María Angélica Alvarado, psicóloga clínica de Plafam, explica que el cumplimiento del acompañamiento de víctimas de violencia sexual se ve afectado por la variabilidad en la dotación de insumos en centros hospitalarios y la alta rotación de personal calificado y sensibilizado en las instituciones de detección, denuncia y seguimiento.
Caracas. Aunque existen manuales, lineamientos y algunas políticas destinadas a su prevención del abuso sexual infantil no disminuye en Venezuela.
Carla Serrano, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños Niñas y Adolescentes (Redhnna), manifiesta que el flagelo de la violencia sexual en la niñez y adolescencia no es un fenómeno nuevo.
Por esta razón lamenta que en Venezuela las autoridades con competencia en la materia no tengan la disposición para indagar y documentarse sobre el tema con la información y orientaciones que ya existen en pro de las víctimas y los sobrevivientes de abuso sexual.
“Esos estándares y principios internacionales ya existen. Son conocidos. Deberíamos echar mano de esos recursos para garantizar el acompañamiento y evitar la revictimización”.
Entre enero y agosto de 2024 la Redhnna documentó 168 casos de abuso. En los estados Zulia (53,6 %) y Miranda (14 %) se concentraron el mayor número de hechos.
Serrano subraya la importancia de datos oficiales en los que se detalle el perfil de los agresores, y de las víctimas, para hacer buenos diagnósticos y políticas públicas.
“Cuando el mismo Ministerio Público da las cifras, notas al sacar las cuentas que hay un montón de casos que no terminan en sentencias ni condenas. Recibir denuncias y tener conocimiento de casos no es igual a que esos concluyan con una sentencia firme en las que las personas cumplan o respondan por sus actos”.
Mejorar las políticas
De acuerdo con Serrano los consejos de protección, que son los entes receptores de denuncia si la situación involucra a menores de 18 años de edad, deben mejorar. No hay servicios de atención en el país por lo que muchas víctimas no tienen a dónde acudir para denunciar para ni recibir la atención inmediata, lo que trae como consecuencia que no se reporten los casos.
“Tener las rutas de atención, planes, programas, lugares de abrigo especializados y todo lo que se necesite para atender situaciones estructurales para que los niños y niñas sean sujetos de derecho en la vida real y no en el papel”.
En los consejos de protección solo se prestan servicios en horario de oficina y Serrano agrega que deben ser fortalecidos con personal, material de oficina y las condiciones óptimas para brindar la ayuda pertinente.
Otros entes como el Ministerio Público, los consejos de paz, la Defensoría Nacional de la Mujer y los cuerpos policiales cercanos a la comunidad también deben ser fortalecidos en beneficio de la niñez y la adolescencia.
Cuidar a la víctima
Serrano, quien es socióloga, agrega que además del personal sensibilizado, los medios de comunicación y entes públicos deben proteger la confidencialidad y privacidad, lo cual estipula la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
“Todo eso hay que cuidarlo, así como la no revictimización, minimizar que estén expuestos a procesos traumáticos, entrevistas repetitivas con funcionarios o fiscales”.
Insta a tener atención inmediata en todos los entes a cualquier hora del día, con personal que sepa tratar al sobreviviente de abuso sexual, con enfoque de género y que atienda a quienes lo requieran en la familia.
El protocolo
Desde 2003 Venezuela implementó el Protocolo de Manejo Clínico de la Violencia Sexual, hecho por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) con la cooperación del Ministerio de Salud.
Este enseña punto a punto cómo debe ser el abordaje correcto en la parte clínica, incluye la manera en la cual se le debe brindar atención a la víctima sobreviviente, tratamiento y revisión de lesiones, si las hay y sitios de denuncia.
No obstante, algunas fallas que perjudican al sistema de salud y entes receptores influyen en que el funcionamiento no sea el correcto.
María Angélica Alvarado, psicóloga clínica de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), expone que el cumplimiento del acompañamiento se ve afectado de forma progresiva por la variabilidad en la dotación de insumos en centros hospitalarios y la alta rotación de personal calificado, especializado y sensibilizado en las instituciones de detección, denuncia y seguimiento.
Añade que esto incide de forma negativa en la respuesta y rapidez en la resolución de casos recibidos y “en la propia posibilidad de tomar y acompañar efectivamente los casos afectados e incluso en la percepción de acceso a la justicia de la población en general”.
Lo ideal
La especialista en atención de sobrevivientes de violencia basada en género y otros riesgos psicosociales, describe que el acompañamiento debería ser humano, accesible, oportuno y justo.
“En la actualidad la accesibilidad se ha visto duramente afectada porque en muchos sitios del país no hay acceso a servicios de salud especializados, e incluso órganos de denuncia , lo que incide en los tiempos de respuesta y en el acceso a la justicia, afectando el proceso de recuperación de la víctima y su entorno”.
Papel de la escuela
Serrano asevera que el personal de las instituciones educativas juega un papel fundamental para la detección de señales de abuso, si tiene la capacitación pertinente. Sin embargo, suelen tener formación.
Adicionalmente específica que los educadores desconocen las rutas legales que deben seguir las escuelas y tienen predisposición por miedo a denunciar y ser víctimas de ataques en la misma comunidad.
Otros factores, como el horario mosaico, una modalidad que afecta en mayor escala a las instituciones educativas públicas, trae como consecuencia que docentes y alumnos convivan menos tiempo en el aula, generando que algunas señales pasen por alto ante la premura y el poco tiempo disponible para impartir las clases.
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