El caso de Gabriel Rodríguez, de 17 años de edad, evidencia la desprotección estadal a la que someten a los menores de edad detenidos, en el contexto de la represión poselectoral. Distintas organizaciones califican la condena como “extrema y deshumanizante”.
Caracas. La noche del 16 de diciembre, a pocos días de celebrarse la Navidad, el Estado venezolano dictó sentencia de 10 años de prisión a Gabriel José Rodríguez Méndez, uno de los cuatro adolescentes que permanecían recluidos por motivos políticos, por los cargos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías.
La sentencia, emitida por la jueza Dayana Castillo, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en Caracas, fue calificada como “extrema y deshumanizante”, por organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, debido a que constituye una grave violación de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela.
La ONG alertó que el castigo en contra del joven, que se divide en seis años de prisión y cuatro de servicio comunitario, refleja un trato cruel y desproporcionado para un adolescente detenido sin pruebas.
“Gabriel no es un terrorista”, señala el Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clippve), quienes destacan que el joven es estudiante, pelotero y aprendiz de panadero.
En la denuncia publicada en sus redes sociales, el Comité destaca que al momento de su detención cursaba quinto año de bachillerato y lo arrestaron de forma arbitraria, sin ninguna orden judicial.
🚨DENUNCIA URGENTE | Condenan a 10 años de prisión a Gabriel, adolescente, pelotero, panadero y estudiante ejemplar
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 17, 2025
La noche de este martes 16 de diciembre, el Estado venezolano consumó una condena aberrante e injusta, basada en una gran mentira, contra Gabriel José Rodríguez… pic.twitter.com/Kexh5QW0rp
Durante su reclusión, Gabriel ha sufrido episodios de ansiedad y depresión. No obstante, logró culminar sus estudios y lo admitieron para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Familiares de los otros tres adolescentes que se siguen privados de libertad manifiestaron a Crónica Uno su miedo, porque las audiencias de sus hijos están a pocas horas de llevarse a cabo.
La detención
A Gabriel José Rodríguez Méndez lo detuvieron en Cabudare, estado Lara, por usar bermudas y sueter negro, el 9 de enero de 2025, previo a la toma de posesión de Nicolás Maduro. De acuerdo con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) esa vestimenta lo hacía ver como un “guarimbero”.
Ese mismo día trabajó su primer turno como panadero durante su período vacacional. “¿De cuándo acá tener un suéter es un delito? ¿De cuándo a acá usar negro es un delito? Su color preferido es el negro”, insistió una de sus familiares.
Agregó que el adolescente, quien al momento del arresto tenía 16 años, no fue maltratado de forma física, pero sí por su vestimenta.
Durante una de sus audiencias, Gabriel lamentó que no podría tomarse la foto grupal junto a sus compañeros, algo con lo que soñaba durante su último año de estudios y que lo llevó a tener buenas notas durante su carrera escolar.
“Esta experiencia ha sido muy dura. Es una situación que no merecemos porque son adolescentes que no han hecho nada. Es bastante doloroso”, contó la familiar del adolescente a Crónica Uno, durante una manifestación en mayo de 2025.
Derechos olvidados
En el caso de Gabriel, así como en el de otros adolescentes detenidos, se vulneraron derechos en los que el Estado venezolano debe ser uno de los principales garantes y que contemplan la privación de libertad como uno de los últimos recursos a tomar.
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, (Lopnna), ningún menor de edad debe ser privado de la libertad de forma arbitraria, algo que se cometió en la mayoría de casos denunciados por las ONG y parientes que agregaron el uso de la violencia física por parte de las autoridades durante esos procesos.
Gabriel logró terminar sus estudios durante su encarcelamiento y su condena limita su derecho a continuar sus estudios superiores. Este elemento coarta su derecho a la educación, descrito en el artículo 40 de la Lopnna.
La sentencia de 10 años de cárcel deja de lado el bienestar de Gabriel, que según el artículo 65 de la misma legislación, debe garantizarse y apuntar hacia la reinserción social del adolescente cuya pena no prioriza la sanción socioeducativa, sino el castigo punitivo.
Primer adolescente condenado por terrorismo
La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) expresó su profunda preocupación por la condena impuesta al adolescente y la consideró una “peligrosa deriva punitiva” con uso desproporcionado del derecho penal frente a situaciones de conflictividad política.
En su comunicado, la Redhnna enfatiza que este es el primer caso documentado en Venezuela en el que un menor de edad, detenido en el marco de la represión poselectoral, recibe este tipo de sanción.
En este sentido, denunció que la aplicación del delito de terrorismo vulnera principios fundamentales de la justicia penal juvenil, como la excepcionalidad de la privación de libertad y el interés superior del niño. Asimismo, alertó sobre graves irregularidades en el debido proceso y exigió que la defensa pública interponga de inmediato el recurso de apelación dentro del lapso legal.
La organización pidió al Estado venezolano garantizar la seguridad e integridad del adolescente, condiciones de detención compatibles con su edad y acceso a atención médica y psicológica.
También demandó la liberación de otros adolescentes privados de libertad en el mismo contexto, la revisión integral de las causas penales abiertas contra menores y la intervención urgente de los órganos nacionales e internacionales de protección.
Redhnna recordó que Venezuela, como Estado, forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que está obligada a asegurar que la privación de libertad sea siempre el último recurso y por el menor tiempo posible.
Adolescentes detenidos
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, detuvieron a más de 100 adolescentes en el marco de las protestas llevadas a cabo en distintos sectores de Venezuela en rechazo a los resultados de los comicios.
Organizaciones denunciaron durante ese período diversas denuncias por maltratos, así como tratos crueles, torturas y entre otras violaciones de derechos en contra de los menores de edad detenidos.
Las primeras excarcelaciones ocurrieron en diciembre de 2024, días previos a la Navidad. Otros, quedaron sujetos a medidas cautelares y “votos de silencio” bajo acuerdos escritos, que les impiden contar a los medios de comunicación lo que vivieron en los centros de reclusión en los que estuvieron.
El Foro Penal venezolano reporta que todavía quedan 902 personas aprehendidas en el marco de las protestas posteriores a las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Lea también:
Un embargo de Fospuca amenaza el legado del inmigrante italiano Vincenzo Aceto en Bolívar