El Comité Para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) exigió al Estado venezolano el cese de las amenazas y hostigamiento en contra de las familias de los privados de libertad en el contexto poselectoral. Calificaron estas acciones como “terrorismo de Estado”.
Caracas. Por el reflejo en el espejo ubicado en la sala de su casa Yesenia* se percató de que una camioneta, con cuatro funcionarios policiales, se encontraba estacionada afuera de su vivienda.
Los uniformados se bajaron y “de forma violenta” tocaron a la puerta. De inmediato ella corrió a un lado su cortina y se asomó a la ventana para atenderlos.
“Preguntaron por unas personas que yo no conozco y me dieron otro número de casa distinto al mío. Ellos me insistieron en que les dijeron que la dirección era allí”, recuerda.
Sin embargo, les respondió que estaban equivocados, por lo que debían corroborar la información que tenían.
Tras insistir, los hombres se fueron. En el urbanismo donde Yesenia reside, solo hay 200 casas, por lo que dudó de lo dicho por los funcionarios.
“Luego supe que ellos lo hacen para amedrentar e incitar el miedo. Ese mismo día decidimos irnos. No estaba dispuesta a vivir de nuevo ese pánico”,
asegura.
Al principio la decisión era quedarse en casa porque a su hijo, quien una semana antes formó parte de la cifra de excarcelados en el contexto poselectoral, es inocente. Pero la madre reflexionó luego de ver la reacción del joven, de 18 años de edad, quien tembló de miedo al ver a los funcionarios.
“Empacar todo no fue fácil. Dejar atrás 25 años de tu vida tampoco”, manifiesta Yesenia, quien en tan solo dos días metió en bolsas y maletas la mayoría de sus pertenencias y se fue de su casa con su hijo para resguardarse.
Un patrón
La madre sostiene que aún le quedan cosas por recoger y papeles que arreglar para poner la casa en venta. A pesar del dolor de abandonar su hogar siente la tranquilidad de que no puedan ubicarla y perturbar a su familia.
Yesenia no ha sido la única madre o familiar de un detenido poselectoral en ser víctima de hostigamiento. Otras familias relataron a Crónica Uno cómo han vivido de cerca la persecución por parte de cuerpos policiales, por defender a sus hijos durante el encarcelamiento con acciones de calle pácificas.
Las víctimas relataron a Crónica Uno que sufrieron amenazas constantes por solicitar la libertad de sus parientes a través de redes sociales o por denunciar violaciones constantes de sus derechos humanos.
El Comité Para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) exigió el cese de dichas prácticas, calificadas como «terrorismo de Estado» y que no contribuyen a un ambiente de verdadera paz en el país.
“Por el contrario revictimizan a quienes han vivido la injusticia durante estos largos meses y profundizan su sufrimiento”, escriben en las redes sociales del comité.
Perderlo todo
Ana* regresó a su casa, ubicada en el estado Zulia, después de la excarcelación de su hijo en diciembre. Pero para su sorpresa las integrantes del consejo comunal le dijeron que la vivienda ya no le pertenecía.
Por desconocimiento, unos meses antes de la detención de su hijo –a finales de julio de 2024– Ana compró una casa perteneciente a una Misión Vivienda a un conocido, sin ningún documento de por medio. Solo hubo intercambio de dinero. Tampoco sabía que las casas asignadas a través de este beneficio estatal no pueden ser vendidas.
Meses antes, cuando Ana permanecía en los alrededores de la cárcel Yare III, en el estado Miranda, pendiente de la detención de su hijo, robaron en su casa.
Nunca realizó denuncias, ya que sabía que la acción venía por órdenes de las mismas personas que acusaron a su hijo de estar involucrado en planes con la oposición.
Su decisión fue irse a casa de una hermana, con lo único que cargaba para pasar sus días en las adyacencias de Yare.
El miedo de hablar
Desde hace 14 meses Adolfo* dejó su casa junto con su esposa y dos nietos, quienes quedaron a su cargo luego de que su hijo y nuera fueran encarcelados.
Después de varios allanamientos y amenazas prefirió dejar su vivienda, con tal de obtener un poco de calma luego de la detención poselectoral de su hijo.
“Mi hijo solo pidió un permiso para casarse. Él es militar. Se lo negaron, lo metieron preso y luego hicieron lo mismo con mi nuera. Ella también es militar”.
Aunque prefiere pasar desapercibido, Adolfo asiste a cada manifestación de familiares en defensa de los derechos de detenidos por razones asociadas al contexto político. Se niega a dar demasiados detalles a quien se lo pregunte. Sabe que es contradictorio, pero lo prefiere de esa manera.
“Mi hijo me advierte que por favor no diga nada de él ni que denuncie, porque será peor”.
Desde el 2014 el Foro Penal Venezolano registra 18.300 detenciones políticas en Venezuela.
Hasta marzo, 1014 personas siguen detenidas en distintos centros penitenciarios del país, de acuerdo con las cifras de la ONG, tras las protestas en rechazo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según información del Gobierno el número de detenciones por estas protestas fue de 2400.