En el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta de la Policía Bolivariana hay aproximadamente 421 personas privadas de libertad, quienes están hacinadas, sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Caracas. “Es necesario que cierren definitivamente la zona 7”, advirtió Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), tras una investigación que determinó las condiciones “inhumanas” que enfrentan los privados de libertad en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, de la Policía Bolivariana (PNB).
“No se está pidiendo que se elimine la policía, sino que quede única y exclusivamente como un comando policial. Se está pidiendo que el área de reclusión sea eliminada y que los presos sean trasladados a sus penales de origen, y a las personas que simplemente tienen que darle su libertad se la otorguen”, dijo Prado.
En el informe Inframundo: La Amenaza Oculta en los Calabozos de Zona 7 la organización no gubernamental detalla que los detenidos hacen sus necesidades en bolsas y están hacinados.
También destacan que hay áreas de reclusión que no tienen ventilación ni luz solar, lo cual favorece la propagación de enfermedades.
Datos del OVP indican que en la zona 7 hay aproximadamente 421 personas privadas de libertad. 171 son “polipresos”, quienes gozan de beneficios en estos calabozos. El área donde se encuentran está separada en la parte superior de comando y tienen acceso a baños, luz solar, ventilación y condiciones de descanso “dignas”.
La organización denunció que los calabozos policiales perdieron su permanencia transitoria, ya que la prisión preventiva no debe exceder las 48 horas. En la antigua zona 7 de la extinta Policía Metropolitana existen personas que tienen hasta cinco años de reclusión.
El OVP recomienda a las autoridades el traslado de todos internos de zona 7 a distintos centros de reclusión del país. Según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) las personas deben estar detenidas en la jurisdicción donde presuntamente cometió el delito.
“En Caracas teníamos tres retenes: el Internado Judicial de El Junquito, el Internado Judicial de Catia y el retén de La Planta, y los cerraron. Los funcionarios gritaban ‘Caracas libre de cárceles’. ¿Qué se hace con las personas detenidas por delincuencia en Caracas, donde se tiene el mayor número de tribunales?”, añadió Prado.
Peligro para la urbanización
Los calabozos de zona 7 están ubicados en un sector residencial y educativo con al menos 3000 estudiantes de educación primaria y media general, lo cual representa un “potencial riesgo” para la sociedad civil. Otra razón por la cual el Observatorio Venezolano de Prisiones pide el cierre de este lugar.
Desde 2019, tras una fuga masiva de reclusos, los vecinos, concejales y representantes del Colegio San Agustín exigieron el cierre de calabozo. Sin embargo las peticiones fueron desestimadas.
En noviembre de 2023, sin la autorización ni el conocimiento de los representantes, funcionarios policiales ingresaron 100 internos al campo de fútbol del colegio durante horario escolar.
Desde el 2015 se registraron cinco motines, tres fugas que involucraron a siete presos de alta peligrosidad, y 12 muertes violentas. Hechos que atentan contra la seguridad de la comunidad.
“Inframundo”
En la celda conocida como el “inframundo” o la “ultratumba” hay aproximadamente 90 detenidos, de acuerdo con el OVP. A este lugar, que queda en el sótano de la sede, trasladaron a 21 adolescentes detenidos en el contexto de las manifestaciones poselectorales, entre julio y agosto de 2024, y los mantuvieron mezclados con los adultos.
Familiares relataron al OVP que el “inframundo” es una celda oscura y con mucha humedad. Según sus relatos los detenidos viven entre heces, hacinados y sin ventilación. Además hacen sus necesidades en una bolsa, en la esquina del lugar.
Atención médica
El OVP recomienda a las autoridades venezolanas que se respeten los derechos de los adolescentes privados de libertad y no se utilicen los calabozos para detener a menores de edad de manera preventiva.
Además, insiste en que se debe asegurar que todos los detenidos se sometan a una evaluación médica antes de cualquier traslado para garantizar su estado de salud. Por otro lado, pidió una investigación al Estado venezolano sobre las denuncias de abusos, como torturas y tratos crueles, y garantizar la no repetición.
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