De acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, centro Apure, 11 edificaciones de uso residencial y comercial que se levantan, en pleno centro de la capital, constituyen un grave peligro para la ciudadanía y deben ser paralizadas. El concejal opositor Wilson Gallardo también denuncia que estas obras han causado un daño patrimonial de miles de dólares a la municipalidad.
San Fernando. En el centro de San Fernando, la capital del estado Apure, hay al menos 11 edificios en construcción que, de acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Apure, CIApure, representan un alto riesgo para la ciudadanía y deben ser paralizados.
Presentan fallas estructurales, de acometida de servicios y variables urbanas y violan las normas de construcción y Ordenanza de Procedimientos de Construcción, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, revela un informe técnico del CIApure, de septiembre de 2022.
Además, son ilegales porque no tienen el permiso de la Dirección de Desarrollo Urbano, DU, ni el aval de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Municipal, CUCM, también incluidos en la ordenanza.
Asimismo, dentro del perímetro urbano se erigen siete obras más, también objetadas por el CIApure debido a que, están permisadas, pero tampoco se ajustan a la norma e irrespetan el proyecto original autorizado.
“Gracias a Dios en Apure no ha pasado nada, pero están haciendo cosas muy riesgosas. Sin embargo, esto se ha tomado como un enfrentamiento político, contra la alcaldesa”, afirma Newton España, presidente del CIApure.
España remarca que es una cuestión de seguridad. “Nuestra misión como Colegio no es atacarlos, sino exhortarlos a que paralicen esas obras que no tienen permiso ni cumplen con ningún tipo de normas”, afirma el presidente del CIApure.
Fallas graves
En el informe técnico entregado a la alcaldesa Ofelia Padrón, a la Dirección de Desarrollo Urbano y a la Cámara Municipal, el CIApure documenta las principales fallas de las 11 obras no permisadas, las cuales, según España, “son graves”.
Vigas nuevas construidas con acero reciclado de obras demolidas por incendios, columnas que, según la norma, deben llevar doce cabillas y solo tienen cuatro, añadidura de nuevas vigas metálicas a vigas viejas de concreto, diámetro de acero de refuerzo longitudinal y transversal de las vigas muy por debajo de la norma.
También, paredes pegadas de los postes de alta y baja tensión, anexos de dos o tres niveles sobre viejas viviendas unifamiliares, losas sin vigas de apoyo a los nervios principales, incorrecto armado y vaciado de vigas de riostra o bases, columnas más débiles que las vigas, revela el informe.
En algunas de estas edificaciones se observan, además, escalones de acceso sobre las aceras, jardineras y rampas en la calle, lo cual, de acuerdo con el documento, irrespeta variables urbanas como el retiro de aceras y calles, distancia de líneas eléctricas, ubicación según la finalidad de la construcción y otras medidas.
La inexistencia de cálculos estructurales y planos a diferentes escalas de las instalaciones eléctricas y sanitarias, falta de inspección, ausencia del ingeniero residente de la obra y dibujantes supliendo a proyectistas son otras de las irregularidades que tienen estas edificaciones, agrega España.
Trampa mortal
Héctor Bolívar, también directivo del CIApure, sostiene que algunas de estas construcciones destinadas a uso médico-asistencial están bajo las líneas de alta tensión, las cuales se pueden convertir en una zona de riesgo para los usuarios.
“En ciertas condiciones climáticas, si hay una estructura metálica o una persona cerca que brinde menor resistencia que el conductor, estas líneas pueden generar un arco eléctrico o tensión inducida y convertirse en una trampa mortal”, explica Bolívar.
De estas construcciones dos presentan este riesgo. “En una de ellas el poste de alta tensión está a 25 centímetros de la pared y, arriba, los elementos conductores están a menor distancia. Es contradictorio, un centro al que se acude a buscar salud y es una zona de riesgo”, alerta Bolívar.
España añade: “Otro problema es que, para ahorrarse costos, en lugar de un proyectista, los propietarios buscan a un dibujante de experiencia, pero que no sabe qué es un esfuerzo en una viga y la construcción funciona de acuerdo con unos cálculos que tienen que ser estrictos para estas obras”.
El presidente del CIApure explica que cada aspecto de la obra requiere especialistas diferentes y que, por ejemplo, un arquitecto no puede firmar unos cómputos estructurales, ni de electricidad porque no está facultado para eso y de ocurrir cualquier siniestro, quien firma, es el responsable hasta por 10 años de cárcel.
Las edificaciones tampoco cumplen las normas Covenin sismorresistentes. “Es tan increíble que aquí están utilizando material reciclado. Una obra se quemó y demolieron las vigas, sacaron ese acero y lo están utilizando. Eso es gravísimo”, señala el presidente del CIApure.
Daño patrimonial
Además, del riesgo que, según el CIApure, representan estas edificaciones para la ciudadanía, el concejal opositor Wilson Gallardo denuncia que, por ser ilegales, no pagan los impuestos respectivos. Tampoco han cancelado las multas porque no las han paralizado, lo cual le genera un daño patrimonial al municipio.
Si construyen sin permiso quiere decir que no están pagando los impuestos de ley, los cuales se cancelan por metros cuadrados de construcción. Estas obras son grandes si se sacan cuentas, de solo una, los tributos exceden los miles de dólares. Entonces, ¿por qué esos reales no entraron al municipio?, se pregunta.
Gallardo asegura, además, que circula una tesis, de acuerdo con la cual, los propietarios de estas obras pagaron, “pero no al municipio”. Cree que, “algo está pasando”, porque no entiende la negativa de las autoridades municipales a la paralización de los edificios.
“Desde el 21 de febrero de este año alerté, mediante oficio, sobre estas irregularidades y, en tres ocasiones, traje el punto a discusión a la cámara. Yo siento que este Concejo ha volteado la mirada para otro lado para dar tiempo a que las obras se concluyan y no hemos sido diligentes ni actuado con celeridad”, dice.
El concejal remarca que, por oficio, la Cámara pidió a la Dirección de Urbanismo municipal el listado de obras y profesionales que trabajan en ellas, así como que se le otorgara un derecho de palabra en sesión a su director para que explicara la situación, pero ambas solicitudes fueron ignoradas.
Las obras continuarán
A pesar de la advertencia ratificada por el CIApure en el Concejo Municipal, el 4 de octubre de 2022, el concejal pesuvista Jesús Quiñones, presidente de la cámara municipal suspendió la sesión sin conclusiones, pero dejó claro que las obras continuarán porque favorecen la economía local.
“Después del derecho de palabra, el presidente del Consejo Municipal dijo que no iban a paralizar las obras porque ellos están trabajando en contra de las medidas coercitivas y el bloqueo criminal y eso es trabajo en la calle”, narra España.
Anarquía
El presidente del CIApure también sostiene que, actualmente, reina la anarquía en las construcciones porque desde que el otrora gobernador “Ramón Carrizález apartó el Colegio de todo tipo de obras, se creó la mala costumbre”.
Cuenta que, antes, hasta el gobierno de Jesús Aguilarte Gámez, previo a Carrizález, la construcción se regía por las normas y el Colegio certificaba las obras.
“Cuando Aguilarte, todos las obras e ingenieros tenían que estar certificados por el Colegio, el cual indicaba qué profesional era el idóneo para cada obra”, relata.
Asesoría gratuita
Estas obras requieren de muchas especialidades para valorarlas y la municipalidad no cuenta con estos profesionales, afirma España.
Por eso, ofrece que el CIApure puede dar asesoría gratuita, en cada área, a la dirección de DU municipal y a la CUCM, así como apoyar a ambas instancias en la inspección y reconocimiento de estas obras.
Sin embargo, recalca que el interés del CIApure en el asunto es la seguridad de la ciudadanía y salvar su responsabilidad como guardián de las obras civiles del estado. “El Colegio de Ingenieros no es sindicato ni anda buscando trabajo”, aclara.
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