Jean Carlos De Sousa, hermano de una mujer desalojada de una residencia en Tucacas, estado Falcón, exige frente al Ministerio Público que se investiguen las irregularidades del caso. A finales de mayo, Marbella De Sousa y su familia fueron obligados a entregar la vivienda, donde vivían alquilados.
Caracas. Eran las 8:30 p. m. cuando a la casa donde se quedaba Marbella De Sousa Dávila llegaron dos fiscales del Ministerio Público, acompañados por la dueña de la casa, dos patrullas y al menos ocho funcionarios de la Policía del estado Falcón. Ahí vivía alquilada.
A esa hora de la noche la intención de los fiscales era presuntamente hacer una inspección y una entrevista. Jean Carlos De Sousa Dávila, hermano de Marbella, contó que la forma en la que arribaron los funcionarios a la residencia fue “como si le hubieran dicho que allí se encontraban delincuentes armados”.
Sin embargo, al no poseer ninguna orden, Marbella les impidió que pasaran a la vivienda aquel viernes, 26 de mayo. Tres días después, llegaron nuevamente con una orden de allanamiento y se dictó una orden de aprehensión en contra de Marbella por el supuesto delito de invasión.
La mujer estaba en la casa con una de sus hijas y no se les permitió sacar ningún bien material del inmueble. Vivía con sus dos hijas y su esposo en un conjunto residencial ubicado en Tucacas, municipio Silva, del estado Falcón.
Tras cumplirse un mes del hecho, Jean Carlos, Ronny Quevedo, el esposo de Marbella, y su hija Cinthia De Sousa se instalaron en la plaza Parque Carabobo, frente al Ministerio Público, para iniciar una huelga de hambre. Este miércoles, 28 de junio, cumplieron tres días sin comer como forma de protesta para exigir justicia.
“Esto no es más que una solicitud que le estamos haciendo al fiscal general, para que conozca las actuaciones de la Fiscalía 5° del estado Falcón, en el municipio Silva, en relación al desalojo arbitrario del cual fue objeto Marbella De Sousa”, expresó Jean Carlos.
Irregularidades en el hecho
Añadió que a su hermana y familiares les despojaron de todos sus bienes y derechos. Además, se le dictó una orden de aprehensión a Marbella “como si fuese una delincuente confesa”. Ante esta situación, piden a Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, que investigue el caso.
Tanto Marbella como su familia son comerciantes en Tucacas y se han dedicado a esta actividad económica por más de 25 años.
Marbella tenía casi siete años residenciada en esa casa, que le pertenece a Mariela Viloria, una abogada, de 62 años de edad. Su versión es que su hermana no había tenido ningún inconveniente con la propietaria anteriormente.
Jean Carlos sostuvo que la abogada nunca manifestó que quería la vivienda de vuelta ni de forma oral o escrita, aunque la versión de la propietaria, publicada en un tuit de Saab, es que Marbella supuestamente tenía dos años en condición de invasora.
También mencionó que nunca hubo retrasos con los pagos del alquiler y que Marbella, y su familia, cancelaban $550 de arriendo, más gastos del condominio, por una vivienda situada en una zona residencial privada con seguridad y piscina.
Jean Carlos dijo que al no tener respuestas en la Fiscalía 5° en Tucacas, municipio Silva, decidieron trasladarse a Caracas con una carpeta con 218 folios de soporte de pagos de alquiler y condominio.
A pesar de que Marbella tiene una orden de aprehensión, la mujer se encuentra “resguardada” por “no haber cometido ningún crimen”.
Plan del adulto mayor
A juicio de Jean Carlos, este tipo de acciones es una forma de criminalizar la condición de inquilino por las operativos que se han hecho en nombre del programa de protección de los adultos mayores, que lleva a cabo el Ministerio Público.
“Por ese tipo de acciones, que están muy públicas a nivel de las redes sociales a nivel nacional, los inquilinos están siendo vistos y catalogados, incluso de manera inmediata por el Ministerio Público, como unos invasores. ¿Y que es un invasor? De ser comprobado, es un delincuente”, expresó Jean.
En abril de 2023 Tarek William Saab anunció el programa de protección del adulto mayor denominado El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor. El 29 de mayo, Saab dio a conocer en una rueda de prensa que desde abril han recibido 537 denuncias.
Además, informó que 70 casos se referían a invasiones; 60 a perturbación a la posesión pacífica; 44 a lesiones; 37 a la violencia psicológica; 37 a amenazas; 35 a la apropiación indebida y 33 a estafas.
Daño psicológico
Los familiares de Marbella denunciaron que la mujer presenta un fuerte deterioro psicológico y que ha perdido mucho cabello.
Para Cinthia, su hija mayor, toda esta situación les dio un golpe muy fuerte a la familia y confesó que seguirán resguardando a su madre hasta que se esclarezca el caso.
“No la vamos a entregar porque es algo injusto lo que se está haciendo”.
Lea también:
Madre de hombre apuñalado en La California: “Esto fue una emboscada que me le hicieron a mi hijo”
Participa en la conversación