Los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional en 2017, hoy en el exilio, oficiaron a Juan Guaidó para que informe si ha rendido cuentas de su gestión, según lo ordena el artículo 237 de la Constitución. La solicitud surgió a partir de una petición presentada ante ese órgano por los abogados venezolanos Carlos Guía, José Amalio Graterol, Eliécer Elbitar y Adriana Vigilanza.
Caracas. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia electos por la Asamblea Nacional en julio de 2017, exhortaron a Juan Guaidó a rendir cuentas de su gestión como presidente encargado de Venezuela y administrador del Fondo para la Liberación de Venezuela, desde 2019 en adelante.
Estos magistrados, designados por el Parlamento en aquella oportunidad conforme a la Constitución, fueron declarados usurpadores por el TSJ adscrito al gobierno de Nicolás Maduro. Para evitar su detención, los juristas abandonaron el país horas después de su nombramiento e instalaron el denominado TSJ en el exilio, en Miami y Bogotá.
Ante esa instancia acudieron los ciudadanos venezolanos Carlos Guía, José Amalio Graterol, Eliécer Elbitar y Adriana Vigilanza, para solicitar el cumplimiento del artículo 237 constitucional que ordena al presidente de la república una rendición anual de “cuentas sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión”.
Algunos entes del gobierno encargado rindieron cuentas en 2020 y 2021
Tal como ha recogido Crónica.Uno en diferentes reportajes publicados desde 2020, Guaidó no ha rendido cuentas, personalmente, de su gestión en ninguno de los años siguientes a su juramentación como presidente encargado.
Como se sabe, el gobierno encargado ha manejado recursos de la república depositados en Estados Unidos y congelados por ese país, a través de licencias especiales emitidas por la OFAC para su funcionamiento.
Esos recursos se han ejecutado a través del Fondo Especial de Litigios creado en octubre de 2019 y del Fondo para la Liberación de Venezuela creado en febrero de 2020.
Lo más cercano a una rendición de cuentas del gobierno encargado ha sido la presentación pública de informes de gestión ante la AN2015, de algunos de los órganos adscritos a la oficina de Guaidó, tanto en julio de 2020 como en julio de 2021.
Este año, aunque organismos como la Procuraduría Especial, y las juntas ad hoc de Pdvsa, Citgo y el BCV han consignado sus informes a la directiva de la Comisión Delegada, no han sido invitados por esa instancia a rendir cuentas públicamente.
Magistrados piden información
A través de su cuenta Twitter, el TSJ en el exilio notificó a Guaidó de su decisión y le exhortó a que “informe sobre las cuentas de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos en su gestión como Presidente Interino”.
Más concretamente, la decisión de la Sala Constitucional fue oficiar a la Asamblea Nacional 2015 para que esta “informe si el ciudadano Presidente encargado de la República Ingeniero Juan Guaidó Márquez, cumplió con el mandato constitucional impuesto y remita los informes, cuentas o puntos del mandato constitucional contenido en el artículo 237”.
La demanda presentada por los accionantes fue recibida inicialmente por la Sala Político Administrativa del TSJ en el exilio, el pasado 16 de junio, pero esta declinó su competencia y quedó en manos de la Sala Constitucional, que preside la magistrada Cioly Zambrano Álvarez.
En su decisión, la Sala también ordenó oficiar a la Comisión de Finanzas de la AN2015, a la Contraloría Especial y a la Comisión de Administración del Gasto del gobierno encargado, “a los fines de que informe sobre el cumplimiento o no de la rendición de cuentas, mensaje e informe”.
Los magistrados en el exilio solicitaron a estos entes que “en caso afirmativo, remitan en su totalidad los informes correspondientes en las áreas políticos, económicos, sociales y administrativos” (sic).
La Sala Constitucional indicó que una vez que reciba los informes solicitados se pronunciaría sobre el fondo de la materia.
¿Quiénes son los accionantes?
Los accionantes de esta solicitud denominada demanda de abstención o carencia son todos abogados venezolanos:
- José Amalio Graterol es el es coordinador del movimiento Vente Venezuela en Estados Unidos;
- Adriana Vigilanza es abogada especializada en Derecho Comparado y defensora de derechos humanos, con activismo en el área electoral;
- Eliécer Elbittar se identifica como locutor y defensor de los derechos humanos;
- y Carlos Guía, es juez de carrera y profesor en la Universidad Santa María.
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