Desde hace más de un año, jubilados y pensionados del holding de la CVG acordaron mejoras en beneficios económicos y de salud. Sin embargo, la junta interventora aún no ha cumplido con estos acuerdos.
Puerto Ordaz. Jubilados y pensionados del holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) presentaron un documento en el que denuncian el incumplimiento de acuerdos relacionados con beneficios de salud e indemnizaciones.
“Para nadie es un secreto el problema que tenemos con la salud, con las indemnizaciones de las jubilaciones, que en algunos casos, como el de Ferrominera, está establecido en la Convención Colectiva. En los gastos de medicina, la CVG solamente reconoce 100 dólares”, señaló Pedro Moreno, presidente de la Asociación de Jubilados de Ferrominera.
Los montos que exceden esa cifra deben ser asumidos por las empresas adscritas a la CVG. No obstante, estas rara vez reconocen el excedente a jubilados y pensionados.
Destacaron que el grupo de jubilados, pensionados, sobrevivientes y pioneros suma aproximadamente 3500 personas, quienes han visto vulnerados sus derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y sus convenciones colectivas.
Dos años sin respuesta
Luis Ramones, presidente de la Asociación de Jubilados de Sidor, criticó que, durante los dos años que lleva al frente la Junta Interventora de la CVG, presidida por Héctor Silva, no se haya atendido a este grupo para abordar sus reclamos.
“Nos hemos venido reuniendo con la licenciada Ana Mediomundo como representante de las autoridades, autorizada por el Gobierno Nacional, en una reunión del 18 de enero de 2024 en Sidor. El objeto era conformar una mesa de trabajo donde a través del diálogo le hiciéramos planteamientos y reclamos en justicia de los derechos que nos fueron conculcados desde hace muchos años. Sin embargo, algunos planteamientos y propuestas no han recibido respuesta”, recordó.
Ramones añadió que en febrero se lograron varios acuerdos. Entre ellos: el abastecimiento de la farmacia del Hospital de Trabajadores y mejoras en la tarjeta de alimentación.
“¿Qué pasó con esos acuerdos? Esos acuerdos se los hicimos llegar, nos dijeron que no los iban a solucionar y hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta positiva. Continuamos con problemas en el Hospital de Trabajadores. Lo que ha mejorado es el trato del personal médico y el personal que nos da asistencia allí en ese hospital”
expuso Ramones.
El memorándum 2792
En relación con los beneficios contractuales, empresas como Ferrominera llegaron a un acuerdo el 21 de febrero de 1997. Ese pacto redujo en un 25 % los artículos del comisariato para crear un cheque abasto (opcional).
El 75 % restante se convirtió en un monto en dinero para quienes optaran por el cheque abasto total. Además, se establecieron 22 artículos a precio regulado para quienes permanecieran en el comisariato, más un 25 % en dinero correspondiente a un cheque abasto parcial.
La firma del Memorándum N° 2792, el 20 de septiembre de 2018, marcó el fin del pago del cheque abasto y el suministro del comisariato. Esto significó la suspensión de cláusulas económicas y sociales de las convenciones colectivas del holding CVG.
“Al día de hoy sumamos 79 meses con el beneficio suspendido, ocasionando una pérdida millonaria para trabajadores, jubilados y pensionados, además de la acumulación de una gigantesca deuda al patrimonio familiar individual del universo de los beneficiarios de esa cláusula social”, denunciaron.
Entre las demandas actuales, solicitan aumentar el monto de la tarjeta de alimentación de 100 a 300 dólares. También piden habilitar un área de hospitalización en el Hospital de Trabajadores Dr. José Gregorio Hernández (antiguo edificio administrativo de la CVG).
Además, exigen la instalación de consultorios con especialistas adicionales, el abastecimiento de la farmacia, la instalación de un tomógrafo y rayos X, así como la adquisición de una ambulancia.
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