El abogado Joel García recordó que Carreño es un “preso sustituto” que fue encarcelado en represalia por la fuga de Leopoldo López del país. En diciembre de 2020 el Ministerio Público acusó al periodista por los delitos de conspiración, financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.
Caracas. El periodista venezolano y activista del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, vio finalmente este lunes el inicio del juicio penal en su contra, luego de 552 días detenido. El proceso será llevado por el tribunal tercero de juicio con competencia en terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera.
Carreño fue apresado el 26 de octubre de 2020 por funcionarios policiales que lo mantuvieron desaparecido e incomunicado por más de 12 horas. Finalmente, el día 27 de octubre se confirmó que se encontraba en la sede de del Sebin en el Helicoide y 48 horas después de su detención pudo comunicarse con su familia.
Desde entonces, sus abogados han denunciado continuas irregularidades en el proceso que van desde la desaparición antes mencionada pasando por la violación del derecho a la defensa, el uso de actas policiales como prueba de la fiscalía y la ausencia de las garantías judiciales.
Este lunes, antes de comenzar la audiencia donde el Ministerio Público y la defensa de Roland Carreño exponen sus argumentos sobre el caso, los abogados defensores Ana Leonor Acosta y Joel García ratificaron que el caso contra Carreño no solo es político, sino que entra en el esquema de persecución policial bajo la tesis del derecho penal del enemigo.
Roland ha estado sometido a un proceso plagado de irregularidades, donde no se le ha permitido defenderse. Su detención está basada en un esquema policial. No hay una investigación del MP, sino una persecución. Roland no está siendo tratado como justiciable sino como un enemigo, basándose en el derecho penal del enemigo”, dijo Acosta.
El 29 de octubre de 2020 Roland Carreño fue imputado por los supuestos delitos de conspiración, financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir, y el 18 de diciembre se le acusó formalmente por esos mismos delitos.
Acosta recalcó que en aquel entonces, el Ministerio Público basó su acusación en las actas policiales levantadas por los efectivos que practicaron la detención, a pesar de que existe jurisprudencia de la Sala Penal del TSJ, según la cual las actas policiales no pueden ser usadas en juicios como medios de prueba, sino que las pruebas tienen que ser el resultado de la investigación de los fiscales del MP.
“Hay abundante jurisprudencia respecto a que las actas policiales no pueden ser utilizadas como prueba en los juicios. Quien tiene la facultad de investigación es el Ministerio Público y no los órganos policiales. Pero lo que vemos en estos casos políticos es que las investigaciones, la implantación de supuestas pruebas, las hacen los órganos policiales sin ningún tipo de dirección ni investigación por parte del Ministerio Público”, dijo.
En ese sentido, Joel García agregó que “desde hace mucho tiempo la inteligencia y la contrainteligencia militar suplantaron la función del Ministerio Público” lo que, según su experiencia en tribunales, se traduce en que “hoy en día no hay un fiscal que no se guíe por actas de ‘investigación penal’ entre comillas, que son simples falacias que se siembran allí para perseguir a los disidentes políticos”.
García también recordó que la detención de Roland Carreño se produjo dos días después de que se confirmó la fuga del país del coordinador nacional y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien desde abril de 2019 se había refugiado en la sede de la Embajada de España en Caracas.
“Roland es un preso sustituto; es decir, está es sufriendo el castigo de que Leopoldo López se haya ido de Venezuela”, sostuvo el abogado penalista.
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