A la condena de 24 años de prisión contra el capitán Antonio Sequea, se suman las desapariciones forzadas de su madre de 71 años y una prima. En el pasado, dos primos fueron asesinados en contextos de protestas y persecución política.
Puerto Ordaz. La familia Sequea carga con un historial de persecución política desde 2019: detenciones, exilios, allanamientos y muertes han marcado su vida. Hoy, a esa cadena de dolor se suman dos nuevas desapariciones forzadas —la madre y la prima del capitán Antonio Sequea—, en un episodio que revive viejas heridas y mantiene a sus allegados en la incertidumbre más absoluta.
Desde el 30 de abril de 2019, la familia Sequea ha sido objeto de un constante hostigamiento institucional y una serie de medidas restrictivas por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Esto no solo implicó la privación de libertad del capitán Antonio Sequea —militar que participó en el alzamiento del 30 de abril junto a Juan Guaidó y al que luego señalaron por su papel en la Operación Gedeón, una fallida incursión marítima contra el gobierno—, sino también la persecución de al menos 14 integrantes de su familia, la mayoría de los cuales se vio obligada a huir del país.
A la preocupación por las condiciones de reclusión del capitán Sequea, detenido en la cárcel El Rodeo I —un penal de alta peligrosidad ubicado en el estado Miranda, conocido por motines y hacinamiento—, se suman dos nuevas detenciones arbitrarias, que la familia califica como un “secuestro” debido a las circunstancias en que se produjeron.
“Una vez más somos víctimas de las violaciones de derechos humanos. Mi madre, Mery Torres de Sequea; y mi prima Zoris Gutiérrez Torres, son víctimas de desaparición forzada desde el día de 20 de septiembre, cuando las interceptaron en la vía unos encapuchados vestidos de negro y con armas largas. Se las llevaron y hasta ahora no sabemos el paradero de ellas”, relató Fátima Sequea, hermana del capitán Sequea a Crónica Uno.
Recordó que, como familia, han sufrido abusos y atropellos, y que estas desapariciones forzadas representan un nuevo capítulo en su calvario.
Condena colectiva
Fátima Sequea manifestó especial temor por su madre, de 71 años, hipertensa.
“Tiene que tomarse dos pastillas al día, que obviamente no las tiene porque no sabemos ni siquiera dónde está ni emocionalmente cómo se encuentra”.
Ignora si su hermano está al tanto de la situación. Aunque, el domingo, 21 de septiembre, correspondía la visita de 20 minutos y la entrega de paquetería que se le permite —un derecho mínimo que se otorga a los presos políticos para mantener contacto con sus familias—.
Al capitán Antonio José Sequea Torres lo condenaron a 24 años de prisión por delitos de terrorismo y traición a la patria, debido a su participación en la Operación Gedeón —un intento armado contra Maduro en mayo de 2020 que terminó en fracaso y numerosas detenciones—. A su familia también la condenaron a una persecución que desde entonces no cesa.
Tras los hechos del 30 de abril de 2019 y su detención, allanaron la vivienda de sus padres en San Félix, estado Bolívar. La Fiscalía General de la República se apropió de la casa y de todas las pertenencias que había en ella. Hoy no queda nada.
Otros duelos familiares
Las nuevas desapariciones forzadas de su madre y su prima se suman a los duelos que la familia arrastra desde 2017.
Ese año, en medio de la represión a las protestas —manifestaciones masivas contra Maduro por la crisis política y económica, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos—, funcionarios policiales y militares violaron la autonomía universitaria al disparar dentro del Decanato de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar.
Allí se refugiaba un grupo de jóvenes estudiantes. Entre ellos se encontraba Augusto Puga, asesinado de un disparo en la cabeza. El aspirante a médico era primo de Fátima y del capitán Antonio Sequea.
En marzo de 2019, durante el contexto del megapagón nacional —una falla del Sistema Eléctrico Nacional que dejó a 21 estados del país sin luz durante al menos cinco días—, ocurrió otro hecho aún no esclarecido.
El 1° de marzo detuvieron al ingeniero de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Ángel Sequea, también primo de Fátima y del capitán Antonio Sequea.
A Ángel Sequea lo arrestaron por denunciar el colapso del Sistema Eléctrico Nacional y advertir sobre la posibilidad de un apagón masivo, que finalmente se produjo. El 9 de marzo, en pleno apagón, apareció muerto en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El fiscal general Tarek William Saab declaró que la autopsia reveló asfixia por estrangulamiento. De inmediato se abrió una investigación por homicidio contra sus compañeros de celda. Sin embargo, nunca se conoció más información oficial sobre el caso.
Método Sippenhaft
Exiliada en Colombia —país que acoge a más de 2.800.000 migrantes y refugiados venezolanos, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados—, Fátima Sequea exige fe de vida y la liberación inmediata de su madre y su prima, así como la de su hermano Antonio Sequea.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian estas detenciones y desapariciones forzadas como aplicación del método Sippenhaft. Este se originó con los nazis en Alemania, quienes detenían a familiares de disidentes como forma de castigo colectivo y presión.
El concepto fue adoptado durante la Segunda Guerra Mundial por Heinrich Himmler —uno de los principales jerarcas nazis, jefe de las Schutzstaffel, traducido como Escuadrón de Protección—, y se utilizó para justificar la detención de parientes de acusados de crímenes contra el Estado, como en el caso del Plan Valquiria, la conspiración para asesinar a Adolf Hitler en 1944.
El exilio, la cárcel y ahora la desaparición forzada han fracturado a la familia Sequea. Desde Colombia, Fátima repite un clamor por justicia y garantías mínimas. Ese grito, suspendido entre el miedo y la esperanza, mantiene con vida la memoria de los suyos.
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