El ministro de Interior y Justicia denunció una red de corrupción que incluye a autoridades locales, empresas y funcionarios del Poder Judicial. En una rueda de prensa, resaltó las presuntas implicaciones del crimen organizado en la crisis social y política del estado Zulia.
Caracas. Desde 2022, el estado Zulia se ha convertido en el epicentro de una serie de arrestos que han sacudido su estructura política. Este viernes, 4 de abril, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la detención de cinco alcaldes zulianos por su presunta vinculación con redes de narcotráfico.
Los arrestados son: Alberto Sobalvarro alcalde del municipio Almirante Padilla; Jorge Nava, del municipio Miranda; Fernando Loiza del municipio Catatumbo y Danilo Esteban Añez, de Jesús Enrique Lossada. Todos están acusados de colaborar con mafias que operan en la región.
Además, se confirmó la aprehensión de Indira Fernández Duarte, alcaldesa del municipio La Guajira, señalada de participar en operaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
“Han sido capturados cinco nuevos alcaldes vinculados al tráfico de estupefacientes y a estructuras criminales en Zulia”,
acusó Cabello en una rueda de prensa.
Con este caso, 13 de los 21 alcaldes del estado Zulia han sido arrestados en los últimos tres años por su presunta implicación en delitos de narcotráfico y corrupción.
Durante su intervención, Cabello afirmó que, según las investigaciones de la llamada Operación Relámpago del Catatumbo, el empresario José Enrique Rincón —dueño de una empresa dedicada a la cría y explotación de camarones en el Lago de Maracaibo— habría utilizado sus empresas como fachada para lavar dinero del narcotráfico.
De acuerdo con la versión oficial, Rincón —actualmente en prisión— habría tejido una red de corrupción que incluye a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, para facilitar el narcotráfico bajo un manto de impunidad. El ministro también reveló la incautación de 120 empresas asociadas a la legitimación de capitales.
Acusaciones contra la oposición
Cabello vinculó a Rincón con la líder opositora María Corina Machado, al asegurar que ambos se reunieron en Colombia para planificar la instalación de “campamentos de mercenarios” en Catatumbo.
“Allí se habló de armas y logística para desestabilizar Venezuela”, afirmó, antes de tildar estos casos como parte de una “estructura criminal” que involucraría a funcionarios públicos.
Las declaraciones se produjeron durante la presentación de resultados de la Operación Relámpago Catatumbo, una ofensiva gubernamental contra el crimen organizado. El chavismo insiste en que la oposición y sectores empresariales conspiran con potencias extranjeras, aunque no ha presentado pruebas contundentes.
Mientras, organizaciones internacionales denuncian el uso político del sistema judicial en Venezuela, donde decenas de alcaldes y opositores han sido encarcelados en los últimos años.
¿Previa electoral?
Estas detenciones y acusaciones ocurren a poco menos de un mes y medio de las elecciones regionales y parlamentarias, pautadas para el 25 de mayo próximo. En estos comicios se renovarán, entre otros cargos, los de alcaldes en todo el país.
Este contexto ha generado debate en redes sociales sobre si las acciones responden a un interés genuino de combatir el crimen organizado o forman parte de una estrategia para desacreditar a posibles rivales políticos antes de los comicios.
Más allá de la discusión política, en Zulia el narcotráfico se ha convertido en un problema estructural. En en 2023, la ONG FundaRedes documentó al menos 172 homicidios en Zulia, con municipios como La Cañada de Urdaneta como epicentros de violencia. En la investigación se documentó cómo las bandas criminales imponen toques de queda, extorsionan a comerciantes y reclutan menores.
Además, la ONG identificó 70 pistas clandestinas usadas para el narcotráfico, muchas con presunta complicidad estatal.
Aunque las autoridades reportan incautaciones récord —como 8,6 toneladas de cocaína en 2022—, la inseguridad persiste. La Operación Relámpago, desplegada en 2025 con 2000 funcionarios de seguridad, confiscó 5407 kilos de droga. No obstante, los residentes denuncian un vacío de poder tras las detenciones de 13 alcaldes, algunos opositores, en los últimos tres años.
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