La decisión del Gobierno de no aumentar el salario mínimo perpetúa la precariedad en la que sobreviven pensionados y jubilados, quienes no recibirán el bono de alimentación aumentado a $40. Sobre el bono de “guerra económica”, incluso hay denuncias de personas inscritas en Patria que no reciben el “beneficio”.
Caracas. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aumentar el salario mínimo fue un balde de agua fría para pensionados y jubilados que ya hacían de tripas corazón para sobrevivir con cinco dólares mensuales y uno que otro bono.
“Si antes estábamos desprotegidos, ahora más. Ayer (1° mayo 2023) el Gobierno demostró que desprecia a los viejos, no le importamos”, dijo Pedro Romero, de 72 años de edad, quien trabajó gran parte de su vida en la empresa privada y, ya en el retiro, solo recibe 130 bolívares como pensionado del Seguro Social (IVSS).
En la concentración oficialista por el Día Internacional de los Trabajadores, Maduro anunció, entre aplausos y abucheos, que aumentaría el monto del bono de alimentación de 45 bolívares (menos de $2) a su equivalente al cambio de $40 y fijó el bono de “guerra económica” en $20.
Este martes, 2 de mayo, a través de su cuenta en Twitter, Maduro anunció que el bono de “guerra económica” quedará en $30 al tipo de cambio oficial. Ambos bonos, dijo, serán indexados al valor del dólar, aunque al momento de escribirse esta nota aún no se publica la Gaceta Oficial que lo confirme.
Lo que uno teme es que sea como el año pasado, cuando dijo lo del medio petro y que terminó en puro cuento”, señala Aimé Pérez, jubilada de la administración pública que se rebusca vendiendo tortas por encargo ante la precariedad de sus ingresos.
Al igual que Pedro, Aimé depende económicamente, casi por completo, del aporte de sus hijos. “Duele ver que no podemos mantenernos por nuestra propia cuenta después de tantos años de trabajo”, asegura.
El último pago que recibió Aimé por su jubilación fue de 770 bolívares, a través del sistema Patria, equivalente a alrededor de $30 al cambio oficial. Ahora, con el anuncio de Maduro, no tiene claro cómo quedará y lamenta que ni ella ni millones de jubilados y pensionados “ni siquiera fueron mencionados”.
El año pasado hablaron del supuesto bono de 10.000 bolívares y nos quedamos esperando, más nunca se habló de eso ni del salario en medio petro. Te podrás imaginar cómo quedamos ahora, a merced de Dios”, dijo.
Bonos desiguales
Con la decisión de mantener los 130 bolívares de salario mínimo y apelar al “bono de guerra económica”, los pensionados ahora tienen otro escollo para tratar de sobrevivir.
No hay cifras oficiales sobre cuántos pensionados del IVSS están registrados en el sistema Patria, pero abundan las denuncias de personas que han quedado por fuera desde que, en enero, el Gobierno comenzó a pagar ese bono para “compensar” el monto de la pensión.
Yo estoy inscrita, pero solo me llegó el bono de febrero; en marzo solo me depositaron el bono ‘disciplina y ética’. Mi hermana también es pensionada y tiene problemas con el número de teléfono que registró en Patria y por eso no le llegan los bonos, no tiene cómo actualizar sus datos”, señala Amanda, costurera de 57 años.
La población tampoco tiene a dónde acudir ni canales electrónicos para solucionar los problemas que tienen en esa plataforma. Amanda, además, cuestiona que se les deje por fuera al aumentar el bono de alimentación, sabiendo que jubilados y pensionados no reciben ese beneficio, lo que los hace más dependientes de familiares o de programas como el Clap.
Precariedad continuada
En marzo de 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora sancionó la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados para complementar los ingresos de los beneficiarios. Sin embargo, un mes después, el Tribunal Supremo de Justicia la anuló por su “inviabilidad económica”.
Se estima que en Venezuela hay alrededor de cinco millones de pensionados del IVSS, parte de ellos por decreto y sin haber cotizado, y una cifra similar de personas jubiladas de entes de la administración pública.
El anuncio de Maduro, lejos de ser un alivio para personas en retiro y trabajadores activos del sector público, es la continuación de una política restrictiva de gasto que, además, amenaza con hundir en la pobreza a parte de la población en un momento de alta inflación y freno de la actividad económica.
Ello sumado a que, en la práctica, vulnera directamente los beneficios inherentes al monto de los salarios, como las prestaciones sociales, los bonos vacacionales, las utilidades y otras primas y cálculos que se seguirán haciendo con el paupérrimo monto de 130 bolívares mensuales.
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