A Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, le impiden su derecho constitucional a la defensa, de acuerdo con su abogado Joel García. Cumple tres meses presa en el Sebin de El Helicoide.
Caracas. A Rocío San Miguel no solo la privaron de su libertad también de su derecho a la defensa. Se cumplieron tres meses desde su detención y aún no le permiten tener defensa privada.
Joel García es uno de los abogados de Rocío que no se ha podido juramentar. El Ministerio Público le impuso defensa pública, una que todavía no se comunica con la detenida. En tres meses se acumulan un conjunto de violaciones a los derechos de la directora de Control Ciudadano.
“Son tres meses de una sistemática violación al debido proceso, especialmente al derecho a la defensa al impedirle la designación de defensa de confianza; violación al derecho de conocer los hechos y circunstancias que se le atribuyen, violación al derecho de alegar y aportar medios de pruebas, violación al derecho de recurrir de los fallos, violación a comunicarse con sus abogados de confianza, es decir, un total estado de indefensión”.
El 9 de febrero detuvieron a Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la organización Control Ciudadano, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Iba de viaje con su hija a los Estados Unidos.
Desde entonces, se encuentra recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aunque el sitio de detención se conoció 80 horas después, por lo cual distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron su desaparición forzada.
A Rocío la señalaron de los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación, espionaje y de participar en la operación militar Brazalete Blanco.
A su exesposo, Alejandro González, también lo detuvieron arbitrariamente y su centro de reclusión es la cárcel del Rodeo I. Recientemente, familiares de presos políticos trasladados a este centro penitenciario denunciaron trato inhumano y deterioro de salud de los detenidos por carencias en los servicios básicos y la alimentación.
Sin traslado para designar defensa
García informó que su representada pidió tener un equipo de defensa de confianza pero por falta de traslado a los tribunales no ha podido ratificar la designación. El juez de la causa es quien debe dar la orden para el traslado.
“El juez de Control es un juez constitucional que debe garantizarle todos los derechos al imputado, pero el juez Carlos Liendo –quien lleva la causa de San Miguel– los viola”.
El Código Orgánico Procesal Penal establece que el imputado o familiares pueden designar sus abogados de confianza. Mientras que la Constitución de Venezuela sostiene que los derechos a la defensa y asistencia jurídica son inviolables, y es clara en que se debe notificar a toda persona los cargos por los cuales se investiga; debe tener acceso a las pruebas, el tiempo y los medios para ejercer su defensa. De lo contrario, “serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”.
Rocío fue acusada sin la presencia de sus abogados y, por lo tanto, se desconocen los delitos y cuáles son los medios de prueba contra ella.
“Lo que sigue es la audiencia preliminar, que al estar indefensa, van admitir totalmente la acusación, los delitos y los medios de prueba, por lo que ordenarán que la lleven a juicio”, precisó García.
Rocío San Miguel, quien cumplió esta semana 58 años edad en una celda de El Helicoide, tiene una medida cautelar desde 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras recibir amenazas por su trabajo en Control Ciudadano.
De acuerdo con Foro Penal, en Venezuela hay 20 mujeres detenidas por razones políticas.
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