Carlos Salazar, de la Coalición Sindical Nacional de trabajadores, sostiene que varios de sus compañeros viven bajo perfil para evitar ser detenidos, o viendo afectada su salud mental.
Caracas. Luchar por los derechos de los trabajadores se convirtió en una actividad de riesgo, así lo manifiestan los miembros de la Coalición Sindical, un movimiento conformado por varios trabajadores de distintos sectores públicos quienes manifiestan que su trabajo, que consiste en defender los derechos de otros empleados, cada vez se torna más difícil.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, indica que desde hace aproximadamente seis años en todas las movilizaciones convocadas hay muchos infiltrados pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado quienes los fotografían e investigan.
Muchos integrantes de la coalición sufren amenazas constantes, o son seguidos hasta sus casas con el propósito de amedrentarlos.
«Ellos profesionalizaron la persecución y la convirtieron en un hecho de Estado. Ahora no solo nosotros somos perseguidos, sino que han visto que jóvenes que van a una protesta, son apresados por agentes que ellos tienen infiltrados en sectores de la comunidad y estudiantil», rechaza.
Agrega que en una oportunidad, para denunciar lo ocurrido, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) les dijeron que no estaban siendo perseguidos, sino «vigilados».
Mencionó el caso de Jhon Álvarez, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que fue apresado y torturado en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, con el propósito de obligarlo a incriminar a dos personas, entre esas, Carlos Salazar, por supuesta conspiración en contra del Gobierno.
Recordó que entre otros amenazados de su movimiento, está José Patines, secretario general del Sindicato de la Cancillería, Anneliese Toledo, coordinadora de prensa de Coalición Sindical y Leida Brito, conocida como la «Abuela del casco rojo».
«Anneliesse, de tanto asedio que sufrió, quedó hospitalizada debido a que se vio afectada porque su enfermedad le altera el sistema nervioso. El compañero José Patines no puede pasar de su zona, en Guarenas-Guatire, debido a que apenas agarra la autopista paran la camioneta en la que va», señala.
Nada que perder
«Podemos aguantar que nos tomen fotos, que nos asedien, que nos aterroricen. Ya estamos curados y curtidos de este medio de opresión que nos hace el sistema. Pero les pido a ellos que hablen con su gente porque aparte de que nos aterrorizan, nos roban, no con palabras, sino con armas», manifiesta Brito, quien tuvo que poner una denuncia tras ser amenazada con un cuchillo mientras caminaba por Sabana Grande.
«¿La próxima va a ser con una pistola? Que le pongan de verdad preparo a esta gente, que los controlen», reclama.
Recuerda que el primer ataque en su contra fue en Parque Caracas, tras una actividad con trabajadores, donde personas afectas al Gobierno la lanzaron por unas escaleras. La segunda fue en la estación del metro de Chacao, cuando un hombre le dio una cachetada.
A pesar del miedo, Brito recalca que no dejará de salir a las calles debido a que no aguanta tener un salario de «esclavitud moderna y a ser controlada con una bolsa de comida.
«No tengo más nada que perder, yo ya lo perdí todo: Mis hijos se fueron del país, mi mamá está parapléjica en una cama. Esto es lo único que tengo, y es mi derecho de salir a la calle a protestar por un derecho humano y de todos los venezolanos que nos merecemos vivir con dignidad», dice.
Durante una convocatoria de la Coalición Sindical, este lunes, 28 de octubre, Brito decidió no llevar su casco, un símbolo que siempre la ha identificado desde que inició su lucha en las protestas de 2017. Sin embargo, lo ha dejado de usar para ocultarse.
«Con el casco soy una figura y sin el casco otra. Ya me conocen, saben donde vivo, tengo amenazas y colectivos parados frente a mi casa. Seguiré protestando así como Dios me trajo al mundo, con mi consciencia limpia y con una convicción de que sí vamos a salir de este sistema», expone.
Protesta de trabajadores
Con el objetivo de protestar por los derechos laborales, la Coalición Sindical de trabajadores convocó una protesta el próximo jueves, 31 de octubre, a la Plaza de Parque Carabobo, frente al Ministerio Público para entregar un documento para pedir la excarcelación de sindicalistas detenidos.
Posteriormente, la movilización que iniciará a las 10:00 a. m., tendrá como destino final la sede del Ministerio de Educación Universitaria, ubicado en la esquina El Chorro.
Eduardo Sánchez, presidente Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatra-UCV), refirió que el propósito es lograr una reunión con el ministro de Educación Ricardo Sánchez) y conversar sobre los problemas que afectan a quienes trabajan en el sector educativo. Entre ellas el cambio de seguro médico y pérdida de otros beneficios laborales.
«Tenemos siete años sin recibir uniformes para trabajar. También tenemos que hablar que tenemos casi 1000 días sin salario. Pensamos que podemos conversar con él (Ricardo Sánchez) , que es un muchacho joven, egresado de esta misma universidad (UCV)
La convocatoria contará con el apoyo de trabajadores jubilados y pensionados quienes también protestarán por su situación, así como por un aumento salarial que este lunes, cumple 957 días fijado en 130 bolívares.
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