La alta comisionada de la ONU considera que la elección de los nuevos magistrados del TSJ es una oportunidad para “fortalecer la independencia del Poder Judicial” y llama a la AN a evaluar “cuidadosamente” a los aspirantes.
La condena a 30 años de prisión impuesta a los dos efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que torturaron hasta la muerte al capitán de navío Rafael Acosta Arévalo en junio de 2019, fue saludada por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró que esta y otras decisiones judiciales, legislativas y administrativas adoptadas en los últimos meses “son pasos en la dirección correcta”. Sin embargo, la funcionaria advirtió a las autoridades que todavía “falta mucho por hacer” para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país.
La afirmación la hizo la exmandataria chilena al presentar este jueves una nueva actualización oral sobre la situación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual celebra estos días su 33 período de sesiones.
En los últimos meses los tribunales han condenado a cerca de media docena de policías y militares implicados en graves violaciones a los Derechos Humanos. Así, además del fallo contra el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate Soto, responsables de acabar con la vida del capitán Acosta Arévalo mientras estaba bajo su custodia; en septiembre otro tribunal declaró culpable al policía militar que en 2017 disparó a quemarropa al estudiante David Vallenilla, cuando este participaba en una protesta en las inmediaciones de la Base Aérea de La Carlota (Caracas). Y este mismo mes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena a 22 años de prisión contra dos exagentes de la Policía de Carabobo por dar muerte en 2017 a Christian Humberto Ochoa Soriano.
Bachelet también evaluó como positiva la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suscribir un acuerdo con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad que esta última instancia abrió en noviembre.
Es otra oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso en la lucha contra la impunidad, a través de una acción procesal y judicial rápida, genuina y eficaz”, declaró.
Una posibilidad para el cambio
La alta comisionada también consideró “prometedoras” las reformas judiciales y la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“Desde mi última actualización en septiembre pasado se han puesto en marcha algunas iniciativas de reforma que abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones a los Derechos Humanos. La reforma del sistema de justicia y la reestructuración a la Policía Nacional Bolivariana, en particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), las cuales están en consonancia con las recomendaciones anteriores (formuladas tanto por su despacho como por el Consejo de Derechos Humanos) y pueden conducir a una transformación institucional significativa”, declaró.
Bachelet se refirió al proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y consideró que el mismo “es una oportunidad para la fortalecer la independencia del Poder Judicial”.
“Hago un llamado a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesional de los candidatos”, declaró Bachelet, a quien al parecer el hecho de que el Comité de Postulaciones Judiciales todavía no haya publicado la lista de los 271 candidatos que remitió al Consejo Moral Republicano parece no importarle.
La funcionaria tampoco reparó en las críticas que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho en relación con que se permita a los magistrados en ejercicio postularse a la reelección, una posibilidad no prevista en la Constitución de 1999.
Durante su informe Bachelet reconoció que los venezolanos siguen sin disfrutar plenamente las garantías al debido proceso, juicio justo y el derecho a la libertad. Y para sustentar su señalamiento reveló que “seis personas permanecen detenidas pese a contar con órdenes de excarcelación y al menos 22 han solicitado su excarcelación alegando la expiración del límite legal de su detención. De los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias 12 personas siguen detenidas”.
Violencia y diálogo
Michelle Bachelet denunció que la violencia en Venezuela sigue al alza y culpó de ello a “actores armados no estatales y grupos criminales”. Tras expresar particular preocupación por la situación en el estado Apure, la funcionaria demandó de las autoridades que investiguen todos los casos de abusos.
Y, por último, saludó la reanudación del diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, al tiempo que pidió una “negociación inclusiva y significativa, con pleno respeto a los Derechos Humanos y a Estado de Derecho”.
Pese a que el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es mucho menos duro que los anteriores, la delegación venezolana lo rechazó y lo consideró parte de las “acciones hostiles” que la administración de Maduro viene soportando.
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