Las municipalidades carabobeñas no tienen una cifra de cuántas infracciones viales se cometen pero varias son las alcaldías que quiere ponerle las manos al caos.
Valencia. En septiembre de 2021, el gobernador Rafael Lacava anunció con gran pompa el Plan Rumildo, un proyecto enfocado en reducir los accidentes de tránsito y controlar a los infractores que diariamente protagonizan caos en las calles de Carabobo.
Tres años después, el plan ha desaparecido del discurso oficial y la realidad del tránsito en la región se caracteriza por el desorden y la falta de control.
Los carabobeños no necesitan estadísticas para describir la situación. Conductores y peatones coinciden en calificar el tránsito como «caótico», «desesperante» e «insoportable».
David Ruano, taxista de Valencia, resume la situación desde su experiencia diaria.
“Como peatón tienes que estar atento a que no te atropellen en el rayado. Como conductor es peor; la gente maneja como quiere”, contó.
Este doble papel le permite observar una anarquía generalizada: señales de tránsito ignoradas, rayados peatonales irrespetados y vehículos estacionados en cualquier lugar, sin importar si obstruyen la vía o violan la normativa.
En puntos como la Plaza Fabián de Jesús Díaz, la situación se agrava. Los vehículos estacionados en ambos lados de la calle detrás del parque obstruyen la visión, generando un punto ciego peligroso.
Igual situación ocurre en la calle 137, cerca del CC Shopping Center, en los que los estacionamientos ilegales transforman una vía de dos canales en una de uno solo, forzando a los conductores a maniobras arriesgadas.
Accidentes y Motorizados
Entre septiembre y octubre de 2023, Crónica.Uno registró 101 accidentes de tránsito en Carabobo, de los cuales más de la mitad involucraron a motociclistas.
En noviembre de 2024, el periódico El Carabobeño reportó solo 23 incidentes en Valencia, reflejando una notable caída en los registros. Sin embargo, esta reducción no necesariamente indica una mejora en la situación, sino que puede estar relacionada con la opacidad informativa en el área de sucesos.
El aumento de motocicletas en las calles de Valencia, impulsado por su bajo costo y practicidad, ha traído consigo mayores riesgos. El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, reconoce este problema, destacando que los motociclistas representan una proporción importante de los accidentes.
Cámaras y educación
Fuenmayor fue el primero entre los alcaldes carabobeños en dirigir su atención al área de tránsito. En octubre de 2024, anunció la instalación de más de 100 cámaras en la ciudad como parte de un estudio sociológico para analizar el comportamiento vial y diseñar soluciones.
Aunque las cámaras están operativas, hasta el momento no se han presentado resultados concretos ni avances relacionados con el supuesto plan sociológico.
Actualmente, la respuesta de la Alcaldía de Valencia se limita a la presencia de funcionarios en puntos estratégicos de la ciudad, como la avenida Bolívar y el Paseo Cabriales. Sin embargo, su rol es más simbólico que práctico.
Observaciones realizadas por Crónica.Uno revelan que estos agentes se limitan a dirigir el tránsito en las horas pico, sin corregir malas prácticas como el irrespeto al rayado peatonal, el uso del celular al conducir o la falta de cinturón de seguridad. En ocasiones, los funcionarios son vistos conversando entre ellos o distraídos en sus teléfonos mientras el caos sigue desarrollándose a su alrededor.
Uno de los principales obstáculos para la mejora en la gestión vial es la falta de un sistema de multas. Aunque la Ley de Tránsito Terrestre permite a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aplicar sanciones, el número de agentes es insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudad.
Desde la Cámara Municipal tampoco se han impulsado medidas para implementar multas a nivel local, probablemente debido al temor de los políticos por el costo electoral que estas sanciones podrían generar.
Alcalde en la calle
Pero Fuenmayor apuesta por la educación. El 21 de febrero de 2024 inauguró una escuela de tránsito en el Terminal Big Low Center. El objetivo, mejorar la formación vial de conductores del transporte público y mototaxistas.
Durante septiembre se pudo ver a Fuenmayor recorriendo las calles del sur de la ciudad con pancartas que invitan a respetar las normas de tránsito. El edil precisó que dichas jornadas llevan a unos cuatro meses.
San Diego: Un Enfoque Contrapuesto
En San Diego, el alcalde León Jurado ha adoptado un enfoque diferente. Tras completar un ciclo educativo dirigido a conductores, en 2025 iniciará la aplicación de multas. Para ello, el Concejo Municipal aprobó una modificación en la ordenanza local, permitiendo sanciones económicas en euros, dada la obsolescencia de la Unidad Tributaria como referencia.
Jurado destaca que esta medida busca tanto corregir infracciones como generar ingresos para la Policía Municipal.
“Una multa podría ser de 20 dólares si alguien ignora una luz roja. Si la paga en los primeros dos días, se aplica un descuento”, explica. Según sus cálculos, el municipio podría recaudar hasta 100,000 dólares anuales, dinero que sería destinado a fortalecer la gestión policial.
El enfoque de Jurado ha enfrentado resistencia, especialmente de transportistas, quienes rechazan las nuevas normativas. Sin embargo, el alcalde defiende la necesidad de estas medidas como parte de un proceso correctivo indispensable.
«Les interesa acatar porque si no no se le renuevan los permisos», asegura.
Por ahora a Jurado le contenta anunciar que los accidentes de tránsito han disminuido en San Diego.
«Es un 40%, es poco todavía pero es un avance». Este porcentaje es en referencia a cifras como las del 2022 y 2023 cuando el municipio contabilizó entre 82 y 96 accidentes anuales.
Faltan uniformados
Uno de los mayores obstáculos en la aplicación de sanciones es la limitada cantidad de agentes autorizados para imponer multas.
En San Diego, solo 14 policías municipales tienen esta facultad. Ante esta limitación, Jurado propone un sistema de mancomunidad entre municipios que permita a las alcaldías colaborar en la recaudación de multas, compartiendo un porcentaje de los ingresos generados.
Ademas la Policía Municipal de San Diego cuenta con 280 funcionarios y para cubrir su cuota aun les falta 120. De la cantidad activa «La crisis nos complica la meta».
Esta idea, planteada en una reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuenta con el potencial de mejorar la gestión vial en todo Carabobo. Sin embargo, hasta ahora no ha avanzado debido a la falta de voluntad política.
«Se lo comenté a Fuenmayor porque nos sentaron juntos ese día, a él le gustó la idea pero no pasó de ahí», dijo.
