Sin la discusión y aprobación de la cámara municipal de Costa de Oro, en Aragua, y en contradicción con lo previsto en la Constitución Nacional y otras normativas legales, el alcalde de Costa de Oro, Wilmer Leal, (PSUV), creó una “tasa ecoturística” para el ingreso vehicular de turistas al municipio.
Maracay. Una improvisada alcabala ubicada en el arco de entrada a Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, no advertía a los cientos de temporadistas que visitaban el municipio a principios de año, que, en adelante, tendrían que pagar un peaje para ingresar al municipio Costa de Oro.
Y es que desde el pasado 28 de diciembre de 2022, entró en vigencia el decreto DA-009-2022, mediante el cual se crea una “tasa eco turística municipal especial de acceso al municipio Costa de de Oro, (Ocumare de la Costa), dirigida única y exclusivamente a los vehículos automotores de uso público, particular y privado”.
Wilmer Leal, alcalde de Costa de Oro (PSUV), solo dijo a Crónica.Uno, que dicha tasa será utilizada “para el mantenimiento del municipio”. Mientras que a la prensa local, el mandatario municipal declaró que “uno puede como poder municipal, actuar en las diferentes contribuciones tributarias para adquirir recursos y brindar la mayor suma de felicidad a nuestros habitantes y a quienes nos visitan”.
El artículo segundo establece las alícuotas especiales establecidas, que van desde 0,05 petro o unidades tributarias para los buses y autobuses con excursiones o paseos turísticos, por ejemplo, hasta 0,02 petro o unidades tributarias para el ingreso de turistas al municipio, que viajan en vehículos de uso particular o privado.
Así, desde el 1° de enero de 2023, todos los temporadistas, visitantes y lugareños, comenzaron a pagar Bs. 20 o 1 dólar, en efectivo, cuya tarifa será aplicada fines de semana y en temporadas altas, tal y como lo confirmó a la prensa local, la concejal del PSUV en Costa de Oro, Kerli Sanoja.
Con el nuevo tributo, las quejas de los temporadistas no se hicieron esperar. El deterioro del municipio, particularmente en la vialidad y en las calles internas, además de la deficiencia extrema en servicios como electricidad, agua potable y recolección de basura, avivan los reclamos de los visitantes.
Leonardo Luces, secretario del Colegio de Abogados del estado Aragua, sostiene que el decreto sobrepasa las competencias del municipio que en materia de recaudación tributaria establece la Constitución de Venezuela.
El poder público nacional es el único autorizado para crear tasas de recaudación, administración y control de impuestos, según el artículo 156 de la Constitución”, aclara.
El abogado hace hincapié en que la autoridad municipal evade en el referido decreto lo previsto en el artículo 50 de la CRBV, que señala que “en caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse una vía alterna”.
El acceso a Ocumare de la Costa es por vía marítima o por la una única carretera que, después de 107 años, muestra un grave y peligroso deterioro.
La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por su parte, deja claro en el artículo 157, que el Ministerio de Transporte Terrestre es el que tiene el control, inspección y supervisión, en la elaboración y fijación de tarifas de peaje nacional.
Sin aprobación de la Cámara Municipal
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal atribuye potestades tributarias a los municipios, de acuerdo con el artículo 162. Cualquier tasa o impuesto debe ser creado a través de las ordenanzas. Pero el alcalde y los cinco concejales del PSUV, de siete que conforman la cámara, no informaron a la bancada opositora del referido decreto.
Ese decreto –asegura el concejal por UNT, José Arias– no fue llevado a la Cámara Municipal.
Fue el 6 de enero, cinco días después de iniciarse el cobro de la tasa, cuando la Cámara Municipal instaló el nuevo período legislativo de 2023.
Nuestro municipio tiene graves deficiencias y no han sido atendidas. Está lleno de basura por todas partes, con una carretera en muy mal estado, sin servicios básicos ni atención de salud. Antes de cobrar más peajes, hay que mejorar los servicios públicos para beneficio de los habitantes y de los visitantes”, sentencia Arias.
El decreto viola leyes nacionales
El Observatorio Venezolano de Justicia, Acceso a la Justicia, se pronunció sobre la medida dictada por el alcalde Wilmer Leal.
En un hilo en su cuenta oficial en Twitter, @accesoajusticia señala que el decreto viola la legalidad tributaria y la separación de poderes.
“Advertimos que la tasa creada por el ejecutivo local viola el artículo 317 de la CRBV, que contempla el principio de legalidad tributaria, que no le permite al Poder Ejecutivo (presidente de la República, gobernadores y alcaldes) crear impuestos, tasas, contribuciones ni sanciones por vía de actos administrativos”, detalló la ONG.
También aclara que, son las ordenanzas dictadas por los concejos municipales, los instrumentos para ejercer la legalidad tributaria, tal como lo dispone el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, LOPPM.
“Es pertinente advertir a la justicia que la decisión del alcalde desconoce el principio de separación de poderes, por incurrir en una invasión del ejercicio legislativo que le corresponde al Concejo Municipal, previsto en el artículo 136 de la CRBV”, sostuvieron.
Sin contraloría
Los mecanismos de cobro que se instalaron en el arco de Ocumare también han sido cuestionados por propios y visitantes. Para algunos, además de improvisados, no ofrecen información precisa y detallada de la tasa impuesta.
Algunas personas debajo de un toldo, varias de ellas sin identificación, pedían una colaboración para el municipio”, refiere Héctor Barrera, un joven caraqueño que visitó Ocumare de la Costa el pasado 3 de enero y fue sorprendido con esta medida.
Los propios concejales del PSUV en Costa de Oro, Evanys Díaz, Kerlys Sanoja, Ender Arévalo, Jorge Aponte y Jesús Naranjo, así como la directora de la alcaldía, Francys Manamá, participaron del operativo de cobro realizado durante los primeros días de enero, cuando el municipio recibió la mayor cantidad de temporadistas.
“Nadie sabe el destino de esos recursos y en consecuencia su manejo no es nada transparente”, refiere Jesús González Paradisi, secretario general de Un Nuevo Tiempo, UNT, quien destaca no solo la inconstitucionalidad del decreto, sino la falta absoluta de contraloría en el cobro de ese peaje.
Hasta el 4 de enero, el alcalde Wilmer Leal admitió que más de 50.000 personas habían visitado Ocumare de la Costa; un municipio con una población no mayor a 19.000 habitantes y uno de los principales atractivos turísticos en el estado Aragua y del centro del país.
Participa en la conversación