Familiares y abogados del joven de 24 años de edad, junto a sindicalistas y defensores de los derechos humanos, se congregaron a las afueras del Ministerio Público para solicitar al fiscal general, Tarek William Saab, que investigue los actos de tortura que denunció el ucevista.
Caracas. Ha pasado una semana desde que los padres del estudiante John Álvarez, de 24 años de edad, hicieron una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo para exigir que se investiguen actos de tortura en contra de su hijo, quien actualmente se encuentra detenido.
Sin embargo, Alfredo José Ruíz Angulo, el defensor del Pueblo, no ha enviado a ningún funcionario para entrevistar a John ni a un médico forense para que examine al joven, explicó Joel García, integrante del equipo de defensa del estudiante.
García hizo enfatizó que este órgano es el responsable de solicitar una investigación cuando ocurren tratos crueles e inhumanos.
Este miércoles, 13 de septiembre, familiares y abogados de John, así como sindicalistas y defensores de los derechos humanos, se congregaron a las afueras del Ministerio Público para solicitar al fiscal general –designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente–, Tarek William Saab, que investiguen los actos de tortura que denunció el estudiante.
Joel García, abogado del estudiante.| Foto: Manuel Díaz
“Vamos a introducir un documento para ver si el fiscal general de la república se digna a ordenar una investigación, porque John Álvarez fue víctima de tortura y de robo. Le robaron todas sus pertenencias. Y están identificados plenamente quienes fueron los torturadores y los ladrones y quienes lo someten a este cautiverio”.
La detención
El miércoles 30 de agosto, John Álvarez, estudiante de Antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), fue detenido por funcionarios no identificados, en la avenida Bolívar.
El joven desapareció más de 24 horas y denunció que fue torturado por efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (Daet).
En la audiencia de presentación, el ucevista contó que lo golpearon con objetos de madera y que recibió descargas eléctricas en los testículos y rodillas, luego de negarse a incriminar a dos personas en un video por su presunta conspiración en contra del Gobierno.
Foto: Instagram Jhon Álvarez
A John Álvarez lo vinculan con el caso de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión y le imputaron los delitos de conspiración y asociación. El joven fue exsecretario general de la Juventud de Bandera Roja. Cuatro de los seis sindicalistas son miembros activos de ese partido político.
Wendelin Peña, madre de John, informó a Crónica.Uno que de las secuelas de la tortura su hijo quedó con mucho dolor en una rodilla. Además, tiene gripe.
“Estamos acá para formalmente presentar la denuncia y pedirles que coloquen la lupa, que visibilicen el caso de John. Mi hijo fue torturado y robado”.
Wendelin Peña, madre de John Álvarez | Foto: Manuel Díaz
“Delito” por protestar
Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de los derechos humanos, pidió que se investiguen este tipo de denuncias en la Corte Penal Internacional (CPI), porque no solo se trata del caso de John sino de líderes sindicales, gremialistas e incluso periodistas.
“El único delito que hemos realizado es simplemente protestar por agua, protestar por luz. Tener este carnet de periodista no me hace terrorista, se lo digo directamente a Tarek William Saab”, expresó durante la concentración en el Ministerio Público.
También recordó el caso de Luis Alejandro Acosta, el periodista detenido el 8 de septiembre pasado, en el Puerto La 40, en el estado Amazonas. De acuerdo con la ONG Espacio Público, desde hace meses Luis Alejandro hacía coberturas sobre la minería ilegal, en el Parque Nacional Yapacana.
#DenunciaEP | El periodista Luis Alejandro Acosta está detenido desde el viernes 8 en el estado #Amazonas, informó este domingo #10sep un grupo de periodistas de la entidad a través de un comunicado. pic.twitter.com/yGPYVmAGKo
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó a través de la red social X, antes Twitter, que el Ministerio Público le imputó tres delitos: ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir, a pesar de que la jueza le había otorgó libertad con medidas cautelares.
El periodista seguirá detenido hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie en relación a los alegatos presentados por la fiscales, según el Sntp.
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