En Monagas, en colaboración con Cáritas Maturín, se inicia el proceso de formación de los agentes que multiplicarán las campañas de prevención contra la trata de personas.
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El acoso está tipificado como un delito en el Código Penal, lo cometa un hombre o mujer, explicó Venus Faddoul, directora de 100 % Estrógeno. Víctimas de Rebeca García finalmente declararon ante el Ministerio Público después de presentar múltiples denuncias por acoso que fueron ignoradas por las autoridades.
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A Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, le impiden su derecho constitucional a la defensa, de acuerdo con su abogado Joel García. Cumple tres meses presa en el Sebin de El Helicoide.
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Natalia Matamoros, investigadora venezolana radicada en México, expresó que en la frontera de México con Estados Unidos operan 200 grupos criminales que se dedican a la trata de personas y al secuestro.
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Vanessa Moreno, investigadora de Cecodap, expresó que al violentarse las garantías de los adolescentes privados de libertad se incumple el fin último de la reforma de la Lopnna y del Sipra, que guarda relación con la reinserción a la sociedad.
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La organización explicó que en 2023 se contabilizaron 53 víctimas de tortura, 2652 personas afectadas por violaciones a la integridad personal. Además de 1182 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y 1398 casos de amenazas y hostigamiento.
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Vente Venezuela cuenta la detención activistas, dirigentes de sus comandos de campaña miembros del equipo de María Corina Machado en el contexto del trabajo que lleva a cabo la organización política de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
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El Prep se comercializaría por medio de subvención a tres estados de Venezuela entre julio y agosto de 2024. Especialistas afirman que la llegada del antirretroviral contribuiría a reducir las muertes por causas del VIH.
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Según el abogado Joel García parte de la defensa técnica no se ha podido juramentar a favor de Rocío San Miguel. La defensa pública impuesta a la directora de Control Ciudadano no la ha visitado ni se ha comunicado con sus familiares.
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Saúl Blanco, abogado de la ONG Espacio Público, explicó que el proyecto de ley, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión, con penas administrativas y de prisión de entre 6 y 10 años.
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