Hasta el 21 de abril, el Foro Penal contablizó un total de 890 presos en el marco de las protestas poselectorales. De esa cifra, cinco son adolescentes.
Caracas. “¿Pero cuándo?” le pregunta Rosa Farfán al defensor público. Él le dice que su hijo, Diego Pumar, va a salir del Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, en donde tiene casi nueve meses preso. No le dice cuándo.
Desde su ausencia llevar los gastos de la casa se volvió una tarea difícil porque el joven de 25 años era quien salía a la calle para vender tequeños y alquilar lavadoras.
En consecuencia la madre, de 55 años de edad, recurre a la ayuda de familiares, amigos y rifas con el propósito de poder con los gastos que implican visitarlo: costo de pasajes, compra de galletas, panes y chocolates, que es lo que puede llevarle al centro penitenciario; además de la comida y viajes a Caracas, cuando necesita entregar documentos que le solicitan por el caso.
Diego fue detenido en Barinas, el 29 de julio de 2024, día en que iniciaron las protestas poselectorales en distintos sectores del país, grabó un audiovisual en el que se veía cómo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presuntamente golpeaban a un adolescente.
“Cuando lo vieron, un guardia lo agarró y se llevaron. Mi hijo no es activista, no es político. Ni siquiera estaba inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Salió ese día a grabar y ver qué estaba pasando. No es un delincuente”, asegura.
En el olvido
El temor más grande de Rosa es que su caso quede en el olvido por otros temas que afectan al país y que su hijo termine siendo enjuiciado sin haber cometido ningún delito. Por eso cargos como terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y obstrucción a la vía pública, no tienen ningún sentido para ella.
También que se siga agravando su salud mental que ya requiere medicamentos para tratar la recién diagnosticada depresión.
El tiempo y la poca respuesta de las autoridades le juegan en contra, pero recalca que no dejará de luchar por su hijo. Por esa razón este martes, 29 de abril, viajó desde Barinas hasta Caracas junto con otras madres quienes tienen a sus hijos también.
Con sus franelas que muestran las fotografías de sus hijos a color y los oficios de cada uno, las tres mujeres acudieron a la convocatoria hecha por el Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clipp), frente al Ministerio Público, en plaza de Parque Carabobo.
“Éramos 60 y quedan ocho. Lo que queremos es que los saquen porque esos muchachitos se están enfermando de la mente. Es preocupante”, dice Erika Guerrero, madre de Alexzey Cáceres, quien le pide al fiscal Tarek William Saab que se ponga “la mano en el corazón”.
El joven de 21 años fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Barinas, cuando se disponía a entregar unos exámenes de laboratorio como parte de su trabajo como mensajero.
Aunque algunas madres refieren que en la cárcel de Tocorón ha mejorado “un poco” la situación con la comida, lo único que desean es ver a sus hijos fuera: “Mi hijo estaba pesando 72 kilos y bajó a 42, pero se ha recuperado un poco. Está en ese proceso”, dice Yuleidi Jiménez, mamá de Yordan Moreno, de 22 años.
Hasta el 21 de abril, la ONG Foro Penal contabilizó un total de 890 presos detenidos en el marco de las protestas poselectorales. De esa cifra, cinco son adolescentes.
“No son delincuentes”
Con sus pancartas que muestran nombres y fechas de detención de sus parientes, así como frases en rechazo a las violaciones de los derechos de los detenidos y cantando consignas como «no más discursos, no más mentiras, los presos claman justicia y vida», los familiares de los presos políticos dieron vueltas alrededor de la plaza de Parque Carabobo antes de entregar un documento con la actualización de la situación de los detenidos.
«Tras dos meses de finalizar la ruta por la justicia y la libertad, que consistió en visitar cinco instituciones del Estado donde denunciamos las reiteradas violaciones a las que son objeto los presos políticos y sus familias, estamos por décima vez frente al Ministerio Público denunciando que no hemos recibido respuestas oportunas», señaló Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel
Andreina recordó que desde hace tres meses no tiene permitido visitar a su hermano, recluido en el Rodeo I.
En este sentido, expresó su preocupación y temor a que el hijo del exministro de Defensa de Hugo Chávez esté siendo sometido a torturas: «La única certeza que tengo es que su vida se está consumiendo en ese centro de tortura. El jueves pasado tuvo la audiencia de apelación de forma telemática y su abogada pudo presenciar que tenía un brazo inmovilizado, lo que ratifica que está siendo torturado».
Rechazó que a otros familiares de reclusos de El Rodeo I les han prohibido visitar a sus parientes después de una vigilia llevada a cabo el pasado 13 de abril.
Sairam Rivas, esposa de Jesús Armas, quien está por cumplir siete meses retenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, repudió las amenazas a las que son sometidos los familiares y la falta de respuesta del Gobierno.
«Por eso queremos hacer la convocatoria a la segunda ruta por cinco días consecutivos iremos a distintas embajadas que están en Venezuela. En cada una de ellas queremos hacer un llamado al ejecicio de la diplomacia y solidaridad internacional y a que cada una de estas embajadas y cuerpos diplomáticos de estos países puedan interceder ante el Estado en Venezuela», dijo.
La ruta se hará desde el 5 hasta el 9 de mayo en las embajadas de Colombia, México, Brasil, Japón y finalizará en la Unión Europea.
Al finalizar la actividad, el Comité de Presos Políticos dio a conocer que el Ministerio Púbico rechazó el documento por no cumplir con los lineamientos, a lo que el comité enfatizó que la fiscalía tiene el deber constitucional de recibir este tipo de escrito e investigar las denuncias formales de las victimas.