistas coincidieron que el “canje de personas” en medio de negociaciones políticas va en detrimento de las garantías fundamentales de los ciudadanos y promueve la utilización de las personas.
“Lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es poner en libertad a los presos políticos y no esperar que se ejerzan presiones de otros países para que haga lo que por voluntad debería ser”,
añadió Alvarado.
Un chantaje
La propuesta de Bukele, planteada como “un acuerdo humanitario” y expuesta en las redes sociales del presidente salvadoreño, plantea un chantaje que no representa una solución real para los presos políticos de Venezuela, según los juristas consultados.
“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, expuso Bukele en X (antes Twitter).
El planteamiento del mandatario centroamericano es la repatriación de 252 venezolanos “a cambio” de privados de libertad por razones políticas como Rafael Tudares, el yerno de Edmundo Gonzalez, o del periodista Roland Carreño, entre otros.
Señor @NicolasMaduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2025
A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el…
Al respecto, el activista Marino Alvarado es tajante al afirmar que “no puede condicionarse la libertad de inocentes a una negociación política entre dos gobiernos autoritarios”.
A su juicio, es necesario que la liberación de las personas de Venezuela detenidas en una cárcel de máxima seguridad de El Salvador sea un paso inmediato y sin condicionamiento por parte de Bukele.
“La propuesta de Bukele se presenta como solidaria con los presos políticos venezolanos, pero es una actitud de hipocresía porque a otros venezolanos bajo su régimen se les están violando los más elementales derechos humanos”, sentenció.
Propuesta condenable. El uso de presos como ficha de canje. Lo mismo que hace el gobierno venezolano con los presos políticos.
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) April 20, 2025
Los venezolanos presos en el salvador deben ser liberados y enviados a Venezuela. https://t.co/89D7P8jIFj
“No son fichas”
Joel García, dedicado a la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, asegura que Bukele no ofrece una “alternativa viable”, pues no resuelve un problema de detenciones arbitrarias bajo la administración de Nicolás Maduro.
“La solución a la violación a los derechos humanos y a la violación al debido proceso no tiene que ver con un canje de prisioneros, sino solamente con cumplir la ley tal y como está escrita. Es decir, el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y a la ley”, dijo.
Explicó que los privados de libertad en centros de reclusión como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, deberían vivir procesos judiciales legales y transparentes que les permitan a sus defensores demostrar la inocencia ante los cargos que les imputan y acceder a su liberación.
Pues un canje, “un intercambio humanitario”, que ya se ha empleado en Venezuela, no resolvería el problema de todos los presos políticos que, de acuerdo con el Foro Penal, rondan los 903 detenidos.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 31/03/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
— Foro Penal (@ForoPenal) April 3, 2025
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 903*
Desde la semana pasada
Hombres: 815
Mujeres: 88
Civiles: 736
Militares: 167
Adultos: 898
Adolescentes: 5
Encarcelados: 7
Excarcelados: 0… pic.twitter.com/5U42dasqkI
“Si los jueces y los fiscales del Ministerio Público cumplen con la Constitución, esas personas deberían salir de libertad. Si tienen responsabilidad deben ser condenados, pero no deben someterse a esta situación que están viviendo ahora”, dijo.
Las interrogantes del fiscal
La respuesta más contundente a la propuesta de Bukele fue la de Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta ANC, quien tachó de cínica la idea en un comunicado publicado la misma noche que se difundió la solicitud del mandatario.
En el escrito, el funcionario venezolano plantea varias interrogantes sobre la situación de los detenidos de nacionalidad venezolana que se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), tras ser enviados por el gobierno de Estados Unidos.
Saab emplazó a Bukele a responder qué delitos cometieron los privados de libertad venezolanos en El Salvador, cuándo fueron presentados judicialmente, si han tenido acceso a algún abogado y si les permitieron comunicarse con alguien.
García aseguró que el fiscal venezolano también tiene el deber de responder estas mismas preguntas, pero con respecto a los detenidos por razones políticas en Venezuela.
El jurista citó ejemplos como el caso del periodista Roland Carreño y aseguró que todas las preguntas que planteó el fiscal son respondidas de forma negativa en esta detención, ya que no tiene derecho a la defensa, a una llamada, a un juicio ni a una presentación como está establecida en la ley.
A su juicio, un sistema de justicia realmente justo e imparcial sería la solución a la crisis de derechos humanos en Venezuela y no un “intercambio humanitario”.
“Como activista y defensor de los derechos humanos, cualquier propuesta de canje de personas que están privadas de su libertad, bajo la forma que sea, yo la rechazo, es decir, no tolero que las personas sean utilizadas como fichas de canje, que sean utilizadas como bienes, como cosas, como objetos”, añadió.