Según el Observatorio de Prisiones, en la cárcel para procesados militares de Santa Teresa del Tuy, hay 87 personas privadas de libertad. De los 27 militares que están allí cuatro son considerados presos políticos.
Caracas. En el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Central, en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, los privados de libertad carecen de agua potable y una alimentación balanceada, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los reclusos se ven obligados a ingerir el agua “color marrón” que sale de las tuberías. El OVP denunció que la insalubridad del agua provoca enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas “que se tienen que curar ellos mismos por carecer de servicio médico y medicinas”.
A pesar de que los internos reciben tres comidas al día, no les ofrecen proteínas ni frutas. En el desayuno y la cena comen arepas de harina amarilla con granos y en el almuerzo arroz o pasta con granos, denuncia el observatorio.
“Los granos que les dan son de esos que vienen en las bolsas del CLAP, de esos que nunca se ablandan”, contó una fuente extraoficial a Crónica.Uno.
En Cenapromil Central hay 87 personas privadas de libertad, 52 están detenidas por delitos comunes (con uniforme azul); ocho funcionarios policiales (con uniforme amarillo) y 27 militares que usan uniforme color rojo.
Causa Cotiza
Del grupo de militares cuatro son considerados como presos políticos por la sublevación militar del 21 de enero de 2019, en el barrio San José de Cotiza.
Los cuatro detenidos por esta causa son los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Luis Bandres, Geomar Martínez, Hebert Glok y Edgar Díaz Vivenes.
Una fuente extraoficial informó que, presuntamente, los civiles recluidos en ese centro son de “alta peligrosidad”, quienes fueron trasladados desde las cárceles de Tocuyito, Tocorón y Barinas.
“Al ser un centro para militares, los civiles no deberían estar ahí”, denunció la fuente.
Familiares de los presos políticos temen dar declaraciones a la prensa por temor a que sus seres queridos detenidos sufran torturas o malos tratos.
Aumentaron gastos
Debido al traslado de los presos políticos al Cenapromil, que comenzó el 10 de septiembre, los familiares incrementaron sus gastos de manutención y movilidad. Los parientes deben tomar un taxi que les cobra $3 ida y vuelta desde el Fuerte Guaicaipuro, en Santa Teresa del Tuy, hasta el centro penitenciario, ante la falta de transporte interno.
Un viaje de un solo día, desde Caracas, puede costar hasta $12 para las familias.
Entre otras de las condiciones denunciadas por el OVP es que los reclusos no tienen electricidad, algunos duermen en camas de cemento y usan letrinas.
Tamara Suju, defensora de derechos humanos, denunció a través de su cuenta de Twitter que la cárcel se asemejaba a una “jaula de animales”, ya que el techo de la misma estaba hecho de rejas. De esta forma los privados de libertad no tienen ningún tipo de intimidad debido a que los custodios los monitorean frecuentemente desde arriba. Adicionalmente, en las celdas pueden convivir hasta 12 personas, según el OVP.
Miedo de segundo motín
El jueves, 17 de octubre, en las celdas de Cenapromil Central hubo un motín, presuntamente organizadi por los presos comunes, para exigir que les permitan visita, les garanticen los traslados a tribunales y se liberen a los que ya culminaron condenas.
La fuente extraoficial informó que 20 presos comunes presuntamente tienen tuberculosis.
“Los familiares de los presos políticos temen por un segundo motín ya que los presos civiles amenazaron con secuestrar a estos detenidos si no se les garantiza lo que ellos piden”.
Ante esto los 27 militares detenidos hicieron una huelga de hambre. Exigieron la presencia de la Dirección General del Servicio Penitenciario, liderada por el General Luis Marcel Ojeda.
De acuerdo con la fuente extraoficial, en el motín los civiles privados de libertad violentaron las rejas y destruyeron dos módulos policiales, cuestión que no solo pone en riesgo la integridad de los otros internos sino de los mismos custodios.
“Los familiares quieren que en ese centro saquen a los presos comunes porque mientras estén allí las vidas de sus parientes corren peligro”.
El OVP hizo un llamado de atención a las autoridades para que “restablezcan los derechos humanos que tienen todas las personas privadas de libertad, establecidas en normas nacionales e internacionales (Reglas Mandela)”.