Marino Alvarado, investigador de Provea, explicó que existe una epidemia de extorsiones y detenciones arbitrarias a quienes transitan por zonas donde hay puntos de control de cuerpos de seguridad el Estado.
Caracas. Después de las elecciones presidenciales existe un despliegue “abusivo” de funcionarios policiales y militares que no tiene finalidad preventiva del delito, sino que busca “imponer terror a la población”, explicó Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea.
El experto señaló que algunos funcionarios, de distintos organismos policiales, se desplazan encapuchados y con armas largas, instalan alcabalas en cualquier lugar de la ciudad y las dejan varias horas antes de establecer otro punto de control en una zona distinta.
También se ha vuelto común encontrar alcabalas en distancias muy cortas.
“Se puede constatar que no hay una mayor planificación en materia de seguridad, sino que los funcionarios y las autoridades han normalizado incomodar al ciudadano a través de alcabalas innecesarias y abusivas con frecuencia”, alegó.
A juicio de Alvarado la normativa establecida en las resoluciones del 2006 y 2022 por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la regulación de los puntos de control, no se cumplen.
En su lugar, los funcionarios policiales y militares utilizan los puntos de control para obtener recursos, por medio de la extorsión a conductores.
“En ellas (las resoluciones) se establece que las alcabalas deben ubicarse principalmente en aquellos lugares donde por información propia del Estado se considera hay un nivel alto de delincuencia”
Extorsiones
El 10 de octubre la abogada Thelma Fernández denunció en su cuenta de X (antes Twitter) que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrestaron a estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de la Universidad MonteÁvila y la Universidad Metropolitana.
Luego “les siembran drogas” y extorsionan a sus padres con una suma de dinero de hasta $3000 y $4000 para liberarlos, según Fernández.
El Consejo General de Representantes Estudiantiles (Congres) de la UCAB emitió un comunicado ante el riesgo de la seguridad vial de los ucabistas. Transeúntes y estudiantes denunciaron la instalación de alcabalas en zonas aledañas al recinto universitario.
El Congres informó que, dada las circunstancias, la institución tomó medidas junto con el personal de seguridad interno de la universidad “para hacer acto de presencia en puntos de control cercanos a la institución” y “acompañar a los estudiantes y desincentivar los abusos de poder”.
Detenciones generalizadas
Alvarado mencionó que existe una “epidemia de extorsiones” y detenciones arbitrarias generalizadas de personas que transitan por zonas donde hay puntos de control.
Contó que se conocen casos en los cuales les piden a los conductores televisores, teléfonos y electrodomésticos, si estos les indican que no tienen dinero.
En este tipo de actividades ilícitas no solo participan presuntos funcionarios de la PNB, adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), también efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), dijo Alvarado.
Según la resolución N° 047391 y N° 109 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada el 7 de septiembre de 2022 en la Gaceta Oficial N° 42.458, los cuerpos del Cicpc, Sebin y Dgcim no pueden instalar puntos de control.
El artículo 7 de la resolución establece que “queda terminantemente prohibido por parte de los funcionarios y funcionarias policiales y militares el cobro de dádivas, contribuciones, apoyo económicos a las personas que transitan libremente en el territorio nacional”.
Funciones de las alcabalas
El abogado Luis Izquiel explicó que las alcabalas son puntos de control para la prevención y represión del delito. Estas pueden servir como elemento de seguridad en la zona donde son instaladas y para detener personas solicitadas por los cuerpos de seguridad o que posean objetos relacionados con un delito.
“El asunto es que se ha demostrado que para efectos preventivos, es mejor el patrullaje constante, que una alcabala que se encuentre estática en un sitio”, dijo el experto.
En el caso de que una persona no porte la cédula de identidad, el carnet de conducir o el certificado médico, no es razón suficiente para detenerla porque “no constituye un delito”. Lo lógico es que se aplique una multa correspondiente, asegura Izquiel.
La resolución para la planificación, supervisión, instalación, funcionamiento, seguimiento y registro de los puntos de control en los que presten servicios funcionarios de seguridad del Estado, señala que los puntos de control están para evitar delitos como el secuestro, la trata de personas, tráfico ilícito de personas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, armas y municiones, así como la supervisión y control de la documentación para el traslado de medicinas, combustible, materiales estratégicos, semovientes, entre otros.
Denunciar extorsiones
Los expertos recomendaron que en caso de ser víctimas de extorsión por funcionarios policiales se debe denunciar ante instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Cicpc e incluso el propio organismo al que pertenece el funcionario. Aunque “el problema acá es la impunidad que disfrutan muchos funcionarios que cometen delitos de extorsión de cualquier otro”, dijo Izquiel.
Izquiel añadió que si es es detenido, la persona debe ser presentada dentro de las 48 horas siguientes ante un tribunal de control, que pueda ratificar el arresto, declarar la libertad de la persona o imponerle una medida cautelar de presentación periódica ante el tribunal o cualquier otra medida.
“Preocupa que es una situación que conoce muy bien el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo porque son muchas las personas que denuncian ante estas dos instituciones las prácticas de las extorsiones. Sin embargo, desde esas dos instituciones es muy poco lo que se realiza, por lo tanto, los funcionarios se sienten en absoluta libertad extorsionar, conscientes qué es difícil que se les investigue y se le sancione”, dijo Alvarado.
Agregó que es importante señalar que hay excepciones en las cuales una denuncia hecha por ciudadanos conduce a la detención de funcionarios que practica la extorsión “pero esta es la excepción”.
La madrugada del 10 de octubre, Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, inspeccionó varios puntos de vigilancia policial en el Área Metropolitana de Caracas como parte de “un dispositivo de seguridad”.
Cabello recorrió los puntos de vigilancia en Las Mercedes, Parque Central, plaza O’Leary, la avenida San Martín, La Vega y la redoma La India.
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