El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó ante el Consejo de DD. HH. su preocupación por la represión contra familiares de personas consideradas disidentes, así como las muertes de presos políticos en custodia del Estado

Caracas. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró este martes, 16 de diciembre, que “la represión del espacio cívico se ha intensificado” en Venezuela en los últimos meses, por causa de las continuas restricciones a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que siguen teniendo lugar en el país, en medio de la compleja situación económica.

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, asfixiando las libertades de la población y la vida pública se está militarizando aún más, lo que incrementa el riesgo de violencia en una sociedad que ya afronta altos niveles de criminalidad”, dijo en su intervención en un diálogo sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El funcionario de ONU manifestó su preocupación por los periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, y opositores que se enfrentan a distintas amenazas en el ejercicio de su trabajo y que incluso corren el riesgo de ser víctimas de detenciones arbitrarias, por lo que muchos huyen del país.

“Cuando los defensores de derechos humanos y los periodistas se marchan, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos”,

sentenció.

Criticó también la coerción ejercida contra la población para obligarlos a inscribirse en la Milicia Bolivariana, sobre todo a adultos mayores y niños, denuncias que, aseguró, ha recibido su oficina. 

“Igualmente alarmantes son los testimonios según los cuales las autoridades están alentando a la población a denunciar a familiares, vecinos y compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil patrocinada por el Estado”, enfatizó el oficial de ONU. 

Sin personal en Venezuela

Türk recordó que no hay en Venezuela personal de su oficina de Derechos Humanos desde 2024, cuando fueron expulsados y por restricciones impuestas a sus visas. Sin embargo, aseguró que están abiertos a mantener el trabajo en el país.

“Siempre estamos abiertos a un compromiso constructivo y espero que las autoridades permitan a nuestros colegas retomar sus actividades en Venezuela”, dijo.

Sobre los presos políticos, aseveró que su oficina ha documentado la muerte de al menos cinco personas de las detenidas en el marco de las protestas tras las elecciones presidenciales del 2024.

“Todas estas muertes deben investigarse con prontitud e independencia, incluyendo la reciente muerte del político opositor Alfredo Díaz, cuya salud, según se informa, se deterioró drásticamente bajo custodia”,

indicó.

Además alertó sobre el asedio y amenazas contra familiares de personas “percibidas como voces disidentes”. Al respecto, apuntó que su Oficina documentó desde julio el arresto de al menos 17 personas, “la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores, en relación con las actividades de sus familiares” y que se desconoce el paradero de otros 12 detenidos relacionados con casos de este tipo.

Además, expresó la preocupación de su despacho por los anuncios de autoridades venezolanas de pretender retirar la nacionalidad a algunos opositores y un aumento de los traslados de detenidos a lugares desconocidos, que incluyen momentos de desapariciones forzosas.

Aseguró que en algunos centros de detención, como Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, los privados de libertad por razones políticas están incomunicados, sin contacto con familiares ni abogados, lo que representa una “flagrante violación de sus derechos fundamentales”.

El funcionario cerró su discurso insistiendo en que “la sociedad venezolana necesita sanar, precisa de justicia y derechos humanos para superar la polarización y recomponer su tejido social y económico”.

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