Familiares de los privados de libertad en las celdas de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, cuentan que los gastos frecuentes en medicinas incrementan su presupuesto, ya que además deben costear las tres comidas diarias y el pasaje para llegar hasta el centro de detención preventiva.
Caracas. Desde hace dos años Altagracia* prepara una bolsa con desayuno, almuerzo y cena y la lleva todos los días a los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, donde su hijo está preso.
A pesar de que el artículo 44 de la Constitución de Venezuela establece que las personas no pueden pasar más de 48 horas en los centros de detención preventiva, Alejandro tiene 24 meses a la espera del inicio de su juicio.
Al hombre, de 37 años de edad, lo detuvieron durante un operativo policial en La Dolorita, estado Miranda, por presunta posesión de drogas. Su madre insiste en que no hay pruebas en contra su hijo.
Una de sus mayores preocupaciones de la madre son “las ronchas” en la piel de Alejandro, que se tratan con medicamentos y antibióticos, según la gravedad del momento. Además ve un drástico cambio físico en su hijo, quien “visiblemente” perdió masa muscular.
A pesar de llevar lo que necesite para calmar la sensación de picazón generalizada en todo el cuerpo, la piel de su hijo “nunca” se cura del todo.
Enfermedades por hacinamiento
La madre cuenta que Alejandro, presuntamente, ha compartido celda hasta con 200 presos. “Ahí no tienen condiciones para estar. No hay ventanas, no hay nada”.
El hacinamiento “es el mal más terrible” que tiene el sistema penitenciario de Venezuela, desde cárceles hasta centros de detención preventiva, de acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Asegura que la sobrepoblación aumenta el riesgo de la propagación de enfermedades infecciosas, respiratorias, gastrointestinales y diarréicas.
“El hacinamiento también trae problemas de salud mental como estrés psicológico y alteraciones del sueño”.
En enero de 2025 el OVP advirtió, a través de un informe, que los reclusos que se encuentran en las celdas de la PNB Boleíta, conocido como la antigua zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, atraviesan condiciones “inhumanas”.
En la investigación resaltaron que la falta de ventilación y luz solar favorece la propagación de enfermedades.
“El hacinamiento y las condiciones insalubres han desencadenado una crisis de salud pública. Enfermedades como tuberculosis, VIH, hepatitis, sarna y diarrea son comunes entre los reclusos de este centro”,
expone el informe.
En 2012 la ministra para el Servicio Penitenciario de entonces, Iris Varela, presentó el Plan Cayapa, cuyo propósito era acabar con el retardo procesal y facilitar el otorgamiento de fórmulas alternativas al cumplimiento de las condenas en prisión, para acabar con el hacinamiento en las cárceles. Pero no se conocen cifras que muestren los resultados del mismo.
12 años más tarde de la creación de dicho plan, en 2024, la ONG Una Ventana a la Libertad indicó que el hacinamiento en los calabozos incrementó a un nivel “espantoso e inhumano”, porque se cerraron cárceles en el país y no se cumplió la promesa de construir nuevas.
Las “ronchas”
Familiares de los detenidos en la PNB de Boleíta aseguran que las enfermedades de la piel y las respiratorias son “el pan de cada día en este centro de detención preventiva”. Esta situación incrementa los gastos diarios de los parientes, ya que además de llevar comida y botellones –para tomar agua y bañarse– también compran medicamentos para atacar estas afecciones.
“Mi hijo siempre se la pasa con piquiñas y ronchitas todo el tiempo. Eso me preocupa mucho”, asegura Amilcar*, quien tiene a su hijo, de 21 años de edad, detenido en zona 7 desde marzo de 2025.
Además del desgaste psicológico que implica las demoras del juicio, su familia se ve afectada por los gastos que conlleva trasladarse diariamente desde Guatire, donde vive, hasta Caracas donde queda el centro de detención preventiva.
“Yo gasto 100 bolívares diarios para venir acá. A veces no tengo suficiente para la comida en casa, pero siempre busco la manera de traerle a él”, admite el padre de 63 años de edad.
Durante las visitas es muy poco lo que su hijo puede decirle. Sin embargo, le contó que las condiciones en las celdas no son aptas “para ningún ser humano”. En el mismo lugar conviven hasta 90 presos, según información del OVP publicada en enero.
“Ahí mismo en donde están hacen sus necesidades en bolsas. Todo eso allí frente al resto. Si quieres mejores condiciones y que te lo saquen a una mejor celda, tienes que pagar. Nosotros podemos”,
cuenta el padre.
El retardo procesal penal es otra consecuencia de la sobrepoblación en los centros de detención preventiva, asegura Prado. Y también incrementa la violencia en lso calabozos, ya que se generan riñas colectivas o individuales por el espacio o por el cobro de la “causa” -una suma de dinero a cambio de seguridad o beneficios-.
Tarifa plana
“Si yo quiero ver a mi hijo debo pagar $5. En mi caso no puedo pagarlo, así que vengo a verlo solo los miércoles, porque la visita gratis. No es justo que tengamos que pasar esto”, dice Amilcar sobre su hijo, quien trabajaba junto con él en construcción.
Familiares contaron a Crónica Uno que si pagan pueden pasar hasta siete horas con su familiar, cualquier día de la semana.
“Yo hoy vengo a estar desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.”, dice una mujer que viaja desde Maracay, en el estado Aragua, para visitar a un pariente.
Los entrevistados insisten en que todos los beneficios que se quieran tener en el centro de prisión preventiva de Boleíta, tienen el costo de $5.
“Si quieres una sábana son cinco dólares, si quieres visitar fuera de los días establecidos son cinco dólares, si quieres que tu familiar salga a ver el sol al patio un rato son cinco dólares. Todo lo mínimo cuesta eso”, relató un familiar.
No se olvida
El hijo de Cristina* quedó en libertad hace dos años. No obstante, la madre insiste en que las secuelas que le dejó el centro de reclusión preventiva permanecen no solo en la mente del joven, sino también en su salud.
“Mi hijo tiene tuberculosis. Él se contagió allí. También tiene marcas en todo el cuerpo porque le llegó a dar sarna y otras enfermedades en la piel”,
dice la madre, quien subraya que es “bastante difícil” conseguir las medicinas necesarias para tratar esta enfermedad infecciosa.
Por eso acude a la medicina natural, un recurso que a su juicio es de gran ayuda.
Recuerda que cuando su hijo empezó con los síntomas de la enfermedad, que incluyen tos con sangre, fiebre, pérdida de peso y escalofríos, pidió asistencia médica pero no se le brindó.
“También pedí llevarlo a un hospital cercano para que me le hicieran los exámenes pero no dejaban. La única manera que conseguí fue pagar para que le sacaran una muestra y que me dejaran sacarla de ahí y llevarla a un hospital. Así supe que tenía tuberculosis”, explica.
Prado explica que si en los centros de detención preventiva no hay un personal calificado no se puede clasificar a la población reclusa según la edad, el delito, el grado de peligrosidad o si está condenado o procesado.
De acuerdo con el artículo 272 de la Constitución de Venezuela “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”. Y los centros de detención preventiva carecen de estos espacios en beneficio de los privados de libertad, ya que no fueron diseñados para albergar a personas por más de 48 horas.
“El problema del hacinameinto no es del preso sino de las autoridades, porque toda la población reclusa está bajo la custodia del Estado y si el Estado no tiene un personal debidamente capacitado tendremos un caos penitenciario”