En Venezuela, apenas 12 % de la población cuenta con seguro médico y los hospitales públicos enfrentan escasez de recursos. Esta precariedad eleva los riesgos durante el embarazo y evidencia la falta de políticas de salud materna efectivas, alertó Carlos Cabrera, ginecoobstetra y miembro de la Academia Nacional de Medicina.
Caracas. Desde que que lo confirmó, el embarazo de Claudia* ha estado marcado más por la incertidumbre que por la alegría. Tuvo que enfrentarse a aseguradoras que la rechazaban por llegar “demasiado tarde”, a hospitales públicos donde la atención es limitada y los recursos escasos, y a la urgencia de encontrar un médico que le ofreciera seguridad.
Sus intentos, junto a su esposo, por obtener una póliza de salud fueron infructuosos. Las aseguradoras negaron la cobertura. En todas le alegaron que el embarazo ya estaba avanzado, –una práctica común en seguros privados, que suelen excluir condiciones preexistentes o procesos ya iniciados–. Solo una empresa aceptó asegurarla, pero con la exclusión total de los gastos del parto.
En Venezuela, donde según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) apenas 12 % de la población cuenta con seguro médico o cobertura de salud prepagada, su maternidad se convirtió en una carrera contrarreloj para asegurar atención y protección en un sistema debilitado.
Contra la incertidumbre
Ante la negativa de las aseguradoras y la inseguridad de la red pública, Claudia y su esposo empezaron a buscar alternativas privadas que se ajustaran a su presupuesto. “Al principio me veía con una ginecóloga en la zona de Altamira, pero no me convencía”, contó.
Claudia confesó que —como muchas pacientes primerizas— buscaba señales de confianza que no encontraba. En varias consultas salía con la sensación de haber “perdido el tiempo”, algo que aumentaba su ansiedad.
La recomendación de un amigo de su esposo, cuya pareja había dado a luz recientemente, la llevó a conocer a otro especialista. Luego de investigarlo, Claudia encontró un “muy buen perfil” y decidió asistir a una primera consulta.
“Quedé satisfecha con la profesionalidad del médico y comencé el control. Las primeras tres consultas fueron pagadas a un costo de $40 cada una”, detalló en su relato a Crónica Uno.
Añadió que en su cuarta consulta el médico le propuso un plan de financiamiento. La oferta cubría los gastos del parto y el posparto en varias clínicas privadas —el monto total depende de la clínica—.
Ella y su pareja aceptaron. Claudia aseguró que, aunque la propuesta la sorprendió, sintió por primera vez en meses que podía organizarse y retomar cierto control sobre su proceso. Pa ella este aspecto es especialmente valioso en un sistema de salud caracterizado por la incertidumbre y los costos variables.
Riesgos del financiamiento
El ginecoobstetra Carlos Cabrera advirtió que esta modalidad de financiamiento implica riesgos. En muchos casos, las clínicas que la ofrecen rara vez cuentan con lo necesario para atender partos, –como bancos de sangre, unidades de emergencia completas o equipos quirúrgicos 24/7–.
De acuerdo con el especialista, en los centros con buena capacidad de neonatología y atención integral para la madre y el bebé no suelen ofrecer estas promociones.
“Las que ofertan esto normalmente lo hacen las clínicas que están en condiciones o en situación económica precaria, y que buscan subsistir, al igual que los médicos obstetras. Esto es una medida de necesidad tanto de las clínicas para pagar sus gastos fijos, como de los obstetras que, prácticamente, regalan su trabajo, hasta lo rifan”,
sostuvo Cabrera.
En algunas consultas, Claudia tuvo que llevar insumos, medicamentos e implementos. Por ejemplo, debido a la anemia que presentó en el segundo trimestre, llevó al consultorio las ampollas para el tratamiento con hierro. Esta situación es frecuente en Venezuela, donde muchos centros privados y públicos exigen que el paciente proporcione sus propios insumos–.
“Recuerdo que muchas veces tuve que necesitar una enfermera para tratamientos y el doctor siempre tenía a esa muchacha para mí”.
El especialista subrayó que otro problema de estos planes es que, ante una complicación —tanto del recién nacido como de la madre—, es probable que estas clínicas no cuenten con servicios como una Unidad de Cuidados Intensivos neonatal o materna. Estas instalaciones son indispensables cuando ocurre una emergencia durante el parto.
“Las complicaciones en Venezuela son frecuentes, por la situación que tenemos. Hay niños con muy bajo peso al nacer, niños que vienen con problemas, y niños de madres preeclámpticas y diabéticas que necesitan cuidados especiales”, explicó.
A esto se suman los casos de bebés con malformaciones congénitas no detectadas que “requieren de la actuación de neonatólogos de altísima calidad, y también, obviamente, algunas veces de un equipo de cirugía pediátrica, de tener un cuidado intensivo importante para que las complicaciones sean atendidas”.
Flexibilidad de Pago
El plan al que accedió Claudia no solo ofrece financiamiento, sino también una cobertura integral. Desde la primera consulta le mostraron cuatro opciones de clínicas para dar a luz, que puede escoger según sus necesidades o posibilidades económicas.
Las opciones incluyen centros en Caracas como la Clínica Las Ciencias, la Clínica Herrera Lynch, la Clínica Santa Paula y la Clínica Arboleda. Para la pareja, lo más importante es que el plan cubre cualquier eventualidad, ya sea un parto natural o una cesárea, lo que representa “una gran tranquilidad”.
“Muchas veces una llega pensando que será parto y luego hay alguna complicación que requiere la cirugía. Saber que el costo no cambia es un alivio”,
expuso.
Para Claudia, esa posibilidad de elegir —aunque limitada— le devolvió cierta sensación de seguridad en un sistema donde casi nada es predecible.
Aunque admitió dilema ético, Cabrera no descartó que la iniciativa sea una alternativa para embarazadas con menos recursos. “Me parece válido, desde mi óptica, porque es una manera de facilitar que la persona pueda ir cancelando para ser atendida en un momento dado. Más excluyente es negarlo o no atender a la paciente si no ha cubierto el monto completo”.
Falta de políticas públicas
Para Cabrera, la crisis prenatal en Venezuela es multifactorial, –es decir, causada por varios elementos que interactúan entre sí–, pero el principal problema es la ausencia de políticas públicas robustas y diseñadas específicamente para la mujer embarazada, más allá de los decretos.
“No se han diseñado políticas públicas pensadas en mujeres embarazadas. Realmente existe un decreto con fuerza de ley de lo que se llama el parto humanizado, que trata la manera en que se debe humanizar más la atención de las pacientes en el momento del parto. Eso sí está descrito”, aclaró.
Sin embargo, en términos de prevención, el panorama es deficitario. Cabrera indicó que las iniciativas de planificación familiar y control prenatal de calidad son esfuerzos aislados de algunas instituciones, como la Maternidad Concepción Palacios (MCP), –uno de los centros públicos más importantes del país para atención obstétrica–.
Insistió en que, pese a sus limitaciones, la institución intenta garantizar una atención completa, aunque la alta demanda obliga a solicitar las citas muy temprano y limita el número de pacientes atendidas, –algo habitual en hospitales públicos con recursos insuficientes–.
Controles prenatales en disminución
El experto alertó que, en general, los controles prenatales han disminuido en el país por múltiples factores, entre ellos la necesidad de acudir muy temprano a los centros públicos.
“La falta o la mala calidad de la atención prenatal es un factor directo en el incremento de la muerte materna, neonatal y perinatal”, advierte.
En 2021, apenas tres de cada 10 mujeres lograron asistir a su primer control prenatal después de la semana 12, según una investigación de la organización Avesa, –una ONG venezolana enfocada en derechos sexuales y reproductivos–. Además, 30 % de las embarazadas en el Distrito Capital admitió haber esperado entre 2 y 6 meses para obtener una cita.
“La muerte materna en Venezuela es elevada. Según los datos que manejamos en las instituciones, hay cifras de 200 muertes por cada 100.000 nacidos vivos”,
reveló Cabrera.
Cifras versus realidad
Durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, el 3 de mayo pasado, Delcy Rodríguez informó que la mortalidad materna mostró una reducción de 22 % durante el primer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año 2024.
No obstante, esta cifra contrasta con los indicadores globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que registran un empeoramiento en Venezuela, con 143 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, –una tasa considerada alta en comparación con la media latinoamericana–.
Los desafíos que enfrentó Claudia reflejan una situación estructural: la falta de cobertura médica para la mayoría de la población, la precariedad de los servicios de salud y la falta de políticas públicas para proteger a las mujeres embarazadas.
La experiencia de esta paciente evidencia cómo la inseguridad en la atención prenatal y la mortalidad materna elevada no son solo cifras, sino realidades que afectan directamente a cada embarazo en Venezuela.
La necesidad de soluciones integrales y accesibles se vuelve evidente, más allá de los esfuerzos aislados de instituciones o planes privados, que solo pueden paliar parcialmente una crisis sistémica.