La bancada oficialista en el Parlamento aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de ley con el que se fiscalizará la operatividad de las ONG. Desde 2006 el oficialismo ha promovido leyes similares en al menos cinco ocasiones. Sin embargo, nunca han llegado a la segunda discusión.
Caracas. Con un discurso desde el palco de oradores del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Diosdado Cabello presentó el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines para su primera discusión en la plenaria de la AN.
Tras la intervención de Cabello y un breve debate, el proyecto de ley se sometió a votación y se aprobó gracias a la mayoría oficialista en la AN. Como dicta el procedimiento legislativo, el borrador pasará a la Comisión de Política Interior que deberá revisar el texto. Luego se llevará a segunda discusión y posterior sanción, que es lo que garantiza su eventual entrada en vigencia.
Desde su introducción, el también jefe de la bancada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) cuestionó el origen y trabajo de las ONG a las que, sin pruebas, acusó de usar dinero del gobierno de Estados Unidos para fines políticos, distintos a la acción humanitaria.
Cabello adelantó que el oficialismo ha armado “una primera lista” de 62 ONG susceptibles de ser objeto de la nueva regulación. Entre esas mencionó a las ONG Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto Parlamentario Fermín Toro y Más Ciudadanos.
“Uno escucha todos los días que Estados Unidos anuncia que está ayudando a Venezuela y han entregado a 3 mil millones. Hay 62 ONG en Venezuela que funcionan solamente con fines políticos en el país. Una ONG no es un organismo que salió de la nada. Hay caras, nombres y partidos políticos. Lo demás es una absoluta hipocresía”, argumentó.
Omisiones
El diputado insistió en describir a las ONG como dependencias de gobiernos extranjeros. Sin embargo, en su alocución omitió referirse a que estas asociaciones civiles están registradas, según el marco legal vigente y que algunos de los fondos que reciben forman parte de la cooperación internacional, que es normada por el Estado venezolano.
“Llama la atención que los que apoyan esas ONG en sus países no lo aceptan. Los persiguen y los acusan de terrorismo. Es el imperialismo actuando. El Estado está obligado a respetar el ejercicio de este derecho”, dijo durante la sesión ordinaria de este martes, 24 de enero.
Esta moción fue respaldada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en su intervención previa a la votación del proyecto de ley.
“¿Por qué debe ser legal que una ONG con afines políticos, que ya es ilegal de por si, reciba financiamiento de potencias extranjeras?”, cuestionó.
Reacciones
A través de sus cuentas en Twitter, activistas y representantes de varias ONG fijaron su postura sobre el contenido del proyecto de ley. Para Provea, el instrumento legal es un paso más en lo que calificaron como “criminalización” de las ONG.
Una historia de casi dos décadas
La Ley ha recibido varios nombres a lo largo de los años. Ley de Cooperación Internacional, Ley del Uso del financiamiento y funcionamiento de las ONG, y Ley de Fiscalización y Regularización de la Organización y Financiamiento de las ONG y Afines, son solo los más recientes. Dentro de la sociedad civil también se le ha bautizado como Ley Anti Solidaridad y Ley contra las ONG.
Este proyecto de ley no es para nada un intento reciente del chavismo. Desde el 2006 el oficialismo ha apuntado a su aprobación y puesta en práctica. Luego de nuevo en 2010, 2015, 2021, 2022 y ahora una vez más en 2023.
La primera versión del proyecto de Ley de Cooperación Internacional se produjo en el año 2005 y fue aprobado en primera discusión el 13 de junio de 2006, cuando Nicolás Maduro era presidente de la Asamblea Nacional. Una vez aprobado, y en medio de las alertas y denuncias de las ONG, el proyecto se engavetó.
En el año 2010, con Cilia Flores como presidenta de la AN, el texto fue sacado nuevamente a debate, pero no se llegó a presentar para segunda discusión. Para 2015, con Diosdado Cabello en la presidencia del Poder Legislativo, ocurrió lo mismo: volvió a incorporarse en la agenda. No obstante, no llegó a debatirse en segunda discusión, siempre generó diversos pronunciamientos en contra.
Reedición
En el año 2015, Amnistía Internacional señaló en un exhorto para que el proyecto de ley no se aprobara: el proyecto establece que las organizaciones de la sociedad civil sólo podrán acceder a fondos de la cooperación internacional si cumplen con “los lineamientos y políticas que al efecto establezca el presidente”.
A mediados de 2020, el diputado Diosdado Cabello señaló en su programa Con El Mazo Dando que el objetivo era “aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar con la Patria. Después van a decir que están perseguidos”.
En 2021, cuando la ley tenía como nombre “Ley de Cooperación Internacional”, el presidente de la comisión de Política Exterior de la AN en ese entonces, Timoteo Zambrano, aseguró, según la prensa del Parlamento, que el objetivo era “normar lo referente a la cooperación internacional que recibe y ofrece Venezuela de las distintas organizaciones nacionales e internacionales”. Desde entonces la ley no se volvió a mencionar hasta ese año.
Fue el propio Cabello quien en su programa del 20 de enero pasado aseguró que llevaría la Ley a la plenaria, como en efecto hizo este 24 de enero. “Es para ver de dónde viene esa plata. Ya basta que desde las ONG usan esa plata para conspirar contra la patria”, dijo.
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