La partida para Programas Sociales, que incluía iniciativas como Héroes de la Salud, compra de vacunas en el mecanismo Covax y atención de casos médicos urgentes, no tendrá nuevos recursos asignados este año. De los 100 millones de dólares autorizados para Programas Sociales en 2021, el gobierno encargado ejecutó 28 millones a través de la OPS y Unicef, pero el resto quedó a la espera de los acuerdos que pudieran alcanzarse en la Mesa Social creada en las negociaciones de México.
Caracas. Este año, el gobierno encargado que preside Juan Guaidó no contará con recursos para implementar nuevos programas de asistencia social como los que implementó en 2020 y 2021 a través de planes como Héroes de la Salud y Madre María de San José.
Así se constata al revisar la nueva distribución del gasto del gobierno encargado y la Asamblea Nacional 2016-2021 contenida en el Decreto de Reforma del Reglamento de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Gastos de Riesgo Vital, firmado por Juan Guaidó el 8 de marzo pasado y publicado esta semana en Gaceta Legislativa.
El pasado 3 de marzo la Comisión Delegada aprobó el informe de la Comisión de Finanzas (presidida por Carlos Paparoni de Primero Justicia), que recomendaba autorizar al gobierno encargado una reconducción presupuestaria para su funcionamiento a lo largo de 2022, por un monto de $56.597.148,00.
La autorización otorgada por la Delegada se basó en la reforma de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Gastos de Riesgo Vital sancionada el 3 de enero de este año, que extendió la vigencia de dicho fondo –que funciona a manera de presupuesto del gobierno encargado– hasta el 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, esa prórroga, que fue el resultado de un difícil acuerdo político entre los partidos del G4 ampliado, se concedió con la condición de que el gobierno encargado no podría solicitar nuevos desembolsos al Banco Central de Venezuela ad hoc, sino que tendría que funcionar por la vía de la reconducción presupuestaria, es decir, utilizar el remanente de fondos no ejecutados en 2020 y 2021 para llegar a fin de año.
Un tercio del presupuesto de 2021
Como consecuencia de lo anterior, el presupuesto para el año en curso no solo es drásticamente inferior a los aprobados en los dos años previos sino que además eliminó tres partidas en comparación a la distribución del gasto aplicada el año pasado.
Mientras en 2020 el presupuesto del Gobierno encargado fue de 80 millones de dólares y en 2021, este año solo contará con un poco más de un tercio de esa cifra: 56,5 millones.
Las partidas que ya no figuran en la distribución del gasto del gobierno encargado para 2022 son: programas sociales (asistencia médica para casos de riesgo vital, atención humanitaria y emergencia por el COVID-19), Comunicaciones y Consejo de Defensa Judicial.
Fondos sin ejecutar esperan por México
Con respecto a la partida de programas sociales, considerada el corazón de la creación de este fondo, una fuente de la AN 2016-2021 y otra del gobierno encargado explicaron a Crónica.Uno que de los 100 millones de dólares autorizados en 2021 para la adquisición de vacunas y otros insumos para paliar la crisis generada por el coronavirus, solo se ejecutaron 16 millones a través de Unicef y 12 millones a través de la OPS.
Como se recordará, el grueso de esos recursos eran para pagar el ingreso de Venezuela al mecanismo Covax y adquirir dosis de vacunas Moderna contra la COVID-19 para 6 millones de personas, pero la administración de Nicolás Maduro se opuso al trámite y se adelantó al desembolso, antes de que el gobierno encargado obtuviera la licencia de la OFAC para la liberación de los recursos, el primer trimestre del año pasado.
Con respecto a los 72 millones de dólares restantes, uno de los voceros consultados indicó: “Estamos esperando por la reanudación de las conversaciones en México, ver qué pasa con la Mesa Social que se acordó allí”.
Los funcionarios explicaron que al ser un fondo y no un presupuesto nacional, el uso de esos 100 millones de dólares ya estaba aprobado, y en este momento solo queda pendiente la ejecución de los referidos 72 millones de dólares. Aclararon que para este año no se pidió un nuevo préstamo al BCV ad hoc, “pero el dinero ya prestado por el BCV para un fin, no se puede redireccionar para otro fin, sin aprobación de la AN”.
Por esa razón, los recursos no aparecerían reflejados en la nueva distribución del gasto, indicaron. De hecho, el Decreto Presidencial Nº 40 de Juan Guaidó, que reforma el Reglamento de la Ley del Fondo (publicado esta semana en la Gaceta Legislativa Número 58) señala en su disposición transitoria primera que:
“El monto y la distribución de los gastos mencionados en el artículo 10 de este Reglamento son el resultado del traspaso de créditos presupuestarios a partidas globales del Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, conformados por el remanente de lo ejecutado de los recursos aprobados con los que se creó el Fondo Especial para su funcionamiento en el año 2020 y del remanente de lo ejecutado de los recursos adicionales que le fueron autorizados para el período 2021”.
Aumento para defensa de la democracia
De las ocho partidas que quedaron vigentes, solo dos muestran un aumento en sus asignaciones: la destinada a Defensa de la Democracia y la del Consejo de Administración del Gasto.
La primera pasa de 23,5 millones de dólares en 2021 a 35,1 millones de dólares este año. Esta partida ha sido utilizada en el pasado para financiar activismo político de la oposición, por ejemplo, el pago de una bonificación a activistas de base del G4 o el financiamiento de la consulta popular de diciembre de 2020.
En 2022, el nuevo proyecto de activismo político del gobierno encargado es el Movimiento Salvemos Venezuela, que tiene como propósito ayudar en la rearticulación y movilización política de la sociedad a lo largo de este año. Sin embargo, el decreto de distribución del fondo no especifica el uso que se le dará este año a estos 35,1 millones de dólares.
Por otro lado, una de las fuentes consultadas explicó que el incremento de unos 200.000 dólares para este año en la partida para el Consejo de Administración del Gasto, responde a que “la Asamblea Nacional encargó al Consejo reducir el presupuesto del Fondo de Litigios y para hacer eso se va a contratar una firma de abogados que apoye en ese proceso con criterio jurídico”. Estos recursos adicionales al CAG “saldrán de la partida de apoyo legal”, dijo el vocero.
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